La adjudicación de contratos estatales dejó de ser un procedimiento administrativo sujeto a la libre concurrencia para transformarse en una ventanilla de peaje cerrado. Los empresarios que aspiraban a conseguir adjudicaciones en entes controlados por el Ejecutivo central y el Partido Nacionalista Vasco no necesitaban presentar la mejor oferta técnica. Les bastaba con abonar una cuota mensual de 4.000 euros para garantizarse la llave de acceso a las corporaciones públicas.
Los detalles que afloran en el sumario instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dibujan un retablo de corrupción institucional de precisión quirúrgica. Los documentos, publicados por El Confidencial, acreditan cómo una red incrustada en el centro del poder articuló un sistema de cobro periódico para intermediar ante ministerios, empresas estatales y entes vascos. Así se desdibujaba la frontera entre la representación política y el lucro privado.
La ingeniería de la pantalla contable
El engranaje de esta red exigía una estructura capaz de ocultar el flujo constante de dinero sin levantar las alarmas de los órganos de fiscalización tributaria. Según la documentación incorporada a la causa judicial, la trama recurrió a una mercantil radicada en Zaragoza como sociedad pantalla. Detrás de esta empresa instrumental figuraba el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, el que fuera mano derecha de María Jesús Montero, presuntamente utilizó este vehículo corporativo para canalizar las comisiones ilegales.
Fernández, quien ostentó la máxima responsabilidad del holding público entre 2018 y 2019, conocía al milímetro los entresijos de la contratación estatal y las rendijas por las que discurren los recursos públicos. Además, tenía experiencia por los cargos que tuvo en la Junta de Andalucía mientras Montero fue consejera de Hacienda. La mercantil aragonesa no registraba una actividad comercial genuina equivalente a los ingresos que percibía. Su verdadera función era dar una apariencia de legalidad, mediante la presunta emisión de facturas falsas por supuestos servicios de consultoría, a lo que en realidad constituía el cobro sistemático de mordidas por la intermediación ante altos cargos del Estado.
La confluencia entre el Ejecutivo y el poder vasco
Uno de los aspectos más perturbadores de las averiguaciones judiciales es la amplitud geográfica y política de la red de influencias. El negocio ilegal de las comisiones no se circunscribía a un único departamento gubernamental. Extendía sus tentáculos tanto por las estructuras dependientes del Gobierno central como por la red de corporaciones públicas controladas por el PNV.
Esta coincidencia de intereses expone cómo la aritmética parlamentaria y las alianzas de gobernabilidad terminaron permeando la gestión diaria de las empresas públicas. Las firmas comerciales que aceptaron someterse al chantaje de la trama descubrieron que la cuota de 4.000 euros al mes abría puertas tanto en las secretarías de Estado madrileñas como en los entes instrumentales del tejido autonómico vasco. La red funcionaba como una especie de oficina de intermediación transversal donde el color político de la administración era secundario frente a la regularidad del pago.
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