España afronta una nueva prueba en referencia a la protección de los denunciantes de corrupción y la aplicación de la Directiva. La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) ha encontrado “indicios suficientes” de represalias y ha iniciado un procedimiento sancionador contra el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), una de las joyas científicas del sistema público. El gesto revela algo más profundo: la dificultad de un Estado para proteger a quienes denuncian corrupción sistémica dentro de sus propias estructuras.
El caso, desvelado por El Mundo, nace de una denuncia de presunto desfalco de 25 millones de euros durante 17 años. Dos altos cargos del CNIO, responsables de Operaciones y Cumplimiento Normativo, detectaron irregularidades contables tras casi una década de inercia administrativa. Lo que siguió parece extraído de un manual de disuasión burocrática: advertencias ignoradas, silencio ministerial y un despido sincronizado con el relevo en la gerencia.
Cadena de omisiones
Durante meses, los denunciantes trasladaron sus hallazgos al Ministerio de Ciencia de Diana Morant. Contactaron dos veces con el secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa, quien evitó responder y delegó el asunto al Patronato del CNIO, controlado por el grupo cuestionado. La secuencia recuerda a la cultura de la omisión: la institucionalización del “no saber”, que en España suele funcionar como una forma de defensa política.
En junio de 2025, los funcionarios remitieron el caso a Anticorrupción, advirtiendo ya de posibles represalias. Tres meses después, sus temores se cumplieron. Solo tras la publicación de la denuncia por la prensa, la Fiscalía retomó el expediente, apartando al exgerente Juan Arroyo y a sus colaboradores.
El daño, sin embargo, ya estaba hecho: la confianza en el sistema de control interno quedó en entredicho, y el caso se transformó en una metáfora de la fragilidad institucional.
Una autoridad que nace en apuros
El expediente abierto por la AIPI, dirigida por el catedrático Manuel Villoria, será probablemente uno de los primeros casos sancionadores de este nuevo organismo, creado por transposición de una directiva europea. Pero la paradoja es evidente: la institución llamada a proteger a los denunciantes sobrevive con apenas una docena de funcionarios y un presupuesto residual de algo más de cuatro millones de euros.
En un contexto sin Presupuestos Generales del Estado, la AIPI opera en el umbral de la irrelevancia presupuestaria. Esa precariedad es simbólica: España ha desarrollado en la última década nuevos órganos independientes, desde la AIReF hasta la Oficina de Conflictos de Intereses, pero sin dotarlos de auténtica autonomía financiera ni política. La consecuencia es un Estado con órganos formalmente garantistas pero materialmente frágiles.
La “era post‑represalia”
El actual gerente del CNIO, José Manuel Bernabé, parece intentar virar la página. Ha colaborado con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y ha pedido documentación a los propios denunciantes, ahora reconocidos como informantes protegidos. Si la sanción prospera, el CNIO podría afrontar multas de entre 100.000 euros y un millón, además de restricciones para contratar o recibir subvenciones públicas.
Para los dos denunciantes, uno de los cuales afronta su primer juicio laboral en apenas dos semanas, el fallo preliminar de la AIPI representa una reivindicación moral, aunque todavía lejana a la reparación efectiva. En su carta final a Cigudosa (tres meses antes del despido) advertían: “Nos tememos que las represalias son inminentes”. Y lo fueron.