Apenas tres años es el tiempo que ha durado la XV legislatura. Echó a andar, precisamente, el 29 de noviembre de 2023, cuando el Rey abrió la Cámara sabiendo, como lo sabía todo el mundo en Madrid, que aquello nacía atado con alambres. La aritmética era endiablada, casi imposible. Y al final, el alambre se ha roto. Las decisiones de la Moncloa han terminado por acelerar su propio desenlace y el Gobierno, en cierto modo, ha tenido que tirar la toalla: disolución anticipada de las Cortes y convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre de 2026. Es el colapso definitivo de un modelo de gobernabilidad en España que sobrevivió a base de parches, prisas, concesiones impensables hace 5 años y decretos de urgencia.
El detonante del epílogo de la legislatura fue un portazo seco. El pasado viernes, en un pleno extraordinario de esos que dejan caras de funeral en la bancada azul, la mayoría del Parlamento le tumbó al Ejecutivo sus reales decretos de vivienda. Fue un golpe directo a la línea de flotación. Escenificó, sin paños calientes, el aislamiento real en el que se había quedado atrapada la coalición de Gobierno.
Pero en lugar de encajar el golpe, la Moncloa reaccionó con un volantazo que ha puesto en guardia a juristas, constitucionalistas y a la oposición entera. ¿Qué se les ha ocurrido? Utilizar a la Diputación Permanente, ese órgano reducido, pensado para cuando la Cámara está de vacaciones o disuelta, para que se aprueben los decretos de vivienda retocados.
Hay que reconocer que el movimiento es audaz y muy arriesgado. Utilizar un órgano de guardia, concebido estrictamente para emergencias o interregnos, para resucitar a la desesperada unas leyes que el pleno del Congreso acaba de rechazar es tensar hasta el límite las costuras del procedimiento parlamentario. Es legal, sí, pero muy ético no parece, sobre todo porque hay dudas jurídicas respecto a lo que el Gobierno va a hacer.
Para entender cómo hemos llegado a este callejón sin salida hay que mirar la trastienda de los últimos tres años. La historia de esta legislatura no se ha escrito en debates sosegados ni en comisiones parlamentarias donde se pule cada coma de una ley. Se ha escrito a golpe de decretazo.
La precariedad parlamentaria ha provocado que el Gobierno haya convertido el real decreto ley, esa figura que la Constitución Española reserva para casos de extraordinaria y urgente necesidad, en su herramienta de trabajo ordinaria. Hasta en 43 ocasiones ha echado mano de este atajo para evitar el desgaste de las enmiendas, los plazos largos y la negociación abierta.
En los despachos del PSOE les gusta exhibir pecho y contar casi 80 normas aprobadas en la tarjeta de visita. Pero la realidad fría y objetiva es otra muy distinta. Proyectos de ley ordinarios, de los de verdad, de los que nacen del consenso y pasan todos los filtros, apenas han prosperado una veintena. Una cifra ridícula para tres años de mandato.
Esta forma de gobernar dando rodeos ha terminado chocando contra un muro infranqueable: los Presupuestos Generales del Estado. Sin cuentas públicas no hay margen de maniobra. Y la disolución de las Cortes antes de cerrar el año hace imposible que el Gobierno que salga de las urnas en noviembre pueda aprobar presupuestos en tiempo y forma. Pase lo que pase el 09 de noviembre, España arrancará el año 2027 con los presupuestos de 2023 prorrogados. ¡Por cuarto año consecutivo! Una anomalía contable que deja al descubierto la absoluta incapacidad para armar un consenso duradero sobre el gasto público.
Ahora, toda la atención se concentra en la mesa de billar de la Diputación Permanente. Para convalidar los benditos decretos de alquiler y vivienda, el Ejecutivo necesita amarrar 35 votos a favor de los 69 parlamentarios que forman este retén de guardia. En el PSOE cuentan con 25 asientos (incluyendo el de la presidenta Francina Armengol) y Sumar aporta 6. Hacen falta cuatro más.
Ahí entra la ruleta rusa. Los números dan justo si EH Bildu, ERC, Podemos y el PNV votan a favor. Si los nacionalistas vascos se perfilan de lado o a alguno de los socios soberanistas le da por marcar terreno a las puertas de la campaña electoral, el invento se cae. Un voto en blanco, una abstención imprevista o un enfado de última hora mandaría la normativa de vivienda de nuevo al hoyo, certificando el fracaso estrepitoso del ciclo político.
Pero el verdadero drama de este fin de fiesta no se mide solo en escaños ni en tacticismos de salón. El verdadero drama es el rastro de escombros legislativos que queda sobre la mesa. Un auténtico cementerio de reformas donde han muerto meses y en algunos casos años de trabajo, reuniones y acuerdos sociales.
Basta dar un paseo por la lista de bajas para sentir un cierto vértigo. Caduca, por ejemplo, la tan cacareada reforma de la financiación autonómica, un modelo caducado desde 2014 que el Ministerio de Hacienda pretendía actualizar con una inyección de 21.000 millones de euros. También se va al traste la condonación de deuda autonómica a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que preveía aliviar más de 83.000 millones de euros a las arcas regionales, con una quita clave para Cataluña.
En el cajón del olvido se queda la Ley de Crédito al Consumo, esa norma que buscaba poner tope al 22% TAE a los intereses abusivos de las tarjetas revolving que traen de cabeza a miles de familias. Se congela también la ley antiblanqueo de capitales que pretendía estrechar el cerco a las plataformas de criptomonedas.
Y qué decir del Estatuto del Becario. Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo llevaban años negociándolo para recortar la precariedad laboral de los estudiantes en prácticas. Pues bien, a la basura. Un expediente más que decae por la vía rápida.
La parálisis alcanza de lleno a las aulas y a las familias. La promesa estrella de bajar la ratio de alumnos por clase (pasar de 30 a 25 en la ESO y de 25 a 22 en Primaria) se ha quedado en un papel mojado en el Congreso.
Tampoco verá la luz la Ley de Protección de Menores en el Entorno Digital, que aspiraba a vetar el acceso a redes sociales a menores de 16 años y tipificar el delito de los deepfakes. O la reforma de la Ley del Tabaco, que pretendía prohibir fumar en terrazas y playas y equiparar los vapeadores al cigarrillo de toda la vida.
Incluso el mundo de la cultura se ha quedado descompuesto. La Ley del Cine, que tras 70 ampliaciones del plazo de enmiendas por fin había echado a andar en comisión, ha sido engullida por el cierre repentino de la Cámara. Ni datos de audiencia transparentes para las plataformas de streaming, ni incentivos para el cine rodado en lenguas cooficiales, ni nada.
Al mirar el balance global de estos mil días de legislatura, el contraste entre la grandilocuencia del discurso oficial y la realidad parlamentaria resulta hiriente. Es verdad que se han conseguido acuerdos notables que conviene no olvidar: la reforma del artículo 49 de la Constitución para retirar el término «disminuido», la esperada Ley ELA o la polémica Ley de Amnistía a los encausados del procés.
Sin embargo, dejar congeladas 33 leyes en tramitación, entre ellas la modernización de la Justicia, la regulación de los lobbies o la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas para la regularización de extranjeros, demuestra que el motor parlamentario estaba gripado desde hace mucho tiempo.
El epílogo de este periodo convulso no se recordará por un gran debate de Estado ni por una despedida elegante desde la tribuna. Se recordará por la imagen de una Diputación Permanente convocada a toda prisa, forzando los márgenes del reglamento para intentar salvar los muebles antes de que suenen los cornetines de la campaña electoral.
La fragilidad de las alianzas y la incapacidad para fraguar consensos duraderos han terminado condenando a la política española a un estado de interinidad crónica. La ciudadanía observa el espectáculo entre la fatiga y el desencanto, viendo cómo los problemas reales (el precio imposible de la vivienda de alquiler, las aulas saturadas, las listas de espera en sanidad) vuelven a empaquetarse en forma de promesas de mitin.
A partir del 29 de noviembre, cuando se abran las urnas y se cuenten los votos, la pregunta ya no será solo quién ocupará el despacho principal de la Moncloa. La verdadera incógnita es si el país será capaz de coser sus mayorías o si estamos condenados a vivir atrapados en un bucle permanente de ingobernabilidad estructural.
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