Hoy se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado del 23F y aún son más las preguntas sin resolver que las respuestas que tumbarían el relato idílico de un rey que salvó la democracia cuando, según los documentos y los testimonios esa versión podría estar demasiado alejada de la realidad.
La narrativa oficial de la Transición coloca el 23 de febrero de 1981 como el momento en que la democracia española superó su prueba definitiva. La imagen televisada de Juan Carlos I, vestido de capitán general y defendiendo la Constitución frente a los golpistas, consolidó la figura del monarca como garante del nuevo orden. Sin embargo, cuatro décadas y media después, la apertura parcial de archivos y la aparición de documentos como un memorando confidencial de la CIA introducen matices que debilitan la simplicidad del mito.
El documento, remitido al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ofrece una lectura más compleja sobre la posición del rey en las horas y semanas posteriores al golpe liderado por Antonio Tejero. Según el análisis estadounidense, el “claro rechazo” del monarca a la maniobra militar habría socavado su posición entre algunos oficiales, al tiempo que éste se habría comprometido a medidas extraordinarias, como la eventual instauración de la ley marcial en el País Vasco, para contener al estamento castrense.
Constitución y cuarteles
El memorando revela una preocupación estructural: la tensión entre el proceso autonómico y la unidad del Estado. Para los analistas norteamericanos, el rey habría prometido trabajar para limitar la autonomía regional si la situación de orden público se desbordaba. La CIA advertía, no obstante, de que cualquier reversión del proceso autonómico generaría una “agitación política generalizada”.
En esa encrucijada gobernaba Leopoldo Calvo-Sotelo, cuya administración, según Washington, disponía de ciertos “activos” para estabilizar el sistema. El movimiento hacia la autonomía vasca respondía a agravios históricos, lo que podía aislar a los sectores más violentos de ETA, siempre que Madrid evitara una sobrerreacción securitaria.
La CIA también apuntaba a un elemento crucial: tras el fracaso del golpe, los militares ya no podrían jugar con la ambigüedad sobre el respaldo del rey a una asonada. El compromiso explícito con la Constitución cerraba, al menos formalmente, esa puerta.
Complicidad más extendida de lo previsto
El análisis estadounidense, sin embargo, se alejaba del triunfalismo. La complicidad militar habría sido “más generalizada de lo que parecía originalmente”. Muchos altos mandos, afirmaban los espías, habrían apoyado el golpe si no hubiese fracasado con tanta rapidez. El “modelo turco” (intervenciones militares periódicas para reconducir la política) seguía siendo una tentación latente.
El informe preveía que 1981 no sería, probablemente, escenario de un nuevo intento inmediato. Pero advertía de riesgos: oficiales próximos a la jubilación podrían actuar antes de abandonar el servicio activo; la presión sobre la Corona podría intensificarse si el Gobierno no satisfacía las demandas de orden y estabilidad.
Este contexto obliga a revisar la figura de Alfonso Armada, antiguo secretario del rey y pieza clave en la llamada “Solución Armada”. Entre diciembre de 1980 y febrero de 1981, mantuvo múltiples reuniones con el monarca. La más enigmática, el 13 de febrero, permanece clasificada. Armada solicitó usar su contenido en su defensa judicial; el rey lo impidió.
La hipótesis de la “Solución Armada”
Diversas reconstrucciones históricas sostienen que el 23F no fue un bloque homogéneo, sino la colisión entre dos proyectos: el de los sectores franquistas que aspiraban a un golpe duro y el de quienes promovían una “salida palaciega” consistente en un gobierno de concentración presidido por Armada. Este gabinete incluiría figuras de distintos partidos para estabilizar el sistema tras la dimisión de Adolfo Suárez.
En esta lectura, el rey no sería un mero árbitro constitucional, sino un actor atrapado entre presiones contrapuestas. Su prioridad estratégica habría sido preservar la Corona en un momento en que los capitanes generales, entre ellos Jaime Milans del Bosch, cuestionaban el rumbo político.
La dimisión de Suárez, precedida de advertencias veladas sobre el malestar militar, puede interpretarse como un intento de desactivar la amenaza. Pero no bastó. El plan siguió su curso y desembocó en la irrupción armada en el Congreso.
Opacidad, política de Estado
El éxito simbólico del relato del “rey salvador” cumplió una función estabilizadora. Cerró filas en torno a la monarquía parlamentaria y permitió a España avanzar en su integración europea. Sin embargo, el coste fue una política de opacidad sostenida por la ley de secretos oficiales de 1968, heredada del franquismo y apenas reformada.
A diferencia de otras monarquías europeas, como la del Reino Unido, donde la apertura de archivos ha permitido reinterpretaciones críticas sin desmantelar la institución, en España el mantenimiento del secreto ha alimentado la sospecha. La transparencia diferida se convierte así en un problema de legitimidad presente.
Mito fundacional
Durante décadas, el 23F funcionó como mito de origen. Pero el capital simbólico acumulado entonces no es infinito. Los escándalos financieros y las revelaciones sobre la fortuna opaca del rey emérito han erosionado la narrativa de ejemplaridad. La figura que “salvó la democracia” convive hoy con la del monarca cuya conducta privada debilitó la institución.
El documento de la CIA demuestra que Washington contemplaba un escenario mucho más ambiguo que el consagrado en el imaginario colectivo. La joven democracia española sobrevivió, en parte, gracias a la habilidad del monarca para colocarse en el lado ganador de la historia, fuera el que fuera.