Durante años, buena parte de Occidente encontró una fórmula diplomática bastante confortable para convivir con la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Los declaraba ilegales, reclamaba su paralización, reiteraba su compromiso con la solución de los dos Estados y mantenía prácticamente intactas sus relaciones económicas con Israel. La distancia entre la condena y sus consecuencias terminó convirtiéndose en parte del paisaje del conflicto. Ese equilibrio empieza a resquebrajarse.
Reino Unido, Francia y Canadá han anunciado restricciones nacionales al comercio de productos procedentes de los asentamientos, sumándose a actuaciones emprendidas por España, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Noruega. Doce países han firmado además una declaración conjunta en la que confirman su intención de introducir restricciones nacionales, apoyar medidas europeas o estudiar nuevas actuaciones frente a unas colonias que consideran ilegales según el derecho internacional.
El cambio importante no está en el volumen de tomates, dátiles o productos agrícolas que dejarán de llegar a determinados mercados europeos. Está en que algunos de los principales aliados occidentales de Israel comienzan a trasladar al terreno económico una posición jurídica que llevan décadas defendiendo en los comunicados.
Reino Unido ha ido especialmente lejos. Londres no se limitará a prohibir productos procedentes de los asentamientos, sino que prepara restricciones contra empresas que proporcionen financiación, construcción, infraestructuras, servicios inmobiliarios o publicidad vinculados a su expansión. También impedirá nuevas licencias de armas y otras exportaciones que contribuyan materialmente a la ocupación.
La reacción israelí permite medir mejor la dimensión política de la decisión. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha anunciado el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, el fin de la participación británica en determinadas estructuras de coordinación relacionadas con Gaza, la suspensión del entrenamiento británico de fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y prohibiciones de entrada para ciudadanos británicos. No parece la respuesta de un Gobierno preocupado por unas cuantas cajas de fruta.
E1 cambia la dimensión del problema
La nueva presión internacional tiene un nombre geográfico que ayuda a comprender por qué varios gobiernos occidentales han decidido avanzar más allá de las declaraciones. E1 es un corredor situado entre Jerusalén Este y el gran asentamiento de Maale Adumim donde Israel ha sacado a concurso la construcción de más de 1.200 viviendas dentro de un proyecto mucho mayor.
Sobre un mapa puede parecer otra ampliación de asentamientos en un territorio donde llevan décadas creciendo. Sobre el terreno significa bastante más.
El desarrollo de E1 puede romper la continuidad territorial palestina entre el norte y el sur de Cisjordania y dificultar todavía más la conexión con Jerusalén Este, reivindicada por los palestinos como capital de un futuro Estado. Reino Unido y otros gobiernos occidentales consideran que el proyecto amenaza directamente la viabilidad de la solución de los dos Estados.
La cuestión empieza a dejar de ser cuánto territorio ocupa cada nuevo asentamiento para convertirse en cuánto Estado palestino queda físicamente posible después de cada expansión.
Ese es el punto que explica buena parte del endurecimiento diplomático. Una solución de dos Estados puede sobrevivir durante años en declaraciones ministeriales, resoluciones internacionales y negociaciones aplazadas. Mucho más difícil resulta mantenerla cuando el territorio sobre el que debería levantarse uno de esos Estados queda fragmentado por carreteras, asentamientos y áreas sometidas a distintos regímenes de control.
Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la mayoría de la comunidad internacional consideran ilegales los asentamientos israelíes establecidos en los territorios ocupados desde 1967. Israel rechaza esa interpretación, define Cisjordania como territorio disputado y reivindica los vínculos históricos y religiosos del pueblo judío con esas tierras.
El Gobierno de Netanyahu ha acelerado, además, la política colonizadora mientras aumenta la violencia de colonos extremistas contra comunidades palestinas. Los doce ministros firmantes reclaman a Israel que detenga la expansión de los asentamientos, frene el incremento de competencias civiles israelíes sobre Cisjordania e investigue las denuncias relacionadas con la actuación de sus fuerzas de seguridad.
No están cuestionando el derecho de Israel a existir ni su seguridad. El propio comunicado condena expresamente la matanza perpetrada por Hamás el 7 de octubre y reafirma el compromiso con la seguridad israelí. Lo que empieza a desaparecer es la aceptación de que ese derecho pueda utilizarse como argumento para alterar indefinidamente la geografía de un futuro Estado palestino.
Una sanción pequeña con un mensaje mucho mayor
Conviene no exagerar el alcance económico de las medidas. El comercio procedente específicamente de los asentamientos representa una parte muy reducida de los intercambios entre Israel y los países que anuncian restricciones. El impacto inicial sobre el conjunto de la economía israelí será probablemente pequeño. Precisamente por eso sería un error medir la decisión únicamente en millones.
Durante mucho tiempo, Israel ha podido asumir las condenas internacionales a los asentamientos como un coste diplomático manejable. Los comunicados llegaban, las embajadas protestaban, Naciones Unidas aprobaba resoluciones y las colonias seguían creciendo. La novedad aparece cuando una parte de esos gobiernos empieza a preguntarse por qué debe permitir en sus mercados productos o actividades económicas generados precisamente por aquello que considera ilegal.
El paso británico hacia las empresas puede resultar mucho más relevante que el veto comercial. Financiar una promoción, asegurar una infraestructura, construir una carretera, vender una propiedad o proporcionar determinados servicios tecnológicos mueve intereses económicos bastante distintos de los asociados a una partida de productos agrícolas.
Si esa política se extendiera a otros mercados europeos, la colonización podría empezar a tener un coste empresarial que hasta el momento apenas ha existido.
Ahí se encuentra también una de las grandes incógnitas. La Unión Europea continúa teniendo dificultades para alcanzar una posición común sobre Israel y cualquier medida de gran alcance tropieza con las profundas diferencias entre los Estados miembros. La iniciativa de este grupo de países muestra precisamente qué ocurre cuando esa unanimidad no llega. Algunos gobiernos comienzan a actuar por su cuenta.
España se encuentra entre los países que han avanzado previamente en esa dirección y figura entre los firmantes del nuevo comunicado. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia respaldan igualmente nuevas actuaciones o estudian medidas, aunque no todos han aprobado prohibiciones nacionales idénticas.
La fotografía diplomática empieza así a resultar incómoda para Netanyahu. No porque Israel se encuentre ante un aislamiento occidental completo, que no existe, ni porque sus alianzas estratégicas hayan desaparecido, sino porque la crítica a la colonización ha comenzado a desplazarse desde países tradicionalmente muy críticos con su Gobierno hacia socios cuya relación con Israel había sido considerablemente más estrecha. Reino Unido resulta especialmente significativo.
Londres seguirá manteniendo cooperación de seguridad con Israel, no ha decretado un embargo militar general y rechaza expresamente un boicot contra el país. También mantiene fuera de estas restricciones el comercio con Israel dentro de la Línea Verde anterior a 1967. La distinción es deliberada. El objetivo declarado no es sancionar la existencia de Israel, sino separar económicamente al Estado israelí de la ocupación y de los asentamientos. Esa frontera permite entender también la dureza de la respuesta de Netanyahu.
Israel responde castigando a Londres
El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ha calificado las medidas británicas de hostiles y ha acusado al Gobierno laborista de interferir en las elecciones israelíes previstas para octubre. Israel cerrará el consulado británico en Jerusalén Este y adoptará otras represalias diplomáticas y de cooperación.
La acusación de injerencia resulta reveladora porque traslada una decisión sobre territorio ocupado y comercio internacional al terreno de la soberanía israelí. Cisjordania no forma parte de Israel según el reconocimiento internacional, y precisamente ahí reside el núcleo del conflicto que las sanciones pretenden señalar.
Saar sostiene que el pueblo judío tiene derecho a vivir en toda la tierra de Israel. La comunidad internacional sostiene otra cosa respecto a la ocupación y a los asentamientos. Entre ambas posiciones se encuentra un territorio donde cada nueva vivienda puede terminar pesando más que muchas resoluciones diplomáticas.
Estados Unidos, por su parte, no seguirá la iniciativa. Washington ha rechazado las sanciones aunque reconoce la existencia de tensiones graves en Cisjordania. La distancia entre Estados Unidos y varios de sus aliados europeos vuelve así a hacerse visible en un conflicto en el que la Administración estadounidense continúa siendo el principal sostén internacional de Israel. La ruptura occidental está, por tanto, lejos de ser completa.
Tampoco Reino Unido ha roto con Israel. Ed Miliband ha reafirmado su derecho a existir, ha condenado sin ambigüedad la matanza de Hamás y ha rechazado un boicot general. Su propia historia familiar añade una dimensión difícil de despachar mediante la acusación automática de hostilidad contra Israel. El ministro británico, judío y descendiente de una familia golpeada por el Holocausto, ha explicado su posición desde la defensa simultánea del Estado israelí y del derecho de los palestinos a tener el suyo.
Esa combinación desmonta una simplificación que durante demasiado tiempo ha contaminado el debate. Defender la seguridad de Israel no obliga a aceptar la colonización de Cisjordania, del mismo modo que denunciar la ocupación no equivale a negar el derecho de Israel a existir. La política europea empieza lentamente a comportarse como si ambas afirmaciones pudieran sostenerse a la vez.
Las nuevas restricciones comerciales no detendrán por sí solas la expansión de los asentamientos y probablemente apenas serán perceptibles en las grandes cifras de la economía israelí. Su importancia está en otro sitio. Por primera vez, varios gobiernos occidentales están intentando que una política que consideran ilegal tenga alguna consecuencia más allá de una nota de protesta.
Durante décadas, la solución de los dos Estados ha sobrevivido sobre todo en los discursos. El problema es que el mapa no espera a la diplomacia. E1 lo demuestra con bastante crudeza. Si la colonización termina haciendo territorialmente imposible un Estado palestino, llegará un momento en que Occidente tendrá que dejar de repetir que defiende dos Estados y explicar qué solución propone para una tierra en la que solo queda espacio real para uno.
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