La semana se ha iniciado con una declaración explosiva: Víctor de Aldama, empresario vinculado al llamado “caso Koldo”, aseguró en una entrevista que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría solicitado y obtenido la nacionalidad dominicana y que se habría beneficiado de su posición para influir en decisiones empresariales.
“Me consta, me viene de buenas fuentes”, afirmó Aldama ante las cámaras de Telemadrid. Sin aportar documentación, añadió que Gómez habría presionado a los propietarios de Air Europa, la familia Hidalgo, para que patrocinaran una cátedra universitaria vinculada a ella, supuestamente con la advertencia de que el Estado podría frenar el rescate de la aerolínea si no lo hacían.
Las palabras del empresario, sin respaldo judicial ni prueba conocida, agitaron un panorama político ya enrarecido. El “caso Koldo”, que investiga la presunta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha salpicado al entorno más cercano del PSOE y amenaza con convertirse en un nuevo frente para el Gobierno.
Aldama, considerado uno de los intermediarios clave en esa red, no solo apuntó a Gómez. En la entrevista, dibujó un escenario en el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, habrían tenido un papel en decisiones empresariales estratégicas, como los rescates de Air Europa y Plus Ultra. Según su versión, Ábalos se opuso inicialmente a la ayuda a Plus Ultra, pero Sánchez le habría ordenado seguir las instrucciones del propio Zapatero.
El círculo de confianza del presidente
Aunque Pedro Sánchez se ha esforzado en distanciarse de los protagonistas de la trama, los nombres vuelven a situarlo en el centro. Aldama recordó los años de cercanía entre el presidente, Koldo García —exasesor de Ábalos— y Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE. Aquel grupo acompañó a Sánchez en sus recorridos por España durante su etapa en la oposición.
“La relación era de confianza absoluta”, dijo Aldama, quien aseguró que Sánchez sabía “de primera mano” que la red habría desviado “al menos cuatro millones de euros”. El empresario insinuó que parte de ese dinero habría salido del país a través de rutas financieras con destino a Colombia, Panamá o Guinea, y que algunos de los implicados disponían de pasaportes diplomáticos para moverse sin control aduanero.
Sospechas sin pruebas
Las acusaciones han sido recibidas con cautela incluso entre los detractores del Gobierno. Hasta el momento, ninguna de las afirmaciones de Aldama ha sido respaldada por documentos oficiales ni por las investigaciones judiciales abiertas en torno al caso Koldo. Desde el entorno de Moncloa, fuentes consultadas califican las declaraciones como “una maniobra desesperada de un imputado que busca desviar la atención”.
No obstante, el impacto político es innegable. El vínculo sugerido entre la esposa del presidente y una presunta red de tráfico de influencias alimenta una narrativa ya consolidada: la de un poder socialista erosionado por sus propias conexiones personales. El Partido Popular ha aprovechado la oportunidad para exigir explicaciones y ha pedido que Gómez “aclare de inmediato” su relación con empresas beneficiadas por contratos públicos o patrocinios.