Ceuta vuelve a situarse en el centro del desafío migratorio que afronta España en la frontera sur de Europa. En apenas una semana, más de 1.500 personas, entre adultos y menores, han alcanzado la ciudad autónoma a nado desde las costas marroquíes. El incremento de llegadas ha desbordado la capacidad de acogida del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, donde ya residen más de 700 personas pese a contar con 512 plazas, y ha obligado a centenares de recién llegados a improvisar refugios a las puertas de las instalaciones mientras esperan ser atendidos.
La magnitud del flujo migratorio exige una respuesta inmediata de las administraciones. La saturación de los dispositivos de acogida constituye un problema objetivo que no puede minimizarse, pero tampoco debería conducir a una lectura simplista de un fenómeno que responde a causas mucho más profundas. Quienes arriesgan la vida en una travesía a nado no emprenden ese camino por comodidad ni por cálculo oportunista. Lo hacen impulsados por la pobreza, los conflictos armados, la ausencia de expectativas o la búsqueda de un horizonte vital que consideran imposible en sus países de origen. Así lo recuerdan las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno y que insisten en que cada llegada representa, antes que un expediente administrativo, una historia personal marcada por la necesidad.
El coste humano de esta situación resulta especialmente dramático. La Guardia Civil recuperó este miércoles los cuerpos de dos hombres fallecidos durante la travesía. Con ellos ya son veintinueve las personas que han perdido la vida en las costas ceutíes desde comienzos de año. Son cifras que obligan a mirar la frontera también desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección de la vida, una responsabilidad que corresponde tanto a España como a la Unión Europea y que requiere reforzar las vías de cooperación con los países de origen y tránsito.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha reclamado medidas extraordinarias para aliviar la presión asistencial, acelerar los traslados a la península previstos por la legislación, reforzar los efectivos de seguridad y mejorar la coordinación entre administraciones. También ha defendido la conveniencia de revisar el marco jurídico tras la reciente interpretación del Tribunal Supremo sobre el rechazo en frontera por vía marítima. Ese debate jurídico y político es legítimo y deberá abordarse con pleno respeto al ordenamiento nacional e internacional, pero no puede hacer desaparecer una evidencia esencial. La gestión eficaz de las fronteras y la protección de la dignidad de las personas no son objetivos incompatibles, sino obligaciones que deben avanzar de forma simultánea.
Especialmente preocupante resulta la situación de los menores no acompañados. La red de protección de Ceuta tutela ya a 472 niños y adolescentes, una cifra muy superior a la capacidad ordinaria del sistema y que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la solidaridad territorial y los mecanismos de cooperación entre administraciones. Ninguna ciudad, por sí sola, puede absorber una presión de estas características sin comprometer la calidad de la atención prestada.
La crisis de Ceuta vuelve a recordar que la inmigración no admite respuestas basadas exclusivamente en la urgencia. España necesita recursos suficientes para gestionar las llegadas, procedimientos ágiles, cooperación internacional y una política migratoria europea capaz de compartir responsabilidades entre los Estados miembros. Reducir este fenómeno a una cuestión de orden público supondría ignorar su dimensión humana; olvidar la capacidad limitada de los servicios públicos impediría afrontar la realidad con responsabilidad. Entre ambos extremos se encuentra el espacio que corresponde a una política democrática, aquella que protege las fronteras sin renunciar a los principios de humanidad sobre los que se construye el Estado de derecho.
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