La historia del asalto al Capitolio perpetrado por las turbas trumpistas el 6 de enero de 2021 suele contarse en imágenes: la turba irrumpiendo en el Congreso, las ventanas rotas, los policías golpeados, los congresistas evacuados entre gritos y sirenas. Mucho menos se habla de la factura económica y política de aquella jornada, y todavía menos de la segunda ola de costes que se está gestando desde la propia administración de Donald Trump, decidido a convertir a los insurrectos en un colectivo agraviado que merece compensación estatal. La paradoja es demoledora: quienes atacaron al Estado no solo han sido indultados, sino que ahora buscan que ese mismo Estado les pague indemnizaciones millonarias, con el propio gobierno actuando como abogado y pagador de quienes dinamitaron uno de los símbolos centrales de la democracia estadounidense.
Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), la insurrección del 6 de enero de 2021 generó unos 2.700 millones de dólares en costes acumulados: daños físicos al complejo del Capitolio, refuerzo de seguridad, despliegues federales y locales, horas extraordinarias, investigaciones, procedimientos judiciales y medidas de prevención posteriores. Si se repartiera esa cantidad entre las aproximadamente 1.270 personas que se declararon culpables o fueron condenadas por delitos vinculados al asalto, cada una debería al erario más de 2,1 millones de dólares. Sin embargo, el sistema penal estadounidense nunca se acercó siquiera a exigir esa responsabilidad individual. Las cuantías de restitución fijadas por los tribunales se movieron en una horquilla irrisoria: entre 500 y 2.000 dólares por persona, cifras que un juez federal llegó a calificar como claramente tímidas en comparación con la agresividad habitual del gobierno al exigir restitución en otros casos.
El resultado es una brecha escandalosa entre el daño causado y lo efectivamente recuperado. Cuatro años después del asalto, el Departamento de Justicia sumaba alrededor de 1,2 millones de dólares en restituciones y multas impuestas en todas las causas del 6 de enero. De esa cantidad, los insurrectos habían pagado poco más de 665.000 dólares. Traducido en porcentaje, estamos hablando de cargos de restitución que apenas alcanzan el 0,044% del coste estimado del ataque y de un reembolso real que se queda en un raquítico 0,025%. El resto lo paga el contribuyente. La democracia, literalmente, financia la reparación de los daños que le infligieron quienes intentaron subvertirla.
A ese desequilibrio económico se suma un desequilibrio político aún mayor. El regreso de Trump a la Casa Blanca se ha traducido en un gesto inaugural tan simbólico como devastador: una oleada de indultos masivos a casi todos los acusados del 6 de enero, firmada el primer día de su nuevo mandato. Esos indultos no solo limpian condenas y antecedentes; también eliminan cualquier posibilidad de cobrar la restitución pendiente, porque borran las obligaciones económicas asociadas a las sentencias. Con un plumazo, la ya exigua contribución de los insurrectos a reparar el daño se convierte en nada. La factura del ataque queda definitivamente a cargo de los que no participaron: el conjunto de los estadounidenses.
Pero el giro más inquietante llega después. Una vez indultados, muchos insurrectos no se conforman con ser exonerados de sus deudas. Dan un paso más y comienzan a reclamar que el Estado les devuelva lo poco que llegaron a pagar en multas y restituciones, alegando ante los tribunales que el indulto les da derecho a recuperar el dinero abonado. La mayoría de los jueces ha rechazado estas pretensiones, apoyándose en precedentes tan antiguos como Knote v. United States (1877), donde el Tribunal Supremo dejó claro que un indulto no obliga al Tesoro a devolver las cantidades ya ingresadas.
Sin embargo, el comportamiento del propio Departamento de Justicia bajo Trump dibuja un escenario mucho más ambiguo. Lejos de cerrar la puerta a las reclamaciones, el DOJ ha respaldado los esfuerzos de recuperación de varios indultados del 6 de enero, apoyando recursos y aceptando la posibilidad de reembolsar parte de las restituciones en determinados casos. Una apelación clave está en estos momentos ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia: si ese tribunal abre la puerta a la devolución de restituciones, el mensaje a los insurrectos será claro y peligroso: seguir reclamando compensa.
La segunda línea de ataque de los insurrectos contra el erario público son las demandas millonarias por supuestas irregularidades en su persecución penal. Varios de ellos han acudido a los tribunales exigiendo cantidades que van desde 5 millones hasta 3.500 millones de dólares, invocando presuntas violaciones constitucionales, abusos en la recopilación de datos, fallos en la emisión de órdenes de dispersión o vulneraciones de leyes como la de Privacidad o la de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Los jueces han rechazado de forma contundente la mayoría de esas demandas, en muchos casos calificándolas de infundadas. Pero el volumen y la agresividad de las reclamaciones muestran hasta qué punto el relato se ha invertido: quienes agredieron la sede del poder legislativo se presenten ahora como víctimas del “armamento” del Estado, merecedoras de compensaciones millonarias.
El episodio del llamado “fondo anti‑armamento” (o, más crudamente, fondo para sobornos) empuja esa lógica al límite. A través de un acuerdo en apariencia técnico vinculado a la demanda Trump v. IRS, la administración trató de crear un fondo de casi 1.800 millones de dólares destinado, en la práctica, a compensar a quienes alegan haber sido perseguidos de forma abusiva por el Estado. Entre ellos, por supuesto, los insurrectos del 6 de enero. Trump llegó a hablar públicamente de un “fondo de compensación para los acusados del 6 de enero”, porque —en palabras de sus propios representantes— “les gusta mucho ese grupo de personas”.
La creación del fondo se celebró abiertamente entre los ambientes pro‑Trump: líderes de los Proud Boys y otros insurrectos lo acogieron como una vía paralela para recibir dinero sin tener que superar los obstáculos del litigio tradicional. Algunos incluso se quejaron de que los 1.800 millones eran “calderilla” y reclamaron más. La indignación bipartidista y una orden judicial acabaron obligando a la administración a dar marcha atrás, al menos en apariencia. Pero lo importante no es solo que el fondo fuera desactivado: es el mensaje que deja tras de sí. El presidente considera que los acusados del 6 de enero “deberían ser reembolsados por un gobierno corrupto” y está dispuesto a experimentar con instrumentos financieros y jurídicos para lograrlo.
Ahí entra en escena una pieza menos visible y mucho más peligrosa del engranaje institucional estadounidense: la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA). Esta norma permite a cualquier ciudadano reclamar compensación al gobierno federal por daños causados por empleados públicos, incluidos policías y agentes de investigación, cuando se cumplen determinados requisitos. En principio, la FTCA está pensada para garantizar que el Estado no pueda actuar impunemente cuando vulnera derechos. En manos de la administración Trump y de los insurrectos del 6 de enero, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en una autopista secreta de pagos compensatorios.
El procedimiento es sencillo en su diseño y opaco en su práctica. Primero, los demandantes deben presentar una reclamación administrativa ante la agencia federal responsable de la supuesta lesión, en este caso el Departamento de Justicia, que ya ha mostrado su disposición a reembolsar restituciones y a cerrar acuerdos financieros con actores vinculados al 6 de enero. La agencia puede resolver el reclamo sin que el caso llegue al tribunal, incluso mediante pagos con cargo al Fondo de Sentencias, una partida presupuestaria federal diseñada para cubrir acuerdos y condenas contra el gobierno. Solo si la agencia rechaza la reclamación por escrito o pasan seis meses sin respuesta, el demandante puede presentar demanda ante los tribunales.
Este diseño tiene una consecuencia política explosiva: permite a la administración negociar en secreto acuerdos económicos con los insurrectos, sin necesidad de pasar por el escrutinio judicial previo ni por el control público. En teoría, el Tesoro está obligado a publicar información detallada sobre los pagos del Fondo de Sentencias, incluyendo nombres de los beneficiarios y descripción de los hechos. En la práctica, tanto bajo Trump como bajo Biden, el Departamento del Tesoro ha alegado que la Ley de Privacidad le impide revelar esos datos y solo difunde cifras agregadas y descripciones genéricas. Es decir, el mecanismo que debería garantizar transparencia se ha transformado en una caja negra desde la que se pueden canalizar millones sin que el ciudadano sepa quién los recibe ni por qué.
La administración Trump ya ha demostrado que está dispuesta a usar la FTCA y el Fondo de Sentencias para recompensar a aliados clave, incluso cuando los tribunales han rechazado sus reclamaciones. El caso del exasesor de seguridad nacional Michael Flynn es paradigmático: pese a haberse declarado culpable en dos ocasiones de mentir a agentes federales y después de que un tribunal de distrito desestimara sus demandas bajo la FTCA, el gobierno acordó pagarle 1,25 millones de dólares para cerrar el caso. Otro ejemplo es el exasesor de campaña Carter Page, que vio cómo tanto un tribunal de primera instancia como uno de apelación tumbaban sus reclamaciones, pero aun así recibió otros 1,25 millones de dólares como parte de un acuerdo. No es difícil imaginar qué puede ocurrir cuando el mismo patrón se aplica a los insurrectos del 6 de enero.
La administración ya ha pactado casi 5 millones de dólares en un acuerdo de la FTCA con la familia de Ashli Babbitt, la mujer que murió por disparos de la Policía del Capitolio mientras trataba de atravesar una puerta interior el 6 de enero. Pese a que varias investigaciones oficiales concluyeron que el agente actuó dentro de los protocolos y sin irregularidades, el gobierno ha optado por cerrar el caso con una cuantía significativa. Y mientras se desactivaba el fondo “anti‑armamento” tras el escándalo público, fuentes internas señalaban que el equipo de Trump estaba interesado en apoyar y resolver litigios de la FTCA que pudieran servir como canal alternativo de pagos.
Lo que está en juego va más allá de cifras concretas. Las reclamaciones ligadas al 6 de enero bajo la FTCA empiezan a acumularse: nueve acusados piden un mínimo de un millón de dólares cada uno por presuntos procesamientos maliciosos y violaciones en el manejo de bienes incautados; otro condenado por agredir a agentes con un arma peligrosa reclama al menos 2,5 millones por supuestos abusos físicos y acoso; un tercer grupo de demandantes presenta reclamaciones administrativas que suman 18,4 millones por supuestos daños infligidos por la Policía del Capitolio. El líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, ha señalado abiertamente que resolver estas demandas puede reportar “mucho más dinero” que el propio fondo para sobornos que se intentó montar y fracasó.
El problema, desde el punto de vista institucional, es doble. Por un lado, los tribunales han rechazado de manera unánime las defensas por procesamiento malicioso, selectivo o vengativo cuando los acusados del 6 de enero las plantearon en sus juicios penales. Por otro, la FTCA permite que ese mismo argumento se recicle en el terreno administrativo, donde la agencia puede optar por pagar para cerrar el asunto sin una sentencia clara que avale la existencia de irregularidades. El resultado es un bypass del sistema judicial: lo que los jueces niegan en público puede convertirse en un cheque firmado en privado.
Lo que se está construyendo es un relato inverso de la responsabilidad: los insurrectos pasan de ser autores de un ataque a la democracia a ser presentados como víctimas del “Estado armado”, merecedoras de reparación económica. Trump y su entorno explotan la retórica del “armamento del gobierno” —la idea de que el aparato estatal se usa para perseguir a los patriotas— para justificar una política de indemnizaciones hacia los suyos. Y lo hacen utilizando instrumentos legales diseñados originalmente para proteger a los ciudadanos frente a abusos reales del poder, no para recompensar a quienes rompieron ventanas, agredieron policías y trataron de impedir la transferencia pacífica del poder.
La dimensión ideológica es clara: se invierte la lógica del Estado de derecho. La ley deja de ser un marco que sanciona el ataque a las instituciones y se convierte en un instrumento para compensar a quienes atacaron, en nombre de una supuesta lucha contra el “Estado profundo” y el “gobierno corrupto”. El mensaje que se envía es devastador: si estás en el lado correcto del poder, puedes asaltar el Capitolio, ser indultado, librarte de tus deudas y, con un poco de suerte, cobrar millones por los supuestos sufrimientos que te causó el proceso penal.
Frente a esa deriva, la única respuesta sólida no puede venir solo de los tribunales, porque el diseño de la FTCA y del Fondo de Sentencias da a la administración un margen de maniobra considerable para pactar acuerdos sin control previo. Es el Congreso quien tiene que intervenir para reformar el Fondo de Sentencias, clarificar y ampliar las exigencias de publicidad de los pagos, imponer techos o condiciones adicionales a las cuantías más elevadas y establecer mecanismos de supervisión parlamentaria o judicial sobre los acuerdos que impliquen cifras millonarias, especialmente cuando se refieren a personas implicadas en ataques contra el orden constitucional.
En definitiva, lo que revela este entramado jurídico‑económico es que la batalla del 6 de enero no terminó con las sentencias penales ni con los indultos. Se ha desplazado al terreno silencioso de los fondos federales y las reclamaciones administrativas, donde se juega otra parte crucial de la disputa por el sentido de la democracia estadounidense: ¿deben los recursos públicos servir para reforzar el mensaje de que ningún ataque al sistema quedará impune, o pueden utilizarse para premiar a quienes lo pusieron en jaque si son aliados del presidente de turno? Mientras esa pregunta no se responda con reformas claras y con transparencia radical, el contribuyente seguirá siendo el invitado invisible en esta historia: paga la factura del asalto al Capitolio y corre el riesgo de financiar, además, la recompensa económica de quienes lo protagonizaron.
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