El sol caía a plomo sobre el National Mall de Washington cuando la retórica política estadounidense cruzó un umbral que durante más de medio siglo había sido considerado un tabú absoluto. Frente a las masas congregadas para celebrar el bicentenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump no se limitó a repetir los habituales tributos a los padres fundadores, a las virtudes de la democracia representativa o a los ideales de igualdad de mil setecientos setenta y seis. En un discurso que reverberó con el eco inconfundible del destino manifiesto, Trump miró fijamente a las cámaras y pronunció una frase que redefinió la doctrina de la Casa Blanca ante la atónita mirada de la diplomacia internacional: simplemente domesticamos el desierto, conquistamos la frontera y construimos el imperio; se llama el imperio de la libertad.
Aquella declaración no fue un desliz verbal ni una ocurrencia retórica al aire. Representó el momento culminante de una metamorfosis ideológica cuidadosamente orquestada en los despachos del ala oeste de la Casa Blanca y del Departamento de Guerra. A pesar de haber cimentado su regreso al poder sobre la promesa de poner fin a las guerras interminables y de haber publicado una Estrategia de Seguridad Nacional que sobre el papel rechazaba la dominación global, la administración Trump aprovechó la conmemoración patria para llevar a cabo una reivindicación explícita, casi festiva, del historial imperialista de la nación. La doctrina del aislacionismo pragmático que una vez encarnó el lema de Estados Unidos Primero ha mutado hacia un concepto infinitamente más agresivo y doctrinario: la doctrina del Imperio Primero.
El eclipse del aislacionismo
Durante generaciones, la política exterior de la superpotencia norteamericana funcionó bajo un dogma no escrito pero rígidamente observado: la norma de negación del imperio. Por más que las bases militares estadounidenses se multiplicaran en los cinco continentes, por más que la V Flota patrullara los mares distantes y por más que las intervenciones en América Latina, Asia o el Medio Oriente moldearan gobiernos a conveniencia, las autoridades en Washington mantenían una ficción retórica innegociable. Estados Unidos no era, ni pretendía ser, un imperio.
Incluso en los momentos de mayor expansión global, la Casa Blanca se esforzó por encubrir sus ambiciones bajo el manto protector del multilateralismo, el libre comercio, la difusión del modelo democrático o el mantenimiento de la estabilidad internacional. La narrativa oficial insistía en que Washington actuaba como un gendarme reacio, obligado a intervenir por las deficiencias del sistema internacional, pero desprovisto de codicia territorial o ansias de dominación formal. Cuando en dos mil cuatro, en pleno apogeo de las invasiones de Irak y Afganistán, el presidente George W. Bush pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión, sus palabras buscaron sofocar cualquier atisbo de sospecha imperial asegurando que Estados Unidos no tenía deseo de dominar ni ambiciones de imperio, sino que su objetivo era simplemente una paz fundada en la dignidad humana.
La administración Trump ha pulverizado esa convención retórica sin contemplaciones. Lo que antes era un secreto a voces circunscrito a los ensayos de analistas geopolíticos o a las críticas de la izquierda académica se ha convertido hoy en el eje central de la doctrina de la Casa Blanca. Al abrazar la palabra imperio no como un estigma del cual defenderse, sino como un galardón histórico que debe exhibirse con orgullo, el Gobierno norteamericano ha dejado al descubierto las verdaderas dinámicas de poder que rigen sus decisiones comerciales, sus operaciones militares y su trato hacia aliados y rivales. La máscara de la benevolencia liberal ha sido desechada para dar paso a una apología sin complejos de la fuerza y la conquista.
La genealogía del neoimperialismo
La resurrección de la retórica imperialista no surgió de forma espontánea en el discurso político estadounidense. Se trata de la culminación de un debate intelectual que permaneció latente durante décadas en los principales centros de pensamiento neoconservadores de Washington y que cobró un impulso decisivo tras los atentados del once de septiembre de dos mil uno. Fue en aquella época de convulsión geopolítica cuando un grupo de influyentes articulistas e historiadores comenzó a erosionar el consenso de la negación, sosteniendo que la verdadera tragedia de la política exterior estadounidense no era poseer un imperio, sino negarse a ejercer su autoridad de forma resuelta.
Analistas de peso como Max Boot sacudieron el debate público publicando ensayos que abogaban sin ambajes por la apología del imperio americano y exhortaban a la clase política a no huir de una etiqueta que consideraban tan inevitable como necesaria para garantizar el orden global. En esa misma línea, el historiador británico Niall Ferguson constructed una extensa defensa de la hegemonía estadounidense en su obra Coloso, donde llegó a sostener con vehemencia que Estados Unidos era un imperio, lo había sido durante mucho tiempo y, sobre todo, debía asumir plenamente su papel imperial. Diplomáticos y estrategas de la talla de Richard Haass o Ivo Daalder rozaron el mismo concepto desde posiciones oficiales y no oficiales, mientras asesores clave de la administración Bush, como Karl Rove, llegaban a susurrar confidencialmente a la prensa que Estados Unidos se había convertido en un imperio capaz de crear su propia realidad.
Sin embargo, a medida que las guerras de Irak y Afganistán derivaron en empantanamientos sangrientos, costosos y profundamente impopulares entre los votantes, aquellos apologistas del imperio se vieron obligados a replegarse. La norma de la negación recuperó momentáneamente su dominio en el discurso público. Tuvo que ser la administración Trump la que rescatara aquellos postulados abandonados en el desván de la teoría de la política exterior de EE.UU., extrayéndolos de los seminarios universitarios para transformarlos en la doctrina oficial del Estado. La diferencia fundamental radica en que, mientras los neoconservadores de principios de siglo argumentaban que el imperio era un deber moral para exportar la democracia, el nuevo imperio reivindicado por la Casa Blanca se desprende de todo mesianismo democratizador para centrarse en el beneficio exclusivo, la seguridad nacional y la extracción de ventajas geoeconómicas.
De Roosevelt a la reclamación de Guam, Puerto Rico y Cuba
El marco conceptual de este nuevo imperialismo quedó fijado de forma nítida durante una gira presidencial efectuada a principios de julio por la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt. En un entorno cargado de simbolismo histórico, el presidente estadounidense rindió homenajes repetidos al mandatario que a comienzos del siglo veinte transformó la Marina de Estados Unidos en una flota global y orquestó la separación de Panamá respecto de Colombia para hacerse con el control de la Zona del Canal, una maniobra que la actual Casa Blanca califica de forma abierta como uno de los mayores logros en la historia del país.
Al rememorar la Guerra de mil ochocientos noventa y ocho contra España, el discurso presidencial abandonó cualquier lenguaje diplomático para catalogar las posesiones insulares de la nación con la frialdad de un inventario territorial. Al referirse a Guam y Puerto Rico, el mandatario admitió explícitamente su estatus al señalar que los tenemos a todos y recordar que ambos territorios continúan funcionando como dependencias bajo la soberanía de Washington. Pero el punto de mayor fricción diplomática se produjo cuando la retórica de la Casa Blanca fijó la mirada en la anexión territorial de Cuba, un país sobre el cual la administración ha comenzado a proyectar abiertas intenciones de control directo, asegurando ante los medios que tras muchas décadas la isla se está acercando finalmente a la órbita de dominación estadounidense.
Esta fijación con la expansión territorial representa una ruptura radical con la tradición diplomática de las últimas décadas. Al elogiar la figura de Theodore Roosevelt por arrebatar colonias a las potencias europeas y apoderarse de franjas estratégicas en América Central, la administración Trump no solo está reinterpretando el pasado, sino enviando una señal inequívoca a los gobiernos del hemisferio occidental. Las soberanías nacionales de América Latina y el Caribe ya no son vistas en Washington como fronteras inviolables bajo el derecho internacional y soberanía, sino como zonas de influencia natural propensas a ser intervenidas, moldeadas o reordenadas si los intereses estratégicos de la superpotencia así lo exigen.
La reinterpretación de los padres fundadores
Con el objetivo de otorgar una pátina de legitimidad constitucional y filosófica a esta deriva expansionista, los ideólogos del régimen han recurrido a una elaborada maniobra de recontextualización histórica. El encargado de armar el andamiaje intelectual de la nueva doctrina fue Elbridge Colby, alto funcionario del Departamento de Guerra, quien durante una conferencia de ministros de defensa defendió que Estados Unidos es, tal como lo concibieron los padres fundadores, un imperio de libertad para sí mismo, precisando que formulaba esa afirmación con orgullo y no con arrogancia.
La invocación del concepto acuñado originalmente por figuras como Thomas Jefferson o John Adams no es casual. Tanto Jefferson como Adams utilizaron dicha formulación a finales del siglo dieciocho para describir el proyecto político emergente de las trece colonias. Sin embargo, el esfuerzo de la administración por desvincular esta noción del imperialismo tradicional choca frontalmente con la evidencia histórica. Colby argumentó que el país no necesita posesiones o dependencias imperiales para ser un imperio de libertad, pero la propia trayectoria del expansionismo territorial americano demuestra que la posesión de territorios, la anexión de tierras y el sometimiento de poblaciones han estado inscritos en el ADN del proyecto nacional desde sus orígenes.
Cuando Jefferson trazó la visión de un imperio de la libertad, el concepto no implicaba una coexistencia pacífica entre naciones soberanas, sino la marcha imparable de los colonos sobre el continente americano. La libertad para los colonos supuso invariablemente el despojo, la expulsión y el exterminio de las naciones indígenas que habitaban esos territorios. En sus propios escritos, Jefferson fue brutalmente explícito sobre el coste de esa expansión, dejando constancia de que si la nación se veía obligada a levantar el hacha contra cualquier tribu indígena, no la depositaría hasta que dicha tribu fuera totalmente exterminada o expulsada más allá del río Misisipi. La apelación al imperio de la libertad realizada hoy por la Casa Blanca recupera esa misma lógica excluyente: una libertad reservada para el núcleo dominante que se financia a expensas de la soberanía y la existencia de los pueblos periféricos.
Ejecuciones extrajudiciales y desprecio al derecho internacional
La adopción de la retórica imperialista por parte del Poder Ejecutivo no se ha quedado en el terreno de las palabras; ha permeado de forma directa la actuación operativa de las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Bajo la cobertura conceptual del Imperio Primero, la administración ha cultivado una cultura imperial militarizada caracterizada por un desprecio absoluto hacia el derecho internacional, las convenciones multilaterales y las normas mínimas del debido proceso.
Las operaciones militares estadounidenses en aguas del Caribe y del Pacífico Oriental se han convertido en el campo de pruebas de esta nueva impunidad imperial. Mandos militares y unidades de operaciones especiales llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales, abordajes marítimos no autorizados y ataques con drones de manera rutinaria, exhibiendo posteriormente los resultados de estas acciones letales en comunicados oficiales como demostraciones de fuerza inexpugnable. Esta práctica provocó la reacción del senador demócrata Tim Kaine, quien en una comparecencia ante el Congreso denunció con alarma que el ejército de los Estados Unidos está matando gente en la región y, por primera vez en la historia moderna, se jacta públicamente de ello.
El desdén de la Casa Blanca hacia las estructuras legales globales se manifiesta asimismo en las abiertas amenazas lanzadas contra líderes extranjeros y en la disposición de la administración a contemplar acciones que el derecho internacional califica de crímenes de guerra e intervencionismo. Al despojar a la política exterior de cualquier pretensión de superioridad moral o apego a las leyes comunitarias, el Gobierno norteamericano asume el comportamiento típico de las potencias imperiales en decadencia: la sustitución del consenso diplomático y la legitimidad institucional por el uso desnudo, abierto e intimidatorio del poder militar coercitivo.
Consolidación del 'Imperio Primero'
A pesar de la magnitud de este giro doctrinal, la respuesta institucional desde el Capitolio se ha caracterizado por un preocupante nivel de parálisis y complicidad implícita. Las cúpulas de ambos partidos en el Congreso de los Estados Unidos se han abstenido de articular una condena firme o una investigación legislativa rigurosa contra la adopción de esta agenda abiertamente imperialista. Paralizados por la polarización política y temerosos de ser tachados de antipatriotas en un momento de exaltación de los símbolos nacionales, los legisladores han dejado el campo libre para que el Poder Ejecutivo consolide su narrativa sin apenas contrapesos.
Esta pasividad del Poder Legislativo está permitiendo que la estrategia de hegemonía estadounidense eche raíces profundas en la burocracia estatal y en el aparato de defensa. Lo que comenzó como un conjunto de declaraciones provocadoras dictadas desde el podio del National Mall se está codificando rápidamente en directivas de seguridad nacional, programas de adquisición armamentística y manuales de despliegue estratégico. La Casa Blanca ha demostrado que ya no necesita que sean los consultores externos, los columnistas de prensa o los centros de pensamiento los que hagan el trabajo sucio de justificar la dominación global; el propio presidente se ha colocado a la cabeza de la cruzada, desempeñando el papel principal en la construcción de la apología imperial.
La transformación de Estados Unidos en un imperio autodeclarado altera de forma irreversible el equilibrio geopolítico mundial. En un momento en que la comunidad internacional enfrenta la fragmentación del orden multilateral, la irrupción de una superpotencia que reivindica formalmente la conquista, el control colonial y la acción unilateral sitúa al resto de las naciones ante una encrucijada peligrosa. Para América Latina y el resto del mundo en desarrollo, el retorno del lenguaje imperialista a las altas esferas del poder en Washington no representa una mera curiosidad ideológica, sino el anuncio sombrío de una era dominada por la fuerza bruta, la vulneración de las fronteras y la resurrección de las formas más descaradas de la hegemonía regional.
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