En los subterráneos del poder político, los mecanismos de contención rara vez se despliegan a la luz del día; prefieren el anonimato de las reuniones privadas, las promesas de influencia y las maniobras de intoxicación procesal. La investigación judicial que tramita la Audiencia Nacional bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz en el denominado caso de las cloacas del PSOE ha alcanzado una temperatura crítica tras una nueva y reveladora jornada de declaraciones testificales. Las comparecencias del expresidente del C.D. Badajoz, Joaquín Parra, y del abogado Antonio García Cabrera han terminado por afianzar la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la existencia de una red clandestina articulada para desestabilizar procedimientos judiciales incómodos para el Gobierno de Pedro Sánchez.
El testimonio prestado por Joaquín Parra ante el juez instructor supone un torpedo a la línea de flotación de las defensas. El empresario, actualmente condenado por el fraude de hidrocarburos en el caso Hafesa, se ha ratificado de manera tajante en el atestado policial que prestó semanas atrás. Según su relato de los hechos, la exmilitante socialista Leire Díez, identificada por los investigadores como la principal fontanera de la trama, le reclamó directamente colaboración activa para buscar información comprometedora contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa penal que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. En el marco de aquellas conversaciones, Díez le habría ofrecido mediación y auxilio en sus propios problemas judiciales a cambio de munición para dinamitar la reputación de la jueza, asegurando categóricamente al interlocutor que "Pedro" estaba al tanto de las gestiones.
El catálogo de irregularidades detallado por los testigos describe una operativa que sobrepasa el cabildeo habitual para adentrarse en los métodos propios del espionaje político. En su declaración, Parra confirmó la celebración de una reunión clave en un inmueble de la capital de España que la propia exmilitante del PSOE catalogó expresamente como un piso franco del partido para reuniones de naturaleza reservada. En dicho encuentro participó el exjuez expulsado de la carrera judicial Luis José Sáenz de Tejada, a quien la red pretendía colocar como abogado defensor de David Sánchez con el objetivo de controlar la estrategia del hermano del jefe del Ejecutivo, un movimiento que finalmente se frustró por la negativa expresa del propio investigado.
Los tentáculos de la red no se limitaban al ámbito estrictamente judicial, sino que proyectaban su sombra sobre sectores estratégicos de la economía nacional. Las investigaciones de la UCO constatan que Leire Díez presionó a Parra para promover una querella judicial contra la petrolera Repsol de la mano del letrado Jacobo Teijelo. La finalidad confesada de esta acción legal orquestada desde la sombra era forzar un cambio en la cúpula directiva de la cotizada que resultase favorable a los intereses políticos del Gobierno, evidenciando la amplitud de un instrumental diseñado para alterar equilibrios institucionales y corporativos.
La segunda comparecencia de la jornada devolvió al primer plano de la actualidad a uno de los personajes más oscuros de las últimas décadas en España. El letrado Antonio García Cabrera, defensor del excomisario José Manuel Villarejo, ratificó punto por punto sus aportaciones previas ante los agentes de la Benemérita. Los informes policiales revelan que la fontanera del PSOE intentó pactar con el comisario jubilado el traspaso de dossier confidenciales sobre jueces, fiscales y dirigentes políticos de la oposición como Alberto Núñez Feijóo, así como de miembros del antiguo Gabinete de Mariano Rajoy.
A pesar de que los dispositivos electrónicos incautados a la investigada reflejan mensajes directos en los que aseguraba disponer de vía libre para reuniones al más alto nivel en la Fiscalía General del Estado, el letrado de Villarejo aclaró que rechazó sistemáticamente tales ofrecimientos al restar credibilidad a las gestiones de la exmilitante. Con un procedimiento en el que también figuran como piezas centrales el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y administradores societarios vinculados al entorno del partido, la instrucción del juez Pedraz avanza decidida a desenredar una compleja trama de fontanería política que amenaza con destapar las cañerías del poder.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.