La cronología de un desastre suele escribirse con dos tintas: la del azar meteorológico y la de la incompetencia humana. La DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana pertenece inequívocamente a la segunda categoría. Nuevas pruebas presentadas por la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) ante el Juzgado de Instrucción apuntan a un patrón de omisiones, retrasos y decisiones erráticas que transformaron un episodio de lluvias torrenciales (previsible y anunciado) en una catástrofe agravada por la parálisis institucional.
El informe pericial, elaborado a partir de documentación oficial y testimonios de técnicos de emergencias, describe un sistema de protección civil que no falló por exceso de estrés, sino por falta de dirección. Según el documento, al que Diario Sabemos ha tenido acceso, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) (pieza clave del Plan Especial de Inundaciones) se activó con más de dos horas de retraso respecto al momento en que la emergencia de nivel 2 fue declarada. En la práctica, el corazón operativo del sistema permaneció inerte mientras la riada avanzaba a 30 kilómetros por hora, arrasando viviendas y cortando comunicaciones en la Ribera Alta.
Más grave aún: según el documento, el CECOPI funcionó apenas 45 minutos con su plantilla completa. Para una emergencia de esa magnitud, los peritos califican la actuación como un “fallo grotesco”. Los técnicos que testificaron ante el juzgado denunciaron un apagón informativo de más de dos horas, que eliminó la trazabilidad de las decisiones y dejó a los responsables políticos sin rendición de cuentas posible.
La consellera en el ojo del temporal
La responsabilidad de dirigir el plan recaía directamente sobre Salomé Pradas, consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana. Según la FETAP-CGT, fue ella quien debía convocar de inmediato el CECOPI, declarar las medidas de protección y coordinar los recursos humanos y materiales. El informe sostiene que Pradas incumplió estas funciones esenciales, manteniendo una “posición de parálisis” mientras el episodio meteorológico se intensificaba.
Los documentos obtenidos del Portal de Transparencia de la Generalitat añaden una dimensión simbólica y política a la acusación: cuatro días antes de la DANA, la consellera asistía a un encierro taurino en la Fira de Onda, pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido avisos de riesgo extremo. No se trata solo de un detalle anecdótico, sino de un reflejo de prioridades institucionales. Según la Federación, desde su nombramiento, Pradas dedicó el doble de tiempo a festejos taurinos que a la gestión de emergencias.
La cadena rota de la coordinación
El diagnóstico de FETAP-CGT es demoledor: la respuesta institucional no colapsó por falta de recursos, sino por ausencia de mando. Solo dos municipios, Valencia y Algemesí, activaron sus Centros de Coordinación Municipal (CECOPAL), a pesar de que el protocolo lo exige en emergencias de nivel 2. El resto del territorio quedó sin dirección operativa durante horas críticas.
La Generalitat reconoció además que no se logró contactar con los predictores de AEMET y que el protocolo de alerta hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar seguía sin aprobarse. Esa desconexión interadministrativa (entre Generalitat, Confederación y agencia meteorológica) impidió disponer de información hidrometeorológica en tiempo real. El resultado fue una respuesta ciega: las alertas generalizadas a la población no se emitieron hasta bien entrada la tarde, cuando buena parte de la provincia de Valencia ya estaba bajo el agua.
Incluso el gabinete de información del CECOPI, responsable de comunicar las medidas de seguridad, permaneció inactivo casi una hora mientras se debatía el texto del mensaje de alerta. En ese lapso, la riada ya había causado víctimas en Picanya y Torrent. Como resumió uno de los técnicos, “a las once de la mañana había datos suficientes para actuar; nada lo impedía”.
La política del silencio
El caso trasciende la cuestión penal para adentrarse en el terreno más amplio de la cultura administrativa. El apagón informativo que acompañó la gestión de la DANA no fue una anomalía técnica, sino un síntoma de una burocracia donde la trazabilidad se considera una amenaza y no una garantía. La opacidad en la toma de decisiones, amparada en el laberinto competencial entre consellerias, agencias y confederaciones, se convierte así en una coartada colectiva para la irresponsabilidad.
FETAP-CGT, que ejerce la acusación popular, exige la depuración de responsabilidades políticas y la revisión profunda de los protocolos de emergencia. Su demanda va más allá del ajuste de cuentas con una consellera: reclama un rediseño institucional que garantice la transparencia, la coordinación y la rendición de cuentas.
Más allá de la tormenta
La DANA de octubre de 2024 fue, meteorológicamente, un fenómeno extremo pero no imprevisible. La verdadera tormenta, la política, estalló después. El informe pericial de FETAP-CGT no solo documenta negligencias, sino que revela un patrón sistémico de improvisación y falta de responsabilidad pública.
La catástrofe no fue inevitable, concluye la Federación, sino “el resultado de una cadena de negligencias institucionales”. En un contexto de crisis climática, donde las lluvias torrenciales serán cada vez más frecuentes, esa frase debería resonar más allá de los tribunales, porque el verdadero riesgo no está en las nubes, sino en los despachos.