La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid afronta una de las jornadas más determinantes en el convulso periplo judicial de Begoña Gómez. Reunidos en un pleno reforzado, cinco magistrados tienen sobre su mesa el encargo de dirimir si la instrucción pilotada por el juez Juan Carlos Peinado para juzgar a la esposa del presidente del Gobierno junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés mediante un tribunal de jurado se ajusta a derecho o si, por el contrario, vuelve a sobrepasar las fronteras del procedimiento penal.
El debate técnico no es menor, pues sobre el papel se decide la validez de un auto donde el instructor insiste en imputar los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Sin embargo, en el trasfondo de esta deliberación late un choque de doctrinas que trasciende las fronteras estrictamente procesales. Mientras la Fiscalía y las defensas sostienen con firmeza que nos hallamos ante una instrucción prospectiva motivada por la condición familiar de la investigada, las acusaciones populares ejercidas por colectivos como Hazte Oír presionan para endurecer el castigo e intentan revertir el sobreseimiento del delito de intrusismo profesional, archivado por el propio Peinado tras el análisis de la gestión del polémico software de la Universidad Complutense de Madrid.
La frontera entre el legítimo control judicial a los poderes públicos y la instrumentalización de los tribunales se dirime en los matices de una motivación legal que no admite atajos ni fuegos artificiales.
La decisión de la Sala de Gobierno de desplegar un pleno reforzado refleja la enorme trascendencia institucional de un expediente que arrancó en la primavera de 2024 a raíz de las actividades de Gómez como codirectora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. A diferencia de otros trámites ordinarios, la redacción de la resolución requerirá días de minucioso encaje jurídico, consciente el tribunal de que cada palabra será examinada con lupa tanto por los círculos jurídicos como por el estamento político. Los magistrados ya revocaron en el pasado la primera tentativa de Peinado de acudir al jurado popular por un evidente defecto de motivación, lo que obligó al juez a armar un extenso auto el pasado mes de abril para blindar su tesis y mantener contra viento y marea la apertura de una causa que amenaza con marcar un hito en la historia judicial de la democracia española.
El clima de tensión en torno a los Juzgados de Plaza Castilla se ha intensificado notablemente tras las últimas decisiones del instructor, que no dudó en imponer medidas cautelares severas como la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y las comparecencias quincenales en el juzgado para la esposa del jefe del Ejecutivo y su asesora personal. La resolución que adopte en las próximas horas la Audiencia Provincial no solo determinará la naturaleza del órgano juzgador, sino que actuará como un termómetro definitivo sobre la solvencia de una causa que mantiene en vilo la estabilidad institucional del país y la credibilidad del propio sistema de garantías procesales.
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