La Policía Nacional tramitó 26 expedientes por acoso sexual en los últimos tres años a través de su protocolo interno, casi la mitad de las 51 denuncias registradas entre 2023 y 2025. Las cifras, hasta ahora discretas, han adquirido otra dimensión tras la querella por presunta agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo, que llevó a la denunciante directamente a los tribunales y no al mecanismo interno.
Los números, fríos, son estos: 20 denuncias en 2023, de las que se estimaron once; 18 en 2024, con trece tramitadas; 13 en 2025, con solo dos consideradas. En total, 51 denuncias y 26 expedientes activados bajo el protocolo específico de acoso sexual y discriminación por razón de sexo o identidad.
La Dirección General de la Policía cuenta con este procedimiento desde 2022. Fue actualizado en 2025. En paralelo, existe otro protocolo —vigente desde 2021— para violencia de género, que solo en 2025 registró 121 activaciones, cuando media atestado o procedimiento judicial.
Los expedientes pueden implicar a agentes como presuntos autores, como víctimas o a ambos. El detonante político de la revisión no ha sido una estadística, sino un nombre propio. La denuncia contra el exDAO José Ángel González, presentada directamente ante la justicia, dejó en evidencia algo que el propio ministro del Interior verbalizó en el Congreso: “Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos”.
Fernando Grande-Marlaska anunció una “revisión extraordinaria” de los mecanismos internos para determinar por qué una agente decidió no acudir al cauce establecido y optó por la vía judicial desde el primer momento. La revisión será pilotada por la Secretaría de Estado de Seguridad.
La comparecencia parlamentaria se produjo en un clima de presión política. PP, Vox y otros grupos reclamaron explicaciones por el “escándalo”. El ministro defendió la utilidad del sistema, subrayó que ha funcionado en otros casos y sostuvo que los protocolos se revisan periódicamente. Pero añadió una frase significativa: hay que detectar posibles carencias y corregirlas “de inmediato”.
El reconocimiento implícito es que el sistema puede no haber ofrecido garantías suficientes en este caso concreto. El protocolo interno nació con la intención de ofrecer un canal seguro, confidencial y ágil dentro de la institución. En teoría, permite activar medidas cautelares y proteger a la denunciante sin necesidad de exposición pública inmediata.
La pregunta que ahora se abre es por qué, existiendo ese mecanismo, no fue percibido como opción válida por la agente.
En estructuras jerarquizadas como la policial, la confianza en los canales internos es decisiva. Si la percepción es que no garantizan independencia o protección efectiva, la vía judicial se convierte en la única alternativa. Las cifras no dibujan una situación masiva, pero tampoco anecdótica. Veintiséis expedientes en tres años no son irrelevantes. Tampoco lo es la diferencia entre denuncias presentadas y casos estimados.
La revisión anunciada por Interior pretende esclarecer un caso concreto. Pero inevitablemente coloca bajo foco algo más amplio: la cultura institucional frente al acoso, la percepción de imparcialidad y la capacidad real de proteger a quienes denuncian. Por ahora, la respuesta oficial es técnica. La incógnita es política e institucional.