La comisión de investigación sobre el gran apagón de abril de 2025 llega este lunes al Congreso convertida ya en algo más que una investigación técnica. Lo que empezó como una búsqueda de responsabilidades sobre el colapso eléctrico que dejó a oscuras a buena parte de la Península se ha transformado lentamente en una pelea política, empresarial e institucional donde cada actor intenta salvar algo más importante que su imagen. Intenta salvar su relato. Y en el centro de esa batalla aparece hoy Beatriz Corredor.
La presidenta de Redeia comparece ante los diputados después de meses de acusaciones cruzadas entre Red Eléctrica, las grandes energéticas y la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Una guerra soterrada donde ya casi nadie discute únicamente sobre tensión, sincronía o protocolos operativos. Lo que se discute es quién cargará finalmente con el coste político, económico y judicial del apagón.
La escena de este lunes tiene además algo profundamente simbólico. Hace apenas unas semanas, los consejeros delegados de Endesa, Iberdrola y Naturgy acudieron al Congreso para señalar directamente a Red Eléctrica y cuestionar incluso la imparcialidad del informe europeo sobre el incidente, recordando que el propio operador del sistema participó en el panel de expertos encargado de analizar las causas del apagón. Desde entonces, la tensión no ha dejado de crecer.
La CNMC abrió expedientes sancionadores contra Redeia y contra varias grandes compañías eléctricas por posibles infracciones relacionadas con el apagón y con otros incumplimientos detectados durante la investigación. El regulador insiste en que el origen fue “multifactorial” y evita atribuir una única responsabilidad directa. Pero el simple hecho de abrir procedimientos por infracciones “muy graves” ha convertido el caso en una bomba política de enorme calibre.
Corredor respondió acusando a las generadoras de incumplir sus obligaciones técnicas el día del apagón y llegó incluso a denunciar un posible conflicto de interés dentro de la propia CNMC. Según la versión de Redeia, el operador actuó conforme a la normativa vigente y el verdadero problema estuvo en determinadas compañías privadas incapaces de controlar correctamente la tensión eléctrica del sistema.
El resultado es una especie de cluedo energético donde todos los actores parecen compartir una misma estrategia. Nadie quiere aparecer como único responsable de un fallo que dejó expuesta una de las infraestructuras más sensibles del país. Porque el apagón no fue solo un incidente técnico. Fue también un golpe simbólico.
España llevaba años presentando la transición energética como una de las grandes fortalezas estratégicas de su economía. Renovables, electrificación y autonomía energética aparecían asociadas a modernidad y seguridad. El colapso de abril de 2025 introdujo una grieta incómoda en ese discurso. No porque desacreditara las renovables, como intentó sugerir parte de la derecha política y mediática, sino porque puso sobre la mesa algo mucho más complejo. La fragilidad de sistemas extremadamente sofisticados cuando la planificación, la regulación o la coordinación fallan.
El PP intenta convertir la investigación en una causa política contra el Gobierno y contra la antigua dirección de Transición Ecológica encabezada por Teresa Ribera. De hecho, el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta, ya aprobó conclusiones responsabilizando políticamente al Ejecutivo, a Sara Aagesen, a la CNMC y a Beatriz Corredor.
Los informes conocidos hasta ahora hablan de una combinación de factores acumulados. Problemas de tensión, falta de energía síncrona suficiente, decisiones operativas discutidas y posibles incumplimientos de distintas compañías. Incluso la propia CNMC admite que la cadena de errores no puede reducirse a un único culpable.
Por eso la comparecencia de este lunes tiene tanto valor político. Porque el Congreso ya no investiga únicamente qué ocurrió aquella tarde. Investiga también cómo funciona realmente el sistema energético español, quién toma las decisiones críticas y hasta qué punto los organismos reguladores y las grandes empresas privadas operan en un espacio donde las fronteras de responsabilidad son cada vez más difusas.
Quién controla realmente una infraestructura esencial en un modelo energético crecientemente privatizado y tecnificado. Quién asume los riesgos cuando falla. Y quién termina pagando política y económicamente las consecuencias. Esa es la verdadera pregunta que sobrevuela hoy la comisión. No solo por qué España se quedó sin luz aquel abril. Sino qué revela ese apagón sobre el país que España ha construido para sostener su transición energética.