La respuesta que debía permitir sacar de las calles y las playas de Ceuta a parte de las personas migrantes que todavía permanecen sin un alojamiento adecuado ha quedado en suspenso por decisión judicial. La Audiencia Nacional ha ordenado al Ministerio de Transportes que no ponga en funcionamiento, por el momento, el campamento preparado en el Muelle de Poniente mientras estudia la petición de medidas cautelares presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
La precisión es importante. La Audiencia Nacional no ha resuelto todavía que el campamento sea ilegal ni ha determinado que las instalaciones sean inseguras. Lo que ha hecho la Sala de lo Contencioso-Administrativo es impedir temporalmente la ejecución de la orden ministerial mientras reclama al Gobierno, con carácter urgente, la documentación necesaria para pronunciarse sobre la suspensión solicitada por el sindicato policial.
La consecuencia, sin embargo, es inmediata y no ocurre dentro de un expediente administrativo. Ocurre en Ceuta y personas que llevan semanas viviendo en condiciones precarias tendrán que esperar mientras los tribunales examinan la legalidad y las garantías del dispositivo. El Gobierno ha reaccionado mostrando su "perplejidad" y reclamando rapidez porque considera que la decisión judicial frena una solución que estaba prácticamente preparada para funcionar.
Un campamento preparado y una decisión judicial que lo deja en espera
El dispositivo ocupa aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta. La orden del Ministerio de Transportes que habilita el espacio está fechada el 5 de septiembre y el proyecto inicialmente conocido contemplaba capacidad aproximada para un millar de personas. El Gobierno sostiene que el operativo completo permitiría alojar hasta 1.700 personas.
No se trataba además de un proyecto sobre el papel. Las instalaciones estaban siendo preparadas desde comienzos de septiembre. RTVE accedió al recinto y comprobó la instalación de alrededor de 50 carpas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, algunas utilizadas anteriormente en operaciones internacionales de emergencia. El dispositivo incluye espacios para dormir, comedor, atención sanitaria y aseos.
Es decir, mientras se resuelve el conflicto jurídico, existe una infraestructura físicamente instalada que no puede utilizarse para el objetivo para el que fue desplegada. La Moncloa sostiene que los terrenos son los más adecuados disponibles y que cuentan con garantías de seguridad. Según el Ejecutivo, la paralización afecta a un operativo concebido con criterios humanitarios y de orden público y cuya puesta en funcionamiento era inminente.
Qué cuestiona el Sindicato Unificado de Policía
El recurso que ha provocado la intervención de la Audiencia Nacional procede del Sindicato Unificado de Policía y plantea dos cuestiones diferentes.
Por una parte, el SUP cuestiona la tramitación de la orden ministerial del 5 de septiembre y señala que no fue publicada ni notificada en el BOE, circunstancia que, según el sindicato, dificulta incluso determinar con precisión la naturaleza del acto recurrido.
Por otra, plantea dudas sobre la seguridad de instalar a alrededor de un millar de personas dentro del dominio portuario y cerca de infraestructuras relacionadas con combustibles, energía y otros servicios esenciales. Reclama que se acrediten previamente las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.
El sindicato también relaciona sus objeciones con los incendios registrados en asentamientos de Ceuta y considera necesario evaluar las condiciones de evacuación y la capacidad de respuesta ante una emergencia.
Son argumentos que la Audiencia Nacional tendrá que valorar frente a la documentación aportada por el Gobierno. Lo que todavía no existe es una resolución judicial que establezca que esos riesgos se hayan acreditado. El procedimiento se encuentra precisamente en esa fase de comprobación.
La cautela judicial tiene consecuencias fuera de los juzgados
La cuestión adquiere una dimensión distinta cuando se observa qué está ocurriendo mientras se tramita el procedimiento.
La actuación judicial protege la posibilidad de evitar que una decisión administrativa produzca efectos difíciles de revertir antes de comprobar su legalidad. Esa es precisamente la función de las medidas cautelares. Pero en una emergencia humanitaria la espera tampoco es neutral.
Cada jornada durante la que una plaza de acogida permanece cerrada es también una jornada en la que alguien puede continuar durmiendo en una playa, en un asentamiento improvisado o en la calle, y ese es el argumento central del Gobierno cuando advierte de que la complejidad jurídica no puede terminar produciendo una situación de parálisis institucional.
La emergencia que afronta Ceuta tampoco comenzó con el campamento del puerto. Tras las llegadas de finales de julio, la capacidad ordinaria de acogida resultó insuficiente y el Estado ha ido habilitando instalaciones extraordinarias.
El Consejo de Ministros informó el 15 de septiembre de que 4.160 personas estaban ya atendidas en plazas temporales y anunció la habilitación de otras 1.800 para alcanzar alrededor de 6.000 plazas. Antes de la crisis existían unas 500, por lo que la capacidad de acogida se habrá multiplicado aproximadamente por doce si se completa el despliegue previsto.
El Estado también ha desplegado asistencia sanitaria, alimentación, vacunación y recursos de seguridad. Según el balance oficial, solo hasta comienzos de septiembre Cruz Roja había realizado 7.568 asistencias sanitarias y 276 traslados a hospitales o centros de salud. La situación, por tanto, difícilmente puede reducirse a una discusión sobre dónde colocar unas carpas.
La emergencia humanitaria también exige seguridad
La oposición al campamento plantea un dilema que conviene no simplificar. Las personas migrantes tienen derecho a unas condiciones de acogida dignas y la Administración tiene la obligación de garantizar que el lugar al que son trasladadas también sea seguro. Una cosa no excluye la otra.
Si existen riesgos derivados de la ubicación del campamento, deben evaluarse y corregirse. Y si el Gobierno dispone de informes que acreditan la seguridad del emplazamiento, esos documentos serán determinantes para que la Audiencia Nacional pueda resolver con rapidez.
Lo que resulta difícilmente sostenible desde una perspectiva social es que la discusión administrativa y judicial termine prolongando indefinidamente una situación en la que cientos de personas carecen de alojamiento adecuado.
El propio SUP asegura que no cuestiona la obligación de las administraciones de proporcionar atención humanitaria. Su discrepancia se concentra en la ubicación y en las garantías técnicas que considera necesario acreditar antes de utilizarla.
Eso estrecha considerablemente el terreno de discusión. Si existe acuerdo en que esas personas necesitan alojamiento, el conflicto debería resolverse sobre las garantías concretas del emplazamiento y hacerlo con una velocidad acorde con la emergencia.
Ceuta no puede convertirse en una sala de espera
El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido desde el comienzo de la crisis una respuesta combinada de seguridad, atención humanitaria, protección de menores, asistencia sanitaria y ampliación de las infraestructuras de acogida.
A principios de septiembre, el Ejecutivo cifraba en más de 3.400 las plazas adicionales habilitadas desde las llegadas de finales de julio. El Consejo de Ministros incorporó entonces expresamente parcelas del puerto y terrenos del Ministerio de Vivienda a los espacios destinados a la acogida y tramitación administrativa de las personas migrantes.
La Comisión Europea ha concedido además 114,7 millones de euros de financiación excepcional para ayudar a gestionar la crisis, junto a la intervención de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
Todo ese despliegue permite entender por qué el Ejecutivo considera difícil de asumir que una instalación preparada para aliviar la situación quede bloqueada justo cuando estaba previsto comenzar los traslados.
Pero también coloca sobre el Gobierno la obligación de aportar inmediatamente todos los informes técnicos y jurídicos que permitan despejar las dudas planteadas. La emergencia humanitaria no rebaja las exigencias de seguridad, aunque esas exigencias tampoco deberían convertirse en una sucesión interminable de obstáculos administrativos.
Personas antes que expedientes
Hay una forma particularmente cómoda de observar una crisis migratoria desde la distancia y consiste en convertirla en una discusión permanente sobre competencias, órdenes ministeriales, recursos, medidas cautelares, parcelas portuarias y procedimientos administrativos. Detrás de cada uno de esos términos hay personas.
Personas que necesitan dormir bajo techo, lavarse, comer, recibir atención sanitaria y disponer de unas condiciones mínimas mientras la Administración determina su situación jurídica. También una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados que ha tenido que absorber en pocas semanas una presión extraordinaria sobre sus servicios y espacios públicos.
La Audiencia Nacional tendrá que decidir si las objeciones formuladas por el SUP justifican suspender el uso del Muelle de Poniente. El Gobierno tendrá que demostrar documentalmente que el espacio reúne las garantías que asegura haber previsto.
Hasta entonces queda una contradicción difícil de ignorar. Hay carpas instaladas, camas preparadas y un dispositivo público desplegado mientras siguen existiendo personas sin una alternativa adecuada de alojamiento.
La justicia cautelar sirve para impedir daños que después puedan resultar irreparables. En Ceuta, el reto consiste en que esa protección no genere otros daños mientras se decide.
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