La política española ha incorporado en los últimos años un actor silencioso pero cada vez más influyente: el ciberataque con motivación política. La investigación abierta por la Policía Nacional ante nuevas filtraciones de datos personales de altos cargos del Estado, incluido el ministro de Transportes, Óscar Puente, y varios presidentes autonómicos, revela hasta qué punto la seguridad digital se ha convertido en un frente central de la estabilidad institucional.
No se trata únicamente de un delito tecnológico. Lo que aflora es una mutación del conflicto político, en la que la exposición de datos privados funciona como mecanismo de castigo, intimidación y deslegitimación pública, especialmente en momentos de alta sensibilidad social, como la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).
Represalia política
Según fuentes policiales citadas por EFE, las filtraciones no responderían necesariamente a ataques recientes, sino a la reutilización estratégica de bases de datos hackeadas con anterioridad, difundidas de forma oportunista para amplificar su impacto político. El contexto no es accesorio: la difusión coincide con el debate público sobre responsabilidades tras el accidente ferroviario, lo que convierte al hackeo en una forma de justicia paralela, ejercida fuera del marco del Estado de derecho.
El caso del hacker que, según ha publicado VozPópuli, opera bajo el alias Vindex, que ha difundido información personal del ministro Puente y de responsables de Renfe y Adif, ilustra esta lógica. El propio autor presenta la filtración como una represalia, una narrativa que desplaza la acción del terreno criminal al simbólico, donde el hacker se autopercibe como actor político.
Este fenómeno no es exclusivo de España, pero aquí adquiere un matiz particular: la personalización extrema del poder convierte a los cargos públicos en objetivos directos, y la fragilidad del ecosistema digital amplifica el daño.
Presidentes autonómicos, objetivos colaterales
La filtración paralela atribuida al alias Eurogosth, que incluye datos sensibles de Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla y otros presidentes autonómicos tanto de PSOE como del PP, apunta a un patrón más amplio: la erosión transversal de la privacidad institucional, sin distinción ideológica clara. Sin embargo, ¿es casualidad de que no haya líderes o consejeros de Vox?
Este rasgo es relevante. A diferencia de otras formas de presión política, el hackeo indiscriminado no busca necesariamente favorecer a un bloque, sino debilitar la confianza en el conjunto del sistema, exponiendo la vulnerabilidad de quienes lo dirigen, es decir, el objetivo principal de la ultraderecha. En este sentido, la filtración actúa como una forma rudimentaria de desestabilización política, más cercana al ruido que a la estrategia, pero no por ello menos eficaz.
Telegram, juventud y banalización del delito
Las investigaciones policiales revelan otro elemento inquietante: la normalización del intercambio de datos robados en canales de Telegram, frecuentados en muchos casos por jóvenes hackers que operan en un entorno de baja percepción del riesgo y alta recompensa simbólica.
El precedente es claro. En los últimos dos años, filtraciones similares han afectado al presidente del Gobierno, a ministros, a responsables del CNI y a líderes parlamentarios. Las detenciones realizadas —como la de dos jóvenes en Las Palmas— no han logrado frenar una dinámica que combina tecnología accesible, radicalización digital y una cierta banalización del daño.