El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional ha negado ante el juez cualquier agresión sexual y ha señalado a la denunciante como responsable de una querella basada en “pretensiones personales”. Frente a esa versión, la mujer ha mantenido su relato con detalle y ha defendido la validez de las pruebas aportadas. El caso abre, más allá de lo penal, una discusión incómoda sobre el poder dentro de las estructuras policiales y cómo se ejerce.
Hay declaraciones que intentan cerrar un caso antes de que empiece. El exDAO llegó al juzgado con una idea clara. Negarlo todo y trasladar el foco a la denunciante. No hubo matices. Habló de maldad, de odio, de intereses personales. Un manual clásico de defensa que desplaza la sospecha hacia quien denuncia.
El problema es que la causa no se sostiene solo en palabras y sobre la mesa hay una grabación. Y esa grabación, según la defensa de la denunciante, no ha sido impugnada por el propio investigado. Más aún. Ha reconocido su voz. Eso no resuelve el caso, pero cambia el terreno. Ya no es únicamente un relato contra otro.
Dos versiones y un desequilibrio de partida
La denunciante ratificó su querella en una declaración que su abogado describió como dura. Respondió a todas las preguntas, incluso a algunas que el propio juez consideró improcedentes. La estrategia es evidente. Sostener el relato sin fisuras. En el otro lado, el exDAO optó por no contestar a determinadas cuestiones y por centrar su defensa en desacreditar la motivación de la mujer. No es un detalle menor. Forma parte de una lógica muy conocida en este tipo de casos. Cuando la defensa se apoya en la intención de la denunciante, el debate deja de ser qué ocurrió y pasa a ser por qué lo cuenta.
Pero hay un elemento que sobrevuela toda la causa y que no depende de interpretaciones. La relación previa entre ambos no era simétrica. Ella era subordinada. Él, el máximo responsable operativo de la Policía.
No es un contexto neutro.
La querella lo describe como una relación marcada por esa desigualdad. No solo en términos jerárquicos, sino también en la capacidad de influencia y control. Ese punto no determina por sí solo los hechos, pero sí condiciona cómo se interpretan. El relato de la denunciante introduce una idea central. La asimetría de poder no era circunstancial, sino estructural. Según su versión, esa diferencia se utilizó para sostener una dinámica de control que fue más allá de lo personal.
No es la primera vez que aparece este patrón en causas similares. El poder institucional como elemento que dificulta el consentimiento libre. La defensa del exDAO, sin embargo, se mueve en otra dirección. Habla de una relación consentida, de reproches personales, de celos. Un intento de encuadrar lo ocurrido en el terreno de lo privado. Ahí está uno de los nudos del caso. Determinar si lo que ocurrió pertenece al ámbito de una relación personal o si, por el contrario, estuvo condicionado por una posición de poder que alteraba ese marco.
Un juzgado y muchas preguntas
El juez ha rechazado, de momento, imponer medidas cautelares. Considera que no existe riesgo de presión en esta fase del procedimiento. Una decisión que la acusación ya ha anunciado que recurrirá.
La argumentación judicial se apoya en un hecho concreto. No ha habido contacto reciente entre ambas partes. Pero la defensa de la denunciante introduce otro elemento. La protección permanente de la mujer. La percepción de riesgo no siempre coincide con su valoración jurídica.
Ese choque es habitual en este tipo de procedimientos. Lo que para el juzgado no constituye un riesgo objetivo, para la denunciante puede formar parte de una situación de vulnerabilidad continuada. Mientras tanto, el procedimiento sigue su curso. Con dos relatos opuestos, una prueba que empieza a ser central y un contexto que no es irrelevante.
El exDAO insiste en su inocencia y en que su vida ha quedado destrozada por la denuncia. La denunciante sostiene que ha relatado lo ocurrido con precisión y sin ocultar nada.