La ley llamada a cerrar una de las heridas más profundas de Venezuela —la de los presos por motivos políticos— se ha detenido en una frase. El Parlamento decidió posponer su votación tras un desacuerdo central: si acogerse a la amnistía implica reconocer un delito. El gesto, aparentemente técnico, revela hasta qué punto el país sigue negociando su propia normalidad democrática.
La política venezolana acostumbra a moverse entre dos tiempos: el de la urgencia y el de la sospecha. La amnistía que debía avanzar esta semana ha quedado suspendida en ese espacio intermedio. No se trata solo de una discrepancia jurídica; es el reflejo de un debate más profundo sobre qué significa reparar sin imponer relato.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo interino había logrado consensos parciales —seis artículos aprobados— hasta tropezar con el séptimo. Allí se establece que quienes aspiren a la amnistía deberán estar o ponerse “a derecho”, una fórmula que varios diputados interpretan como un reconocimiento implícito de culpabilidad. La objeción no es menor: aceptar el perdón no debería equivaler a aceptar el delito.
El diputado opositor Luis Florido lo sintetizó con crudeza parlamentaria: exigir esa condición supone declarar culpables a quienes sostienen haber sido perseguidos. La discusión obligó a diferir la sesión y trasladar la votación a la próxima semana, en busca de una redacción que no fracture el frágil consenso.
Una amnistía en un país fatigado
La escena se produce en un contexto excepcional. Desde enero, el Gobierno ha anunciado la liberación progresiva de presos políticos, mientras organizaciones de derechos humanos sostienen que centenares de personas siguen privadas de libertad por causas vinculadas a la confrontación política.
El gesto ha sido interpretado por distintos actores internacionales como un paso relevante, aunque todavía incompleto: la clave no es solo liberar, sino garantizar que el proceso tenga credibilidad jurídica y vocación de permanencia.
Ese matiz —condicionar la libertad— es precisamente el que hoy tensiona el debate legislativo.
El perdón como arquitectura institucional
Las leyes de amnistía rara vez son neutrales. No solo liberan; también narran el pasado.
El Parlamento introdujo en el texto la intención de favorecer la reintegración a la vida pública y promover la convivencia democrática, una formulación que apunta a reconstruir un terreno común después de años de polarización. Pero la letra fina importa: si la reconciliación se vincula a una admisión de culpa, deja de ser plenamente restaurativa y se acerca más a un mecanismo de cierre administrativo.
Venezuela ya ha recurrido antes a figuras similares para intentar descomprimir la tensión política. Sin embargo, la experiencia muestra que la eficacia de estas medidas depende menos de su anuncio que de su aplicación transparente y sin ambigüedades.
Nada de esto es completamente nuevo, pero sí lo es el contexto: un país más empobrecido, marcado por la emigración masiva y con una sociedad que exige certezas jurídicas antes que gestos simbólicos.
El ruido de la calle
Mientras el Parlamento discutía comas y verbos, estudiantes se movilizaban para reclamar una amnistía plena y la liberación de todos los detenidos por razones políticas. La escena resulta familiar en América Latina: cuando el procedimiento se alarga, la legitimidad se desplaza fuera de las cámaras.
Esa presión no necesariamente empuja a posiciones maximalistas; más bien obliga a afinar la técnica legislativa. Una amnistía ambigua puede convertirse en un conflicto judicial permanente. Una demasiado restrictiva, en cambio, vaciaría su propósito.
Entre pragmatismo y memoria
Hay algo deliberadamente sobrio en el aplazamiento. Retrasar una votación puede ser, en ocasiones, la forma más responsable de legislar. Evita aprobar un texto que nazca impugnado moralmente por quienes debería reparar.
Pero también deja ver otra realidad: la transición venezolana —sea cual sea su forma final— no se resolverá con una sola ley. Requiere construir confianza en instituciones que durante años fueron objeto de disputa.
La pregunta de fondo no es si habrá amnistía —todo apunta a que sí— sino qué tipo de justicia política está dispuesto a aceptar el país: una que archive el pasado o una que lo integre sin exigir confesiones forzadas.
Por ahora, el Parlamento ha optado por detenerse antes de cruzar esa línea. Y, en una democracia fatigada, detenerse a tiempo también es una forma de avanzar.