Las costas de Ceuta contemplan día a día cómo la verdad flota despacio. Mucho más despacio que los cuerpos que las olas devolvieron a la orilla aquella trágica madrugada de finales de julio. El ataque a Ceuta no fue un accidente. Tampoco una sorpresa y, desde luego, ya no es solo una tragedia humanitaria porque se ha convertido en un auténtico terremoto político y judicial que hace temblar las altas esferas del poder monclovita.
Ahí está el meollo del asunto. La fiscal jefe de la ciudad autónoma, Silvia Rojas, que lleva más de dos décadas pisando ese terreno y sabe de lo que habla, ha estampado su firma en un escrito demoledor, según ha publicado El Confidencial. Rojas la lupa justo donde más duele: sobre Miguel Ángel Pérez Triano, el delegado del Gobierno. La sospecha es grave, muy grave. ¿Miró para otro lado? La Fiscalía cree que pudo haber una omisión clara de socorro y de medidas de seguridad. Esa presunta inacción terminó de la peor manera posible, con la ejecución de un ataque híbrido desde Marruecos que ha destrozado Ceuta y la vida de los ceutíes.
Ahora todo el caso salta a la Audiencia Nacional. La jueza María Tardón ha tomado las riendas para armar una macrocausa. Aquí no valen las excusas del "nadie lo vio venir". Nadie se traga ya que 70.000 personas lanzándose al agua desde la playa marroquí de Fnideq fuera una simple casualidad. Hubo orden, hubo coordinación... y, en la orilla española, un silencio institucional que mete miedo.
Es aquí donde la historia se vuelve oscura. Pérez Triano juró y perjuró que a su mesa no llegó ni un solo papel del CNI. Ninguna alerta. Nada de nada sobre las convocatorias masivas que ardían en las redes sociales llamando a asaltar la frontera. Pero la mentira tiene las patas muy cortas.
Su propio jefe de gabinete ha tirado de la manta. Dimitió, sí, pero dejando un rastro de correos electrónicos que demuestran que la inteligencia española sí avisó. Y con tiempo. Esos informes existían y nadie hizo caso.
Mientras desde La Moncloa insisten en que era "imposible predecir" semejante marea humana, los informes de la Policía dicen justo lo contrario. No solo había avisos sobre la mesa; los agentes sobre el terreno sugieren incluso algo más turbio: la mirada hacia otro lado y la ayuda directa de la gendarmería marroquí, un hecho que fue catalogado por el presidente del Gobierno como una actuación inteligente.
El caso ya no va de atrapar a los agitadores que encendieron la mecha en TikTok, en Facebook, X, Instagram o YouTube al otro lado de la valla. No. Ahora el tiro apunta hacia arriba. La Audiencia Nacional quiere saber qué demonios se hizo y qué se dejó de hacer en los despachos oficiales durante aquellos trágicos 30 y 31 de julio.
Son preguntas incómodas, de las que quitarían el sueño a más de un alto cargo con un grado elevado de responsabilidad y escrúpulos éticos. La justicia busca aclarar si el Estado falló en su deber más básico: proteger la vida de quienes se ahogaban a escasos metros de su suelo. Si se confirma la negligencia, el modelo entero de gestión de fronteras saltará por los aires, dejando al descubierto la mayor vergüenza institucional vivida en el sur de Europa en los últimos años.
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