Hay algo profundamente revelador en la ofensiva de la Asociación de Fiscales contra la Fiscalía General del Estado, no tanto por el recurso presentado ante Estrasburgo, que entra dentro de la normalidad democrática, sino por el relato que lo acompaña.
Porque una parte de la carrera fiscal conservadora lleva tiempo intentando instalar una idea muy concreta. Que cualquier nombramiento impulsado desde una Fiscalía General no alineada ideológicamente con ellos constituye automáticamente una amenaza para el Estado de derecho.Y eso empieza a resultar bastante insostenible.
La Asociación de Fiscales denuncia ahora una supuesta política de nombramientos basada en “afinidad ideológica” después de que el Tribunal Constitucional corrigiera al Supremo y avalara el nombramiento del fiscal de menores impulsado en su día por Dolores Delgado.
Pero conviene recordar algo esencial que demasiadas veces desaparece del debate público, el Constitucional no validó ningún abuso político. Lo que sostuvo es que el Supremo había vulnerado el derecho del candidato a acceder en igualdad de condiciones a la función pública.
Es decir, estamos ante una discrepancia jurídica seria entre altos tribunales, no ante una conspiración para colonizar la Justicia.
La falsa neutralidad de algunos guardianes institucionales
El problema aparece cuando determinados sectores conservadores presentan su propia visión de la Fiscalía como si fuera la única técnicamente legítima y cualquier interpretación distinta pasara automáticamente a ser “ideológica”. Ahí es donde el discurso empieza a volverse profundamente tramposo.
Porque la discrecionalidad en determinados nombramientos existe desde hace décadas y ha funcionado bajo gobiernos de distinto signo político sin provocar semejante dramatización institucional.
Lo que parece molestar realmente a algunos sectores no es la existencia de discrecionalidad. Es quién la ejerce. Y eso cambia bastante las cosas. La derecha judicial española lleva años confundiendo independencia con control corporativo de las instituciones.
Como si solo fueran neutrales las decisiones tomadas por quienes piensan como ellos.
La peligrosa erosión permanente de las instituciones
Hay además un efecto político mucho más profundo y preocupante.
Cada vez que sectores conservadores desacreditan sistemáticamente al Constitucional, a la Fiscalía General o a cualquier órgano que emite resoluciones que no encajan en su marco ideológico, terminan alimentando una desconfianza general hacia las propias instituciones democráticas.
Porque una democracia sólida necesita tribunales discutidos, sí, pero también respetados. Necesita debate jurídico, no campañas permanentes de deslegitimación.
La paradoja es que quienes dicen defender el Estado de derecho contribuyen muchas veces a erosionarlo cuando convierten cualquier decisión desfavorable en prueba de corrupción institucional o manipulación política.
Y quizá ahí esté una de las grandes anomalías españolas de los últimos años, la utilización constante de las instituciones judiciales no solo como espacio jurídico, sino como prolongación de la batalla política y cultural de la derecha.