Las autoridades alemanas han detenido a Simon Leendert Verhoeven, uno de los financieros situados por los investigadores en el núcleo de la presunta trama internacional de blanqueo investigada en el caso Plus Ultra. Sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por el juez José Luis Calama y está previsto que sea trasladado a España para comparecer ante la Audiencia Nacional.
La detención supone un avance relevante para una investigación que ha ido ampliando considerablemente su perímetro durante los últimos meses y en la que figura como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez atribuye indiciariamente un papel en una presunta estructura de tráfico de influencias. Zapatero lo niega y sostiene que nunca intervino ante ninguna autoridad para conseguir el rescate de Plus Ultra.
El arresto de Verhoeven, sin embargo, obliga también a separar cuidadosamente las distintas piezas de una causa cada vez más compleja. Lo que se investiga ahora no equivale a considerar demostrado que la concesión de los 53 millones de euros a Plus Ultra fuese ilegal, una cuestión que ya pasó anteriormente por los tribunales y otros órganos de control.
La investigación judicial abierta específicamente sobre la concesión del rescate fue archivada en enero de 2023. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid concluyó entonces que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito y consideró correctamente aplicada la normativa que regulaba las ayudas a empresas estratégicas durante la pandemia.
También el Tribunal de Cuentas había archivado sus diligencias en 2021 al no constatar un perjuicio para los fondos públicos. La investigación que dirige ahora Calama discurre por otro terreno y trata de determinar si existió una estructura internacional dedicada a mover y blanquear dinero de origen presuntamente ilícito y qué relación tuvo esa operativa con Plus Ultra y con determinadas personas de su entorno.
Los préstamos a Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional
Verhoeven ocupa una posición relevante en esa línea de investigación. Según las pesquisas policiales, el financiero habría intervenido en un engranaje de préstamos presuntamente ficticios concedidos a Plus Ultra entre 2020 y 2021. Bajo sospecha se encuentran operaciones por alrededor de 1,3 millones de euros, articuladas a través de diferentes sociedades y posteriormente relacionadas por los investigadores con fondos utilizados por la compañía.
Dos de esos contratos se formalizaron entre octubre y noviembre de 2020 mediante una sociedad domiciliada en Inglaterra y un fondo situado en Suiza. Un tercer préstamo se habría instrumentado en enero de 2021 a través de una sociedad registrada en Gibraltar.
La tesis que manejan los investigadores es que estas operaciones pudieron utilizarse para dar apariencia legal a fondos ilícitos repatriados desde Venezuela. Se trata, por el momento, de una hipótesis sometida a investigación judicial y no de hechos establecidos por sentencia.
La dimensión internacional de la causa tampoco empieza en España. Verhoeven está investigado igualmente en Suiza y fue precisamente una petición de cooperación procedente de aquel país la que contribuyó al desarrollo de las pesquisas españolas sobre estas operaciones.
Su entrega permitirá ahora al juez Calama interrogar directamente a una de las personas a las que la investigación atribuye un papel destacado en los movimientos financieros sometidos a examen.
El caso Plus Ultra y la investigación sobre Zapatero
La causa ha adquirido una dimensión política considerable desde que la Audiencia Nacional comenzó a investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en una estructura de tráfico de influencias relacionada, entre otras operaciones, con Plus Ultra.
El expresidente declaró ante Calama en junio y negó haber realizado gestión alguna ante la Administración para favorecer el rescate de la aerolínea. Según su versión, nunca mantuvo contacto directo con Plus Ultra para conseguir la ayuda pública y su actividad profesional durante esos años se limitó a trabajos de consultoría y asesoramiento internacional. Tras aquella declaración, el juez no acordó medidas cautelares contra él.
La defensa de Zapatero ha cuestionado además la amplitud que ha adquirido la investigación. En julio recurrió nuevamente las decisiones del instructor al considerar que la causa estaba incorporando elementos ajenos a su objeto inicial y convirtiéndose, según su argumentación, en una investigación general sobre su vida y actividad económica.
La Audiencia Nacional mantiene, no obstante, abierta la investigación y las diligencias han alcanzado también a otras personas del entorno del expresidente. Precisamente esta semana el juez ha citado como investigadas para el próximo 30 de noviembre a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, dentro de las pesquisas sobre determinadas relaciones económicas entre sus empresas y sociedades investigadas en la causa.
El escenario judicial es, por tanto, considerablemente más amplio que el rescate de una compañía aérea, aunque la ayuda de 53 millones concedida a Plus Ultra en marzo de 2021 continúa siendo el elemento alrededor del cual gira buena parte del caso.
Un rescate de 53 millones que ya fue investigado
La distinción resulta especialmente importante porque el debate político sobre Plus Ultra ha mezclado durante años cuestiones diferentes. El Gobierno autorizó en marzo de 2021 una ayuda temporal de 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. La operación estaba compuesta por un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.
Su concesión provocó una fuerte controversia política y terminó judicializada, pero aquella investigación fue archivada. La jueza que examinó el procedimiento concluyó en enero de 2023 que no estaba suficientemente justificada la existencia de delito y señaló que se había aplicado correctamente el real decreto que regulaba las ayudas extraordinarias destinadas a empresas afectadas por la pandemia. El Tribunal de Cuentas tampoco apreció perjuicio para las arcas públicas cuando examinó la operación.
Eso no impide que puedan investigarse operaciones económicas diferentes o un eventual uso ilícito posterior de determinados fondos, que es precisamente uno de los terrenos sobre los que trabaja ahora la Audiencia Nacional.
La detención de Verhoeven puede resultar relevante para esclarecer esa parte de la investigación. Será ahora el juez quien deba determinar qué puede aportar el financiero sobre los préstamos, sociedades y movimientos internacionales que aparecen en los informes policiales y, sobre todo, hasta dónde llega la conexión entre esas operaciones y el resto de las personas investigadas.
Porque entre ocupar una posición relevante en un informe policial y convertirse jurídicamente en el “cerebro” de una trama existe todavía un recorrido que corresponde acreditar a la investigación y, llegado el caso, a un tribunal.
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