El debate sobre la igualdad volvió este martes al centro de la actividad parlamentaria con la toma en consideración de la propuesta socialista para modernizar y reforzar el Instituto de las Mujeres. La iniciativa contó con el respaldo de buena parte de los socios de investidura y abrió un nuevo enfrentamiento con PP y Vox, que cuestionaron la independencia y el papel del organismo.
La reforma pretende adaptar la institución a las nuevas directivas europeas y ampliar su capacidad de actuación ante situaciones de discriminación por razón de sexo. Entre las novedades más destacadas figura la posibilidad de intervenir en procedimientos judiciales cuando estén en juego derechos colectivos, así como una mayor implicación en la supervisión de los efectos que la inteligencia artificial puede tener sobre la igualdad.
La digitalización y los riesgos asociados a los algoritmos ocupan un lugar central en la propuesta. El texto contempla que el Instituto pueda vigilar la existencia de sesgos de género en sistemas automatizados y contribuir a combatir fenómenos como las imágenes falsas generadas mediante inteligencia artificial, el ciberacoso o las nuevas formas de violencia digital contra las mujeres.
Desde las filas socialistas se defendió la necesidad de fortalecer una institución que consideran esencial para garantizar derechos fundamentales en un contexto marcado por el auge de discursos que cuestionan las políticas de igualdad. También Sumar respaldó la iniciativa y reivindicó la necesidad de contar con organismos públicos con capacidad real para proteger derechos y acompañar a las víctimas de discriminación.
Frente a esta posición, PP y Vox centraron sus críticas en la estructura y el funcionamiento del Instituto. Los populares cuestionaron que se presente como un órgano independiente al depender orgánicamente del Gobierno y reprocharon al Ejecutivo haber optado por una proposición de ley en lugar de un proyecto legislativo que hubiera incorporado más informes y trámites consultivos. Vox fue aún más lejos y rechazó frontalmente la reforma, al considerar que amplía lo que denomina una estructura ideológica vinculada a las políticas de igualdad.
Los grupos nacionalistas e independentistas expresaron un apoyo más matizado. ERC, Junts, PNV y EH Bildu compartieron la necesidad de proteger los derechos de las mujeres, aunque reclamaron mayor claridad sobre el encaje de las competencias autonómicas y advirtieron contra posibles tendencias centralizadoras.
El texto inicia ahora su recorrido parlamentario con un debate de fondo que va más allá de la arquitectura institucional. La discusión enfrenta dos modelos distintos sobre el papel de los poderes públicos en la protección de la igualdad y sobre cómo responder a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías en una sociedad cada vez más digitalizada.