El valor de un discurso se mide por la precisión de sus coordenadas geográficas. Y Ursula von der Leyen lo sabía bien. Al pronunciar las palabras «Ceuta es España, Ceuta es Europa», la presidenta de la Comisión Europea no solo rompió el habitual lenguaje edulcorado de la burocracia comunitaria. Trazó, también, una raya roja explícita en la frontera sur del continente.
Su intervención en el debate sobre el Estado de la Unión trascendió el puro trámite parlamentario para convertirse en un espaldarazo directo a las demandas que tanto las autoridades locales como la oposición española venían exigiendo tras los graves sucesos estivales en la plaza norteafricana. Porque a veces, las palabras importan. Y mucho.
La firmeza retórica de la dirigente alemana busca dar respuesta a una realidad incómoda: la utilización de los flujos migratorios como herramienta de presión política, es decir, como arma para la guerra híbrida, tal y como hizo Marruecos el 30 de julio. Al calificar los acontecimientos del verano como escenarios donde los movimientos masivos de personas son provocados deliberadamente y utilizados como arma, la arquitectura europea admite finalmente las costuras descosidas de su frontera exterior.
La respuesta comunitaria se concretará en el nuevo Marco Europeo de Respuesta a Emergencias. Una herramienta diseñada para otorgar mayor margen de maniobra y flexibilidad temporal en los procedimientos de retorno. Acelerando las devoluciones cuando se detecte una instrumentalización de las fronteras. Ahí está la clave.
El anuncio de Bruselas pretende equilibrar la defensa de los derechos fundamentales con el principio irrenunciable de soberanía territorial. La premisa expresada en la sede parlamentaria resulta tajante: la determinación sobre quién cruza las fronteras comunitarias corresponde en exclusiva a las instituciones europeas. Arrebatando, así, la iniciativa a las mafias del tráfico de personas y a los actores estatales que operan en la sombra.
Sin embargo, en el fino encaje de la diplomacia continental, el señalamiento de la responsabilidad directa volvió a esquivar el nombre de Marruecos. Atribuyendo la crisis a las redes de contrabandistas y a los adversarios del bloque. Sin embargo, tras varios mensajes de ministros marroquíes sobre la reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla, Von der Leyen le ha puesto una línea roja a Marruecos.
Esta cuidada neutralidad ejecutiva contrasta de forma radical con el clima de tensión que se respira en los pasillos del Parlamento Europeo. Mientras el Ejecutivo comunitario promueve la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo, las bancadas parlamentarias se hallan inmersas en una feroz batalla ideológica por la aprobación de una resolución de condena.
Los equilibrios de poder tradicionales se tambalean ante la amenaza de bloqueo de los grupos progresistas. Lo que ha forzado a los conservadores a explorar alianzas alternativas para sacar adelante una postura dura frente a la gestión fronteriza.
El debate institucional se produce en paralelo a un intenso despliegue de presión diplomática por parte del Reino de Marruecos con el inefable apoyo de los lobistas españoles que trabajan para el régimen del sátrapa Mohamed VI. A través de comunicaciones directas dirigidas a diversos eurodiputados, la representación alauita ante la Unión Europea ha intentado influir en el sentido de la votación parlamentaria.
Desvinculándose de los episodios acontecidos a finales de julio. Cuestionando qué interés podría tener Rabat en desestabilizar la relación con sus socios comunitarios. Las alegaciones de las autoridades marroquíes, amparadas en las declaraciones de prudencia cobarde emitidas desde Madrid, buscan diluir cualquier responsabilidad en la orquestación del cruce masivo.
A pesar de las maniobras de persuasión en las cancillerías, la crisis de Ceuta ha consolidado un cambio estructural en la doctrina de defensa de la Unión Europea. La equiparación de la frontera ceutí con cualquier otra linde continental consolida una visión de la seguridad donde la estabilidad del norte de África deja de ser un asunto puramente bilateral entre Madrid y Rabat para convertirse en una prioridad estratégica de los Veintisiete.
La prueba de fuego para este nuevo marco de respuesta no dependerá de la vehemencia de los discursos en Bruselas. Dependerá, más bien, de la capacidad real de las instituciones para blindar la integridad de sus territorios frente a la constante tentación de la instrumentalización migratoria. Las palabras, al final, se las lleva el viento y lo único que cuenta es lo que se hace después, porque, en política, es muy fácil cambiar de opinión, tal y como sabemos muy bien en España.
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