El anuncio formulado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, confirmando la intención del Ejecutivo de recortar las frecuencias diarias en la arteria de alta velocidad Madrid-Andalucía, constituye el reconocimiento implícito de que la red ferroviaria necesita ganar un margen de respiración operativa. Antes de que el desgaste termine por asfixiar al sistema.
La medida, justificada bajo el imperativo de la prudencia mientras concluye con meses de retraso el despliegue del sistema de seguridad ERTMS en la línea Madrid-Sevilla, pone al descubierto los cuellos de botella técnicos que arrastra la infraestructura más antigua de la red. La promesa de compensar la tijera en los horarios mediante el acoplamiento de trenes en doble composición busca preservar la capacidad nominal de viajeros. Pero no consigue ocultar la cruda realidad política y operativa. La aceleración del tráfico y la saturación de las vías han corrido a mayor velocidad que la implantación efectiva de las tecnologías de protección automática.
Auditoría de emergencia
La decisión del departamento de Transportes no responde únicamente a un cálculo comercial. Responde a la exigencia de responder ante una opinión pública sensibilizada. La activación de una revisión extraordinaria e inmediata de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria supone una admisión tácita. La fiabilidad de los elementos de control en la línea del sur exigía una fiscalización al más alto nivel. El despliegue del estándar europeo ERTMS en el tramo Madrid-Sevilla, que debía haber culminado en el mes de abril del presente ejercicio, se ha visto envuelto en demoras administrativas y complejas calibraciones técnicas. Han forzado al gestor a circular con márgenes de seguridad reducidos y con el sistema analógico LZB apurando sus últimos años de vida útil.
Esta retirada táctica en las frecuencias entre Madrid y Andalucía expone las costuras de una política de movilidad que durante décadas priorizó la inauguración comercial de tramos por encima del mantenimiento preventivo. Y la renovación continuada de los enclavamientos. El recurso de espaciar las circulaciones busca reducir la presión cognitiva sobre los puestos de mando. Minimizar las posibilidades de errores en cadena ante incidencias en la vía. Sin embargo..., para los usuarios habituales y para el tejido productivo andaluz, el recorte de la oferta horaria supone un peaje directo que penaliza la conectividad en un momento económico crítico.
El dilema catalán
Si la situación en la arteria andaluza exige un repliegue controlado, el horizonte de la remodelación en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona plantea un dilema estratégico de dimensiones aún mayores. Las reflexiones del titular de Transportes sobre un hipotético corte temporal de la circulación mientras se ejecutan las obras de mejora en el corredor nordeste han encendido las alarmas en el sector empresarial y logístico. Aunque la posición ministerial oficial sostiene que por el momento «no hay ninguna decisión tomada» y que la prioridad absoluta pasa por garantizar la movilidad por encima de cualquier otro parámetro, la sola admisión de que se han evaluado los pros y los contras de una suspensión total refleja la gravedad de las intervenciones pendientes.
El debate técnico contrapone la agilización de los plazos que permitiría una interrupción total del servicio frente a las catastróficas consecuencias económicas que implicaría desconectar por ferrocarril las dos principales metrópolis del país. La referencia expresa del Ministerio al reciente antecedente vivido en Alemania con el cierre temporal del tramo Berlín-Hamburgo, que deparó un primer mes nefasto de gestión y abrió un agrio debate sobre la conveniencia de la medida, parece inclinarse por la opción de compatibilizar las obras de remodelación con el tránsito continuado de convoyes. No obstante, el lento proceso de adquisición de materiales patentados por Adif, como las aerotraviesas diseñadas para alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, anticipa un calendario de licitaciones prolongado. En él, las decisiones drásticas seguirán suspendidas sobre la mesa de trabajo de los ingenieros.
Coste político
La gestión de las infraestructuras ferroviarias en España ha ingresado en una fase donde la propaganda comercial sobre el número de pasajeros y la velocidad punta ha chocado frontalmente con los requerimientos de la seguridad física. Descartada de plano la posibilidad de cortar la línea entre Madrid y Sevilla por razones de seguridad, el Gabinete se adentra en un periodo de equilibrio inestable. Ajustar la oferta, duplicar composiciones para no perder plazas y someter los aparatos de vía a revisiones continuadas constituye un ejercicio de realismo técnico. Llega, sin embargo, tras meses de tensión institucional y protestas de los usuarios.
La prueba de fuego para el departamento de Óscar Puente no residirá en la brillantez dialéctica de sus comparecencias. Residirá en su capacidad para culminar la transición tecnológica del tendido sin deteriorar irremediablemente el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Cuando las líneas más transitadas del país se ven obligadas a reducir su ritmo para ganar fiabilidad, el modelo de alta velocidad demuestra algo. No puede sostenerse de forma indefinida mediante la saturación de los recursos. La reconstrucción de la confianza del viajero exigirá algo más que adjetivos de prudencia. Requerirá hechos presupuestarios, rigor en los plazos del ERTMS y la certeza matemática de que la seguridad sobre la vía es un principio inalienable que no admite atajos ni dilaciones.
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