Anticorrupción investiga irregularidades en adjudicaciones de Defensa por valor de más de 6.000 millones

La empresa Escribano Mechanical & Engineering experimentó una expansión meteórica desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y pasó de facturar 44,2 millones de euros en 2019 a alcanzar los 355 millones en 2024

17 de Noviembre de 2026
Actualizado a las 10:30h
Guardar
Lanzacohetes SILAM Escribano Anticorrupción
Prototipo del lanzacohetes SILAM | Foto: Escribano

Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción amenaza con demoler los cimientos de la contratación pública del Gobierno de Pedro Sánchez en plena cuenta atrás hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según ha publicado El Independiente, a partir de una denuncia interpuesta a finales del año pasado por un particular que recopiló minuciosamente la concentración de adjudicaciones públicas, el Ministerio Público indaga un presunto patrón continuado de fraude, prevaricación, malversación y tráfico de influencias en el reparto de fondos gestionados por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria desde el año 2020. En el epicentro de esta tormenta político-financiera se sitúan Indra, la multinacional tecnológica participada por el Estado a través de la SEPI, y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La compañía de los hermanos Ángel y Javier Escribano que lograron acaparar más de 6.000 millones de euros, el 84% de los fondos examinados, del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (PITSDEF) .

El diagnóstico técnico incorporado a la causa por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) resulta devastador para la arquitectura administrativa del Ejecutivo Sánchez porque desmonta los argumentos de libre concurrencia esgrimidos por los gestores públicos. Tras auditar expedientes que suman un importe conjunto de 2.348 millones de euros, los interventores de Hacienda concluyen con rotundidad que la competencia entre empresas fue una mera ficción burocrática y formal. El Ministerio de Defensa presuntamente tenía decidido de antemano entregar a Indra y a Escribano tres de los programas de rearme más importantes de la última década: el vehículo de combate sobre ruedas 8x8, el sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM y los sistemas de defensa antidrones. Todo ello mucho antes de que se cursaran formalmente las solicitudes de ofertas a los fabricantes del sector.

El ejemplo más claro de esta presunta premeditación administrativa se localiza en el programa del blindado 8x8, un macrocontrato presupuestado en 1.736 millones de euros cuya adjudicación al consorcio TESS Defence se adoptó formalmente, según consta en la memoria justificativa del expediente, al menos el 28 de abril de 2020. La anomalía cronológica y jurídica radica en que dicha sociedad mercantil no fue constituida legalmente hasta el 26 de junio de ese mismo año, lo que evidencia que la administración contrató con una entelequia corporativa cuyo nacimiento oficial estaba programado para ajustarse a una decisión supuestamente ya tomada en los despachos ministeriales.

El atajo de la seguridad nacional

Para sortear los concursos públicos abiertos y evitar la fiscalización ordinaria que imponen las normativas de competencia, según la información de El Independiente, el Ministerio de Defensa convirtió en un recurso habitual una excepción contemplada en la legislación europea que permite a los Estados prescindir de la publicidad y la concurrencia cuando están en juego los «intereses esenciales» de su seguridad nacional. Sin embargo, los investigadores de la IGAE advierten que esta vía excepcional se pervirtió hasta convertirse en la regla general de actuación.

En el contrato de catorce sistemas antidrones, valorado en 36,6 millones de euros, el ministerio justificó la ausencia de concurso público argumentando la existencia de diversas opciones en el mercado y cursó invitaciones a cinco empresas en agosto de 2024. Ocurre que, dos meses antes, tres de esas firmas (Indra, Escribano y el Grupo TRC) habían anunciado públicamente su alianza en una nota de prensa y un documento interno de Presidencia del Gobierno fechado en diciembre de 2023 ya señalaba textualmente a ambas corporaciones como las «empresas seleccionadas» para desarrollar el proyecto. Cuando la única competidora ajena al pacto industrial intentó presentar su oferta, fue excluida fulminantemente por registrarla con un minuto de retraso sobre el plazo límite, lo que ilustraba el rigor implacable aplicado a los ajenos frente a la flexibilidad otorgada a los elegidos.

Una deriva similar se detectó en el programa del lanzacohetes SILAM, dotado con 576 millones de euros. Allí se fijó un plazo de presentación de ofertas de apenas catorce días, por debajo del mínimo legal imperativo y se admitió a trámite una propuesta económica que presentaba graves discrepancias y contradicciones en su desglose de costes obviando los criterios de exclusión que la propia mesa de contratación aplicaba en otros procedimientos paralelos.

Este andamiaje de adjudicaciones dirigidas se complementó con un mecanismo de financiación pública sin precedentes históricos articulado por el Ministerio de Industria. Mediante tres reales decretos publicados de urgencia en el Boletín Oficial del Estado en octubre de 2025, el Gobierno activó de golpe 6.890 millones de euros en préstamos directos. La letra pequeña de estos créditos reveló condiciones extraordinariamente benéficas fuera de cualquier estándar de mercado. Un tipo de interés fijo del 0% y una exención generalizada de presentar avales o garantías patrimoniales. Del total de esa inyección, el 94,5% (6.515 millones de euros) recayó de manera directa en Indra, en Escribano o en las uniones temporales participadas por ambas. Mientras, los competidores tradicionales del sector de automoción y defensa terrestre debieron repartirse un testimonial 5,4%.

Las normas aprobadas permitieron a los adjudicatarios reclamar anticipos multimillonarios correspondientes al ejercicio 2025 antes incluso de haber firmado los contratos definitivos con Defensa, estableciendo que si los acuerdos encallaban, el dinero debía devolverse sin abonar un solo euro en intereses de demora. Asimismo, se otorgó carta blanca a los contratistas principales para externalizar la ejecución de los trabajos sin someterse a los topes ni a los controles fiscalizadores previstos en la Ley General de Subvenciones desnaturalizando por completo la función de fomento de la industria nacional.

La sombra de la intermediación política

Más allá de las flagrantes irregularidades procedimentales y financieras detectadas por los interventores del Estado, la investigación judicial que instruye la Fiscalía Anticorrupción pone el foco sobre el vertiginoso ascenso patrimonial y corporativo de Escribano Mechanical & Engineering. La compañía familiar de Coslada experimentó una expansión meteórica desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Pasó de facturar 44,2 millones de euros en 2019 a alcanzar los 355 millones en 2024 impulsada por un volumen de contratación pública que escaló desde los diez millones acumulados a finales de la década pasada hasta superar los 700 millones de euros en adjudicaciones directas del ramo militar. Tal vez pudiera haber tenido que ver las relaciones de la compañía con antiguos dirigentes del PSOE de la época de Zapatero.

Esta progresión aritmética culminó en un movimiento estratégico de enorme calado institucional: la toma de posiciones accionariales en Indra hasta alcanzar el 14,3% del capital social y el posterior nombramiento de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de la multinacional semipública en enero de 2025. Con este nombramiento se configuró un escenario de conflicto de intereses estructural de manual. Los principales accionistas y administradores de una empresa proveedora (EM&E) asumían simultáneamente las riendas de la corporación pública que evaluaba absorberla por un valor superior a los 2.000 millones de euros.

Aunque las crecientes tensiones políticas y el desgaste institucional acumulado forzaron la dimisión de Ángel Escribano como presidente y consejero de Indra en abril de 2026, la onda expansiva del caso sigue proyectando un persistente eco sobre las terminales de poder del Estado. A medida que la Fiscalía Anticorrupción recibe los informes complementarios de la IGAE y examina la porosidad de las redes de intermediación política y consultoría, el escándalo destapa los costes ocultos de un modelo de rearme industrial, un modelo donde las fronteras entre el interés general de la defensa nacional, el dinero público a tipo cero y los beneficios privados de los nuevos barones del sector militar amenazan con fracturar la credibilidad de las instituciones del Estado.

Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora
Lo + leído