El fuego ha vuelto a colocar a España frente a una de las mayores amenazas de nuestro tiempo. Los incendios declarados en distintos puntos del país, agravados por una nueva ola de calor, han obligado al Gobierno a movilizar efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y medios del Ministerio para la Transición Ecológica para apoyar las labores de extinción. La respuesta resulta imprescindible. Pero la verdadera batalla comienza mucho antes de que despeguen los helicópteros o entren en acción las brigadas forestales.
Los incendios ya no pueden entenderse como episodios aislados. Se han convertido en la expresión más visible de un escenario climático que combina temperaturas extremas, largos periodos de sequía y una mayor vulnerabilidad de nuestros montes. El despliegue de la UME en Castellón y Huesca, junto con los medios aéreos enviados a distintos puntos de la geografía española, vuelve a demostrar la capacidad de respuesta del Estado cuando la emergencia ya está declarada.
Sin embargo, apagar un incendio es solo una parte del problema. La política forestal se construye durante todo el año. Exige inversión sostenida, gestión del territorio, limpieza del monte, apoyo al medio rural, planificación y servicios públicos dotados de recursos suficientes. Cada euro destinado a prevenir reduce el coste económico, ambiental y humano de las emergencias que llegan después.
Por eso resulta preocupante que una parte de la derecha y, sobre todo, la ultraderecha continúen cuestionando las políticas climáticas o minimizando la gravedad de una realidad que ya nadie puede negar seriamente. El cambio climático ha dejado de ser una previsión científica para convertirse en una experiencia cotidiana. Lo perciben quienes trabajan en el campo, los equipos de extinción, los profesionales sanitarios y millones de ciudadanos que soportan veranos cada vez más largos y extremos.
El Partido Popular tampoco puede eludir su responsabilidad. Feijóo ha optado en demasiadas ocasiones por mantener una posición ambigua ante los discursos negacionistas de Vox, evitando confrontar con quienes reducen la emergencia climática a una supuesta imposición ideológica. Esa estrategia puede ofrecer ventajas en el corto plazo dentro del tablero político, pero debilita el consenso que España necesita para afrontar uno de los mayores desafíos de las próximas décadas.
La ciencia no entiende de bloques políticos. Los incendios tampoco. El fuego avanza allí donde encuentra combustible, abandono y condiciones meteorológicas extremas. Frente a esa realidad, la obligación de cualquier gobierno consiste en reforzar la prevención, proteger los ecosistemas y garantizar que los servicios de emergencia dispongan de todos los medios necesarios para actuar con rapidez y eficacia.
La actuación coordinada de la UME, del Ministerio para la Transición Ecológica, de las comunidades autónomas, de Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado demuestra que las instituciones públicas siguen siendo la principal garantía cuando la emergencia golpea con fuerza. Conviene recordarlo en un momento en el que algunos sectores cuestionan de forma sistemática el papel del Estado, pero recurren a él sin reservas cuando la situación se vuelve crítica.
Los incendios no distinguen entre administraciones, ideologías o territorios. Tampoco esperan a que termine el debate político. Cada verano recuerda que proteger el patrimonio natural, la vida de las personas y el futuro del medio rural exige mucho más que reaccionar cuando aparecen las llamas. Exige gobernar con visión de largo plazo, escuchar a la comunidad científica y entender que la prevención nunca será un gasto, sino una inversión en seguridad colectiva.
Porque el fuego se apaga con helicópteros, brigadas y bomberos. Pero empieza a combatirse mucho antes, desde la política.
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