Estados Unidos ha entrado en 2025 con el presupuesto militar más alto desde la Segunda Guerra Mundial, no como una respuesta coyuntural a una amenaza existencial, sino como la expresión fiscal más acabada del proyecto político del trumpismo en su segundo mandato. La aprobación de la National Defense Authorization Act (NDAA) no fue un episodio aislado, sino la culminación de un año marcado por un gasto militarizado sin precedentes, financiado de forma deliberada a costa de la erosión de los servicios sociales básicos.
La paradoja es central al análisis: mientras la administración Trump y el bloque MAGA defendían el rearme como garantía de seguridad nacional, recortaban simultáneamente programas de salud, alimentación y asistencia social, trasladando el coste real de esa “seguridad” a los sectores más vulnerables de la población. El resultado no es solo un Estado más armado, sino un Estado más frágil en su cohesión interna.
El gran giro político se produjo con la ley de reconciliación presupuestaria impulsada por MAGA, que comprometió más de 300.000 millones de dólares adicionales en la próxima década para el Pentágono y para la arquitectura de la deportación masiva. El aumento no solo consolida la supremacía militar estadounidense, sino que difumina peligrosamente la frontera entre defensa exterior y coerción interna, al convertir al aparato migratorio en una fuerza de dimensiones cuasi militares.
El simbolismo es tan relevante como la cifra. La financiación anticipada de proyectos como la llamada “Cúpula Dorada” (una fantasía estratégica de dudosa viabilidad) convive con el vaciamiento de Medicaid, SNAP y otros pilares del Estado de bienestar. No se trata de una imposibilidad fiscal, sino de una elección ideológica: proteger fronteras imaginadas antes que cuerpos reales.
Lejos de corregir excesos históricos, el Congreso profundizó esta lógica al incrementar el presupuesto del Pentágono incluso cuando otras prioridades nacionales sufrían recortes severos. El dato adquiere un matiz irónico y políticamente corrosivo cuando se recuerda que el Departamento de Defensa sigue siendo la única gran agencia federal incapaz de superar una auditoría completa. En un clima de austeridad selectiva, el gasto militar permanece blindado frente a cualquier exigencia de eficiencia.
En política exterior, la continuidad ha sido tan elocuente como inquietante. La ampliación de la ayuda militar a Israel, en medio de un conflicto que ha generado acusaciones de crímenes masivos y una creciente condena internacional, confirma que el cambio de administración no implicó un cambio de doctrina. Desde octubre de 2023, el flujo de recursos bélicos estadounidenses hacia la región ha alcanzado cifras históricas, sin que ello se traduzca en mayor estabilidad ni en beneficios estratégicos claros para Washington.
Al mismo tiempo, la administración ha recurrido crecientemente a recursos militares para gestionar lo que son, en esencia, desafíos civiles: migración, pobreza urbana y protesta social. Tropas desplegadas en la frontera sur, inmigrantes retenidos en bases militares, vuelos de deportación operados por la Fuerza Aérea y ocupaciones de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses configuran una militarización del espacio doméstico que recuerda más a un Estado de excepción permanente que a una democracia liberal consolidada.
Incluso los gestos simbólicos (un desfile militar costoso y contaminante, la reorganización ideológica del Pentágono, el desprecio explícito a las políticas de diversidad en las Fuerzas Armadas) apuntan en la misma dirección: el militarismo como identidad cultural y como espectáculo político. No es solo gasto; es narrativa. Un relato donde la fuerza sustituye a la política y la disciplina reemplaza al consenso.
Las operaciones encubiertas y los ataques selectivos en el extranjero, desde Irán hasta las costas de Venezuela, refuerzan esa lógica. Millones de dólares invertidos en acciones de dudosa legalidad internacional, con escaso retorno en términos de seguridad, pero alto potencial de escalada. El resultado es un mundo más inestable y un Estados Unidos más aislado moralmente.
El impacto de esta hipermilitarización trasciende lo presupuestario. Alimenta conflictos, acelera la crisis climática y no aborda las verdaderas fuentes de inseguridad interna, que son económicas, sociales y sanitarias. Cada dólar invertido en armamento es un dólar que no fortalece comunidades, infraestructuras ni resiliencia social.
La alternativa existe y es cuantificable. Una inversión masiva en bienes públicos podría transformar ciudades enteras, reducir desigualdades y mejorar la seguridad real de la población. Pero esa opción exige abandonar una premisa profundamente arraigada en el proyecto MAGA: que el poder se mide en fuerza coercitiva y no en bienestar colectivo.
Aun así, el año no ha sido políticamente estéril. La opinión pública comienza a mostrar signos de fatiga frente al militarismo permanente. Movimientos sociales, propuestas progresistas y resultados electorales parciales sugieren que el consenso no es tan sólido como aparenta. La batalla por el presupuesto es, en última instancia, una batalla por el modelo de país.