La batalla judicial en torno a Begoña Gómez ha entrado en una nueva fase de máxima tensión institucional. La Fiscalía de Madrid ha elevado el tono de sus críticas contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa abierta contra la esposa del presidente del Gobierno, hasta dibujar un escenario de profundo desacuerdo sobre la forma en que se está desarrollando la investigación.
El recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid no solo combate la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España impuestas a Gómez y a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. Va mucho más allá. El Ministerio Público cuestiona el fundamento jurídico de las medidas cautelares, pone en duda la motivación del instructor y le reprocha haber construido parte de su argumentación sobre hipótesis que considera carentes de base objetiva.
La contundencia del escrito refleja un conflicto que trasciende el caso concreto y sitúa en el centro del debate el alcance de las facultades judiciales durante una instrucción penal, especialmente cuando afectan a figuras con una enorme exposición pública.
La Fiscalía niega cualquier riesgo real de fuga
Uno de los ejes centrales del recurso consiste en desmontar la tesis del supuesto riesgo de fuga utilizada por Peinado para justificar la retirada del pasaporte.
El fiscal José Manuel San Baldomero sostiene que esa posibilidad no ha sido acreditada mediante ningún elemento objetivo y afirma que las restricciones impuestas carecen de una motivación individualizada suficiente.
En términos especialmente severos, el Ministerio Público define las medidas como "innecesarias, injustificadas, inmotivadas y desproporcionadas", llegando incluso a calificar de "injusta" la resolución respecto a Cristina Álvarez.
Según la Fiscalía, el instructor ha prescindido de los criterios que tradicionalmente utilizan los tribunales para valorar un eventual riesgo de evasión de la Justicia.
El arraigo en España desmontaría la tesis del instructor
El recurso recuerda que tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez reúnen todos los factores que habitualmente juegan en contra de cualquier posibilidad de fuga.
Ambas carecen de antecedentes penales, poseen nacionalidad española, desarrollan su actividad profesional en España y mantienen aquí la totalidad de sus vínculos familiares y personales.
Además, el Ministerio Público subraya que no existen indicios de patrimonio en el extranjero, ni activos financieros que faciliten una eventual instalación fuera del país, ni conexiones con terceros Estados que permitan inferir una huida organizada.
La Fiscalía va incluso un paso más allá al señalar que ni siquiera se identifica cuál sería el supuesto país de destino al que podrían escapar, dejando sin concreción una de las premisas esenciales sobre las que descansa la medida cautelar.
La crítica más dura: la supuesta “confabulación” de la escolta policial
Uno de los pasajes más llamativos del recurso se dirige contra la hipótesis planteada por Peinado acerca de que los escoltas policiales asignados a la protección de Begoña Gómez podrían colaborar en una eventual fuga.
Para la Fiscalía, semejante planteamiento evidencia la "carencia de argumentos" del instructor y proyecta una sospecha injustificada sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El escrito considera difícilmente asumible que, en un Estado de Derecho, pueda sostenerse la idea de una supuesta colaboración entre funcionarios policiales y una investigada para eludir la acción de la Justicia.
La utilización del término "confabulación" resume la profundidad del desacuerdo entre ambas posiciones jurídicas y constituye uno de los reproches más contundentes contenidos en el recurso.
Las referencias a una supuesta nacionalidad dominicana elevan la polémica
Otro de los aspectos especialmente criticados por el Ministerio Público afecta a la petición formulada por el juez para que Begoña Gómez entregara cualquier pasaporte correspondiente a cualquiera de las nacionalidades que pudiera poseer.
La Fiscalía sostiene que esa expresión solo puede entenderse como una referencia a los rumores difundidos durante meses acerca de una supuesta adquisición de la nacionalidad de República Dominicana.
El recurso afirma que dicho extremo constituye un "dato irreal" propagado por determinadas páginas web y censura que pueda recibir apariencia de veracidad dentro de una resolución judicial.
La acusación resulta especialmente significativa porque introduce una crítica de fondo sobre la utilización de informaciones no acreditadas como apoyo argumental dentro de un procedimiento penal.
Una instrucción que la Fiscalía considera acelerada y alejada de las garantías procesales
Más allá de las medidas cautelares, el escrito transmite una visión muy crítica sobre la evolución completa de la investigación.
Según el Ministerio Público, el procedimiento habría experimentado una aceleración durante su fase final para abrir juicio oral sin haber resuelto previamente diversas cuestiones procesales pendientes.
La Fiscalía sostiene que se han obviado diligencias solicitadas, no se han contestado determinadas alegaciones de las defensas y tampoco se ha esperado a que la Audiencia Provincial resolviera recursos todavía pendientes.
Ese planteamiento enlaza con una posición que la institución ha mantenido desde hace meses, reclamando reiteradamente el archivo de la causa por entender que no concurren elementos suficientes para sostener la acusación.
La comparación con causas de narcotráfico también recibe un severo reproche
El recurso dedica igualmente espacio a cuestionar la utilización de una resolución anterior de la Audiencia Provincial relativa a un procedimiento por tráfico de drogas como precedente para justificar las medidas cautelares.
Para la Fiscalía, establecer un paralelismo entre aquella causa —vinculada a organizaciones criminales y grandes cantidades de droga— y el procedimiento seguido contra Begoña Gómez revela la perspectiva desde la que el instructor estaría abordando el caso.
Esa comparación resulta, a juicio del Ministerio Público, jurídicamente improcedente y carente de una explicación suficiente que permita trasladar aquellos criterios a una investigación de naturaleza completamente distinta.
La Audiencia Provincial tendrá la última palabra
El enfrentamiento jurídico queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir si mantiene o revoca las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado.
Mientras tanto, sus efectos ya han tenido consecuencias prácticas. Begoña Gómez solicitó autorización para viajar entre el 7 y el 10 de julio con motivo de la cumbre de la OTAN en Ankara y de la graduación de su hija en Londres. Finalmente, el juez sustituto Antonio Viejo solo permitió el desplazamiento al Reino Unido y denegó el viaje a Turquía.
La resolución que adopte ahora la Audiencia no solo determinará el futuro inmediato de las restricciones impuestas a la esposa del presidente del Gobierno. También puede marcar un precedente relevante sobre los límites de las medidas cautelares durante la instrucción de procedimientos con una elevada dimensión política e institucional, en un momento en el que el choque entre el Ministerio Público y el instructor ha alcanzado una intensidad poco habitual dentro del sistema judicial español.
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