En la gramática del poder global, existe una diferencia sustancial entre ser un actor y ser un escenario. Mientras la administración de Donald Trump ejecuta su promesa de «eliminar la grave amenaza» que representa el régimen de Teherán, la Unión Europea observa el despliegue de fuego cruzado con la parálisis de quien se sabe geográficamente próximo pero políticamente remoto. El reciente ataque de un dron contra una base aérea británica en Chipre ha hecho añicos la ilusión de que Bruselas puede optar por la neutralidad; el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ya no es una crisis exterior, sino una onda expansiva que golpea los cimientos de la seguridad continental.
La respuesta de Bruselas, liderada por Ursula von der Leyen, ha sido reveladoramente técnica y defensiva. Al convocar un "colegio de seguridad" para monitorizar desde la energía nuclear hasta los flujos migratorios, la Comisión Europea ha confirmado su mutación en una suerte de gestoría de crisis de retaguardia. La Unión Europea se ve limitada a un papel secundario, centrada en la logística de evacuación y la supervisión del tráfico aéreo, mientras las decisiones de calado se toman en Washington y Jerusalén sin consulta previa. Esta falta de influencia sobre los israelíes o Trump ha dejado a los diplomáticos europeos en un vacío comunicativo donde, en circunstancias normales, debería haber una interlocución estratégica que hoy brilla por su ausencia.
El impacto económico es el primer frente de esta vulnerabilidad estructural. La vigilancia del Estrecho de Ormuz, arteria vital para el petróleo y el gas natural licuado, sitúa a la economía europea en una posición de extrema fragilidad ante cualquier interrupción de las rutas marítimas. Con los precios de la energía de nuevo bajo amenaza, la Comisión intenta coordinarse con la Agencia Internacional de la Energía, pero estas medidas son reactivas y no disuasorias. Europa no está gestionando la guerra en sí, sino simplemente intentando mitigar sus consecuencias adversas, desde el aumento del riesgo de ataques terroristas en suelo europeo hasta una posible nueva afluencia masiva de refugiados.
El dilema más punzante se encuentra en la isla de Chipre. A menos de 500 kilómetros del epicentro del conflicto, Nicosia representa el límite físico de la solidaridad europea. Hasta ahora, el gobierno chipriota ha evitado activar la cláusula de defensa colectiva 42.7, el equivalente comunitario al Artículo 5 de la OTAN, pues hacerlo transformaría formalmente al bloque en parte beligerante de una guerra que no ha buscado. Ante este vacío de defensa común, ha sido Grecia quien ha tenido que proyectar fuerza de forma bilateral, enviando fragatas y cazas F-16 en una respuesta que evidencia, una vez más, la fragmentación de la seguridad europea ante amenazas estatales de primer orden.
La incómoda verdad que recorre los pasillos del Berlaymont es que la Unión Europea no estaba preparada para el fin de la diplomacia con Irán. Mientras Estados Unidos e Israel han diseñado una estrategia de confrontación directa contra su archienemigo, la UE ha quedado relegada a la posición de un espectador involuntario. La crisis actual demuestra que la autonomía estratégica europea sigue siendo una aspiración teórica frente a la cruda realidad de la fuerza bruta. En este nuevo orden mundial, Europa corre el riesgo de ser el territorio que absorba los costes humanitarios y pague las facturas energéticas de un conflicto sobre el que no tiene capacidad de mando ni voz en el disparo inicial.