Ayer declaró en el Tribunal Supremo el exjefe de Gabinete del Ministerio de Industria durante el mandato de Reyes Maroto, quien reconoció que se reunió con Víctor de Aldama en diciembre de 2020. Según la reconstrucción de la Fiscalía Anticorrupción, este encuentro habría formado parte de las gestiones para facilitar la obtención de una licencia de comercialización de hidrocarburos a una empresa vinculada al entorno empresarial de Aldama. En cambio, el propio testigo describe una reunión desprovista de capacidad decisoria, en la que se limitó a redirigir a los interesados hacia los órganos competentes, lo que introduce una brecha entre la hipótesis acusatoria y la materialidad de los hechos relatados.
Sin embargo, no es la única sospecha que se cierne sobre el Ministerio de Industria. La operación de entrada de la multinacional japonesa Mitsubishi en el accionariado del grupo español Bergé es mencionada en un informe de la Guardia Civil al que Diario Sabemos ha tenido acceso. Lo que en su momento fue presentado como una maniobra empresarial compleja en pleno contexto de pandemia adquiere una dimensión distinta: la de un presunto caso de trato de favor institucional, con implicaciones que podrían ser considerados como indicios de supuestos delitos como prevaricación, tráfico de influencias e incluso malversación de fondos públicos.
El contexto en el que se produce la operación resulta clave para entender su relevancia. Tras el estallido de la crisis sanitaria, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un marco normativo restrictivo para controlar la entrada de inversiones extranjeras en sectores estratégicos. La medida respondía al temor de que fondos internacionales aprovecharan la debilidad económica para adquirir activos nacionales a bajo coste. En ese escenario, cualquier inversión procedente de fuera de la Unión Europea requería la autorización expresa del Consejo de Ministros.
Es precisamente en este punto donde el informe de la Guardia Civil introduce elementos de sospecha. Según las transcripciones de escuchas realizadas al empresario David Madí, interlocutores vinculados al sector financiero (Banco Santander) describen un proceso de autorización extraordinariamente complejo, no solo por la normativa vigente, sino por la acumulación de expedientes pendientes. La existencia de una “cola enorme” de solicitudes en el Consejo de Ministros contrasta con la supuesta capacidad de esta operación para sortear los tiempos administrativos mediante lo que se describe como “malabarismos”.
En la conversación que transcribe la Guardia Civil en su informe, se señala también que el empleado del Santander le dijo a Madí que "para conseguir el permiso ha sido complicadísimo y no quieren que se sepa por una razón, que la entenderá muy deprisa. Parece ser, que la cola que había en el Consejo de Ministros para este tipo de autorizaciones era enorme ... enorme. Para saltarse la cola ha habido que hacer malabarismos y sobre todo ha habido que hacerlo, a niveles subalternos, aunque con el conocimiento de la ministra". En ese momento, la responsable de Industria era Reyes Maroto.
El relato recogido por los investigadores sugiere que la clave de esa agilización habría residido en gestiones realizadas a niveles intermedios de la administración, con conocimiento de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto. La mención a que determinados responsables “miraran para otro lado” mientras se tramitaba la autorización introduce un elemento de opacidad que, de confirmarse, podría alterar la naturaleza jurídica de la operación.
En concreto, según las escuchas transcritas en el informe de la Guardia Civil, uno de los interlocutores señala que fue muy duro llegar al Ministerio, "explicar no sé qué y que la ministra mirara un poco para el otro lado y que el que firmara fuera su secretario y que su secretario pidiera de rodillas, que 'ni una palabra, ni una palabra'".
El caso pone en evidencia las tensiones inherentes a la gestión de crisis. Por un lado, la necesidad de preservar el tejido empresarial en un contexto de parálisis económica; por otro, la obligación de garantizar la igualdad de trato y el respeto a los procedimientos. En situaciones excepcionales, la frontera entre la flexibilidad administrativa y la arbitrariedad puede volverse difusa, especialmente cuando intervienen actores con capacidad de influencia.
El papel de Banco Santander, según se deduce del informe, añade otra capa de complejidad. La entidad habría desempeñado un rol central en la coordinación de la operación, articulando la participación de múltiples bancos y facilitando una refinanciación que incluyó la amortización de una parte significativa de la deuda. Esta intervención, descrita como decisiva, refuerza la idea de que no se trató de una transacción ordinaria, sino de una operación de gran envergadura ejecutada en condiciones excepcionales.
Sin embargo, desde el punto de vista judicial, la cuestión esencial no radica en la complejidad financiera, sino en la posible alteración de los mecanismos de control público. La normativa adoptada durante la pandemia tenía como objetivo precisamente evitar accesos privilegiados al mercado español. Si, como apunta el informe, se produjeron irregularidades para acelerar la autorización, el caso podría convertirse en un ejemplo paradigmático de cómo las herramientas diseñadas para proteger el interés general pueden ser, eventualmente, sorteadas.