El escándalo de los cribados fallidos del cáncer de mama en Andalucía ha destapado las graves carencias que sufre el sistema sanitario público de la comunidad en general, con listas de espera quirúrgicas y diagnósticas desesperantes. A esto se suman los datos lacerantes de la dependencia, otro pilar básico del Estado de bienestar que está en grave peligro de desmantelamiento progresivo en la comunidad gobernada por el ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad mantiene el teléfono gratuito 900 166 170 para información sobre dependencia en Andalucía, pero la asociación de consumidores Facua ha denunciado que este servicio se limita a un contestador automático que califica de “completamente inútil”, porque independientemente de la opción que se marque no permite hablar con ningún operador.
“Supuestamente debería servir para asesorar y ayudar a personas que necesitan ayuda con la gestión y tramitación de la Ley de Dependencia”, asegura esta organización en una nota, pero a efectos prácticos no es más que que un contestador automático, con varias locuciones grabadas en función de la opción que se marque en el teléfono. Sea cual sea la opción elegida, la llamada finaliza sin que se ofrezca la posibilidad de hablar con nadie.
Esta realidad diaria que sufren miles de andaluces con familiares dependientes a su cargo se suman a los clamorosos datos actualizados de los periódicos informes del Imserso, que desvelan que actualmente un total de 51.547 personas, exactamente un 4,35% más que en enero de este 2025, aguardan una ayuda a la dependencia. Entre enero y septiembre pasados, un total de 5.292 personas fallecieron mientras aguardaban en la lista de espera pendientes de valoración o prestación del servicio, lo que equipale a una persona fallecida cada 75 minutos. Esta cifra está a punto de superar las muertes registradas en todo 2024, concretamente 5.751.
“Tenemos que seguir mejorando”, reconoce la consejera sobre un servicio que llega a superar en muchos casos las esperas de más de dos años pese a que la ley impone un plazo máximo de seis meses
Desde el ejecutivo de Moreno Bonilla se opta por ver el vaso medio lleno. La consejera Loles López reconoció el pasado septiembre que “queda mucho trabajo por hacer”, pero destacó que Andalucía “lleva meses de bajada ininterrumpida en el número de días de espera, situándose en 565 a cierre del mes de agosto”. Esta cifra contrasta, según la titular de Inclusión Social, con los 1.275 días que se alcanzaron en la etapa socialista en el Gobierno andaluz, lo que se traduce en un tiempo de espera de más de tres años y medio. “Tenemos que seguir mejorando, pero hemos logrado reducir la espera prácticamente en dos años”, ha apostillado.
Desde la organización Facua se recuerda que, según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia debe ser de seis meses, independientemente de que la Administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones. En Andalucía, los plazos se elevan en algunos casos por encima de los dos años. “Más allá del incumplimiento de la normativa, la situación actual supone un grave perjuicio para los afectados al no poder acceder a determinados servicios y prestaciones que puedan mejorar su calidad de vida”, señala Facua.
El ejecutivo de Moreno Bonilla ha informado esta semana que los Presupuestos andaluces para 2026 prevén un gasto en Dependencia de 2.610,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto a los 2.333 millones destinados este 2025.