España, la cuarta economía de la eurozona, ha vuelto a tropezar en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025. Con una puntuación de 55 sobre 100, el país no solo desciende un punto en su calificación, sino que cae tres posiciones en el ranking mundial, situándose en el puesto 49 de los 183 países analizados. En 2019, España ocupaba el puesto 30. A primera vista, la cifra podría parecer un mero ajuste estadístico. En la práctica, representa el síntoma de un desgaste institucional que amenaza con cronificarse en el corazón del Estado.
Este descenso sitúa a España en un vecindario diplomático incómodo, compartiendo mesa con Chipre y las Islas Fiji y por debajo de Ruanda. Si bien se mantiene ligeramente por delante de naciones como Italia y Polonia, la comparación con sus vecinos inmediatos deja un sabor amargo. Portugal, a pesar de haber experimentado también un retroceso, supera a España con una calificación de 56 puntos. En el contexto de la Unión Europea, el país retrocede del puesto 16 al 17 de los 27 Estados miembros, siendo adelantado por naciones como Eslovenia, que ha logrado consolidar una percepción de mayor integridad pública ante los ojos de los organismos internacionales.
Para el observador externo, resulta tentador atribuir este retroceso exclusivamente a los escándalos que afectan al PSOE y al gobierno de Pedro Sánchez. La sombra de casos recientes, personificados en figuras como Ábalos y Cerdán, proyecta una imagen de clientelismo y falta de control ético que la ciudadanía percibe con creciente nitidez.
Sin embargo, para Transparencia Internacional, estos nombres son solo el envoltorio de un problema mucho más profundo. La organización sostiene que el resultado de 2025 no resulta inesperado, sino que evidencia la necesidad de reforzar un enfoque estructural y holístico en las políticas de transparencia. Lo que se está presenciando es un preocupante estado de estancamiento en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción, donde la falta de consensos políticos básicos impide sacar adelante las reformas legislativas necesarias para dotar de verdadera independencia a los órganos de control.
España no está sola en su declive, ya que el informe subraya un retroceso generalizado en la mayoría de los países europeos. El continente que solía exportar estándares de transparencia hoy parece atrapado en una parálisis administrativa y una creciente debilidad en los mecanismos de rendición de cuentas.
Este fenómeno se inserta en una tendencia global de debilitamiento de la lucha contra la corrupción, agravada por un cambio en la marea geopolítica y la pérdida de liderazgo internacional. La ausencia de un compromiso firme de potencias clave como Estados Unidos en la aplicación de instrumentos contra el soborno transnacional ha restado presión sobre el resto de las capitales mundiales, permitiendo que las malas praxis locales encuentren un terreno fértil para florecer sin el miedo al estigma internacional.
La corrupción en democracias maduras rara vez se manifiesta hoy como maletines de dinero. Su forma es más sutil y dañina. Se infiltra a través de la politización de la justicia, el nombramiento de perfiles partidistas en organismos reguladores y la opacidad en la gestión de los fondos públicos. Cuando España comparte puntuación con jurisdicciones conocidas por sus sistemas financieros opacos, el mensaje para los inversores es inquietante. La seguridad jurídica y la integridad institucional son las monedas de cambio de la prosperidad en el siglo XXI, y un país que no logra estabilizar su percepción de integridad corre el riesgo de ver cómo su capital político y económico busca refugio en puertos más transparentes.
Para revertir esta tendencia, se requiere un compromiso institucional efectivo y continuado que trascienda los ciclos electorales. La lucha contra la corrupción no puede ser una herramienta de quita y pon según el color político del gobierno de turno. Resulta imperativo avanzar hacia una verdadera independencia orgánica de los organismos supervisores, una implementación real de la protección a los denunciantes y una regulación estricta de los grupos de interés. Sin estos pilares, el descenso en el ranking del IPC será solo el prólogo de un desapego ciudadano mucho más profundo.