Begoña Gómez ha presentado una denuncia por la difusión en las redes oficiales del Partido Popular de un vídeo generado con inteligencia artificial que reproduce su apariencia y simula su voz. El montaje le atribuye una declaración sobre su actividad universitaria y la condición de presidente del Gobierno de su marido que ella nunca pronunció.
El escrito dirige la denuncia contra quienes gestionan los perfiles oficiales del PP y contra las personas de su estructura que pudieran haber encargado u ordenado la publicación. Además, solicita que se cite a declarar al secretario general de los populares, Miguel Tellado, para identificar a sus responsables. Esta petición no significa que el juzgado haya acordado su comparecencia ni que le atribuya responsabilidad alguna.
La presentación de la denuncia ha sido confirmada también por Pedro Sánchez en una entrevista en el pódcast Keep It Cutre. El caso traslada a los tribunales una controversia que afecta a los límites de la propaganda política: hasta dónde puede llegar un partido cuando utiliza la tecnología para poner palabras inventadas en boca de una persona real.
Una confesión fabricada para la batalla electoral
El vídeo reproduce el formato de la publicación con la que Sánchez reivindicó su condición de «zurdo» durante la visita a Madrid del presidente argentino, Javier Milei. En la versión difundida por el PP aparecen recreaciones de Gómez y de otras figuras vinculadas al PSOE, entre ellas José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Los personajes sintéticos realizan afirmaciones relacionadas con polémicas y acusaciones utilizadas por los populares contra sus adversarios. No son grabaciones de declaraciones auténticas, sino imágenes y voces generadas o manipuladas para construir el mensaje de campaña.
En el caso de Gómez, el montaje presenta como una afirmación propia la idea de que obtuvo una cátedra por ser la esposa del presidente. Su defensa considera que esa recreación busca denigrarla y hacerle asumir públicamente hechos que rechaza.
El procedimiento judicial que afecta a Gómez y la denuncia por este vídeo son asuntos distintos. La existencia de una causa penal no convierte una declaración artificial en una confesión real ni permite presentarla como prueba de los hechos investigados.
La denuncia busca identificar quién dio las órdenes
Uno de los objetivos del escrito es reconstruir la responsabilidad sobre el contenido: quién lo elaboró, quién autorizó su publicación y qué instrucciones recibió la persona encargada de las cuentas oficiales.
La defensa no limita su petición a quien ejecutó técnicamente el montaje o pulsó el botón de publicar. También pretende identificar a quienes pudieran haber intervenido en la decisión de utilizarlo como material de campaña. En ese contexto sitúa su solicitud de que declare Tellado.
Por ahora, lo conocido es la presentación de la denuncia y las diligencias que reclama la denunciante. Corresponderá al órgano judicial decidir si procede investigarlas, a quién citar y con qué condición procesal.
Gómez reivindica sus derechos como particular
Otro de los argumentos centrales de la defensa es que Begoña Gómez no ocupa un cargo político ni concurre a las elecciones. Su notoriedad deriva, en buena medida, de su matrimonio con el presidente, pero su abogado rechaza que esa circunstancia permita utilizar libremente su identidad para desacreditarla.
El escrito sostiene que la finalidad del vídeo es humillante y que la recreación lesiona su dignidad y sus derechos de la personalidad. Son los argumentos de la denunciante, pendientes de valoración judicial.
La cuestión exige distinguir entre informar sobre una persona, criticar sus actuaciones y fabricar una intervención que parece pronunciada por ella. La tecnología añade capacidad de reproducción y apariencia de autenticidad a una disputa que también afecta al contexto, al contenido y a la identificación del montaje.
¿Basta con avisar de que está hecho con inteligencia artificial?
El vídeo incorpora una advertencia sobre el uso de IA. Sin embargo, la defensa sostiene que el aviso tiene una visibilidad insuficiente por su tamaño y su presentación traslúcida. Según su planteamiento, esa etiqueta tampoco elimina el posible daño al honor y a la propia imagen.
La forma de advertir al espectador será uno de los elementos relevantes del debate. Un contenido puede ser reconocible como parodia y aun así generar una controversia sobre sus efectos y sus límites; del mismo modo, la denuncia de una persona afectada no determina automáticamente que el montaje sea ilícito.
La legislación española protege el honor y la propia imagen y contempla, entre otros supuestos, la utilización de la voz o la imagen con fines publicitarios o análogos. También reconoce excepciones para determinadas caricaturas de personas con proyección pública, de acuerdo con el uso social. La aplicación de esas reglas a un vídeo concreto requiere valorar sus circunstancias. boe.es
El PP defiende su estrategia
El Partido Popular ha defendido el empleo de inteligencia artificial en sus contenidos de campaña. Su portavoz, Ester Muñoz, respondió al anuncio inicial de posibles acciones legales que el PSOE debía hacer lo que considerase oportuno y reprochó a los socialistas recurrir a la judicialización de la política.
Los populares también han sostenido que no pretendían hacer creer que las personas recreadas fueran las reales. Esa posición sitúa su defensa pública en el terreno de la parodia política. Juristas consultados por El País han señalado los amplios márgenes de protección de la sátira y la libertad de expresión, lo que anticipa una discusión jurídica que no puede resolverse únicamente por la indignación que provoque el contenido.
La denuncia obliga, en cualquier caso, a responder a una cuestión de responsabilidad política además de judicial. Una organización que aspira a gobernar puede criticar, investigar y exigir explicaciones a sus adversarios. Cuando decide recrear sus rostros y voces para atribuirles declaraciones inventadas, debe asumir también el examen público de esa decisión.
El resultado del procedimiento sigue abierto. Lo que ya está sobre la mesa es el uso de la identidad de una persona como herramienta electoral y la exigencia de que quienes diseñan y autorizan esos mensajes respondan por ellos.
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