La gestión de las crisis climáticas en la administración pública se mide hoy no solo por la capacidad de reacción, sino por la firmeza de las decisiones preventivas. Andalucía atraviesa un test de estrés sin precedentes debido a un temporal histórico que ha obligado a la Junta de Andalucía a anteponer la seguridad física a la normalidad cotidiana. El caso de Grazalema, en la provincia de Cádiz, se ha convertido en el epicentro de esta emergencia: un municipio desalojado íntegramente ante el riesgo inminente de derrumbes y desprendimientos de tierra provocados por una acumulación de agua que ya ha alcanzado cifras de récord.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido que el retorno de los ciudadanos a sus hogares será un proceso complejo y lento. Las previsiones oficiales sugieren que será difícil que los vecinos puedan regresar antes de un plazo de seis o siete días, condicionado estrictamente a que la situación meteorológica amaine y el terreno drene. La decisión responde a la necesidad de realizar estudios técnicos profundos sobre un acuífero de 18 kilómetros cuadrados que sostiene el municipio. Para ello, se ha solicitado la intervención urgente de especialistas y geólogos que deberán certificar la estabilidad del suelo antes de permitir el fin del realojo.
La logística de esta evacuación ha movilizado a unos 1.500 vecinos de forma coordinada, contando con el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y los servicios de emergencia del EMA 112, Infoca y Protección Civil. Gran parte de los afectados han encontrado refugio en el polideportivo El Fuerte de la localidad malagueña de Ronda, que ha respondido con una solidaridad notable, mientras que otros han optado por viviendas de familiares o plazas hoteleras en la comarca. Este comportamiento ciudadano, calificado de ejemplar por las autoridades, ha permitido una evacuación sin incidentes graves a pesar del drama humano que supone el abandono del hogar.
Mientras Grazalema aguarda el veredicto de los geólogos, la provincia de Sevilla se enfrenta a una amenaza hídrica de gran magnitud. La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que seis ríos se encuentran actualmente en nivel rojo, destacando la situación del río Genil en Écija y del Guadalquivir a su paso por Cantillana y Lora del Río. En este último municipio, el caudal ha superado los 2.500 metros cúbicos por segundo, con el temor de alcanzar los 3.500 metros cúbicos durante las últimas horas de este viernes. Los alcaldes de la zona, como Antonio Enamorado en Lora del Río o José Raimundo López en Alcolea del Río, mantienen una vigilancia constante ante una crecida que ya evoca los niveles históricos de 1996.
El impacto del temporal se extiende también a las infraestructuras de transporte y servicios básicos. El sistema ferroviario permanece suspendido en diversos tramos por motivos de seguridad, y más de una decena de carreteras de la red provincial están cortadas debido a daños estructurales importantes o inundaciones preventivas. La conectividad en zonas como Algámitas, Pruna y Marchena se ha visto seriamente afectada, complicando las labores de mantenimiento y el acceso a suministros eléctricos para un centenar de usuarios.
La mirada de los gestores públicos está puesta ahora en el próximo miércoles 11 de febrero, fecha en la que se prevé que las lluvias remitan definitivamente. Sin embargo, el alivio meteorológico no significará el fin de la alerta, ya que las autoridades se preparan para afrontar fuertes rachas de viento este sábado que podrían complicar las infraestructuras ya debilitadas. En palabras del presidente Moreno, el objetivo prioritario sigue siendo salvar vidas, operando bajo una política de máxima previsión que, aunque genera molestias cotidianas, busca evitar una tragedia mayor en una Andalucía que lucha por mantenerse a flote.