El accidente ferroviario de Adamuz ha dejado de ser una catástrofe en desarrollo para convertirse en otra cosa: una operación de precisión jurídica, forense y humana. Con 41 cadáveres ya recuperados y tres cuerpos aún atrapados en los vagones delanteros del tren Alvia, el dispositivo de emergencia ha entrado en la fase más lenta, más técnica y también más difícil de explicar a las familias: la de confirmar, uno a uno, los nombres de quienes no volverán.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo ha dicho sin rodeos en TVE: el número de denuncias por desaparición coincide con el de víctimas mortales previstas. La cifra —43— no es definitiva, pero marca un límite probable. A partir de ahora, el tiempo ya no se mide en horas, sino en protocolos.
La gestión del daño
De los 41 cuerpos recuperados, 37 han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense. A última hora del lunes se habían practicado 23 autopsias y solo siete identificaciones mediante huellas dactilares. El resto exige un trabajo más lento: ADN, cruce de datos, espera. Las oficinas de la Guardia Civil abiertas en Málaga, Córdoba, Sevilla y Madrid recogen muestras de familiares con un objetivo doble: acelerar el proceso y evitar errores irreversibles.
Los tres cuerpos que permanecen atrapados siguen bajo los vagones más dañados del Alvia. La excarcelación depende de maniobras de ingeniería pesada que deben ejecutarse sin comprometer la integridad de los restos ni la cadena de custodia judicial. El accidente ya no se gestiona solo con ambulancias y helicópteros, sino con grúas, jueces y laboratorios.
El accidente que no encaja
Tanto Interior como Transportes siguen utilizando una palabra incómoda: “extraño”. No es un adjetivo habitual en comparecencias oficiales, pero se repite. El siniestro ocurrió en una recta, en un tramo renovado hace pocos meses, sin cambio de señalización, sin condiciones meteorológicas adversas y con los trenes circulando por debajo del límite permitido.
Esa anomalía explica la prudencia del Gobierno. Nadie quiere anticipar conclusiones ni alimentar hipótesis que luego puedan volverse contra la investigación. El discurso oficial se mueve en una frontera delicada: informar sin cerrar el relato, acompañar sin prometer certezas.
La emergencia sostenida
En el plano asistencial, el balance evoluciona con lentitud. Permanecen hospitalizadas 39 personas, diez menos que el día anterior. Una más ha ingresado en UCI, aunque la Junta de Andalucía insiste en que ninguno de los pacientes críticos presenta riesgo vital inmediato. El problema ya no es solo salvar vidas, sino garantizar procesos de recuperación largos, complejos y costosos.
El operativo de emergencia se mantiene desplegado “hasta que haya una mínima normalidad”, en palabras de Marlaska. Una normalidad que no será igual para todos. Para las familias, esa palabra ha perdido contenido; para las instituciones, es una obligación administrativa que se mide en reapertura de vías, restablecimiento de horarios y retorno de trenes.
El accidente de Adamuz está obligando a poner a prueba, en tiempo real, la capacidad del Estado para gestionar lo irreversible. No solo en términos de respuesta rápida, sino de continuidad: identificación, atención psicológica, acompañamiento, transparencia y, más adelante, responsabilidades.
La coordinación entre administraciones —repetidamente subrayada— ha funcionado. Eso no elimina las preguntas que llegarán después. Pero ahora mismo, en Adamuz, la prioridad es otra: terminar de rescatar, terminar de identificar y poner nombre a los silencios.