En las democracias consolidadas suele asumirse que los mecanismos excepcionales del poder (el indulto, la amnistía, la conmutación de penas) existen para corregir injusticias, no para institucionalizarlas. Estados Unidos, con su larga tradición de clemencia presidencial, ha tratado históricamente de equilibrar la prerrogativa constitucional con un proceso burocrático laborioso, lento y, en teoría, igualitario.
El segundo mandato de Donald Trump ha dinamitado ese mito con una explicitud poco habitual. No ha destruido el sistema: simplemente lo ha utilizado de la manera más descarnada y directa en la que muchos de sus predecesores insinuaron que podía usarse. El resultado es un país donde la clemencia se ha convertido en una moneda cuyo valor depende menos de los méritos jurídicos de un caso que de la cercanía política con el presidente, donde el proceso formal se ha vuelto irrelevante y donde miles de peticionarios se encuentran atrapados en un limbo administrativo que ya ni siquiera finge funcionar.
El procedimiento oficial, basado en formularios extensos, años obligatorios de espera, criterios de rehabilitación y evaluaciones de fiscales y jueces, sobrevive hoy como una ficción administrativa. Casi diez mil estadounidenses han solicitado un indulto o una conmutación desde que Trump tomó posesión, una cifra desorbitada que excede por mucho la capacidad operativa de la Oficina del Abogado de Indultos, responsable teórica de procesar estas peticiones. El Departamento de Justicia sostiene que continúa revisándolas de forma “minuciosa”, pero los hechos apuntan en otra dirección: el centro real de decisión se ha desplazado a la Casa Blanca, que ha levantado una red paralela, informal y sin reglas, donde las solicitudes ya no se evalúan, sino que se canalizan a través de intermediarios con acceso político.
En este nuevo ecosistema, la mayoría de los beneficiados por la clemencia comparten una característica esencial: su proximidad al presidente o a su entorno. Trump ha favorecido a aliados políticos implicados en los esfuerzos por revertir las elecciones de 2020, a asaltantes del Capitolio, a donantes y empresarios con vínculos con Mar-a-Lago y a figuras vinculadas a la cultura de la “guerra contra el woke”. También ha mostrado una afinidad notable por condenados por delitos financieros, un grupo ideológicamente compatible con su visión de la economía y del emprendimiento. Las clemencias simbólicas, que absuelven moralmente pero no detienen procedimientos penales estatales, refuerzan la idea de que el indulto ha dejado de ser un acto de justicia para convertirse en un gesto político.
Casos como la conmutación otorgada a George Santos, condenado por fraude y reincorporado apenas tras unas semanas en prisión, o el indulto a Changpeng Zhao, fundador de Binance, cuyas conexiones financieras y políticas alimentaron todo tipo de rumores, ilustran el funcionamiento del sistema. Lo determinante no es el tipo de delito ni el grado de rehabilitación: lo decisivo es la capacidad para acceder a un circuito privado de influencia. Esta estructura de intermediación, en la que figuras como Alice Marie Johnson sirven de rostro amable mientras operadores políticos como Ed Martin actúan como gestores informales, opera en una zona de opacidad casi absoluta. Abogados especializados en indultos admiten que ya no saben a quién dirigir sus expedientes y que el proceso, tal como existía, ha dejado de ser reconocible.
Las consecuencias económicas y legales de este patrón son profundas. Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes estima que los indultos de este mandato han anulado más de 1.300 millones de dólares en indemnizaciones y restituciones, una cifra que la Casa Blanca discute, pero cuyo impacto se siente en centenares de víctimas de delitos económicos que ahora carecen de vías para recuperar sus pérdidas. La Comisión de Bolsa y Valores, dirigida por designados de Trump, ha retirado además demandas civiles que podrían haber recuperado parte de esos fondos, lo que agrava la sensación de un sistema que privilegia a los infractores conectados sobre los damnificados anónimos.
En paralelo, miles de peticionarios que han seguido fielmente las reglas del proceso formal continúan atrapados en un limbo que roza lo kafkiano. Se trata de personas que cumplían condenas menores hace décadas, veteranos que buscan restaurar sus derechos civiles o trabajadores cuya vida laboral está limitada por un antecedente penal remoto. Han esperado los años requeridos, han demostrado rehabilitación y han presentado solicitudes conforme a la normativa. Ninguno recibe respuesta. Para ellos, la clemencia es hoy un mecanismo inaccesible, porque el procedimiento institucional ha sido desplazado por una red política que no admite intermediarios sin valor estratégico.
Paradójicamente, Trump tuvo en sus manos la posibilidad de reformar el sistema de manera duradera. En 2018, una coalición inusual que abarcaba desde figuras conservadoras como Leonard Leo hasta académicos progresistas coincidió en que el proceso necesitaba una reestructuración profunda: mayor transparencia, criterios públicos, autonomía del Departamento de Justicia y una comisión independiente que garantizara la imparcialidad. Era una de esas oportunidades raras en la que el consenso bipartidista parecía alcanzable. Sin embargo, la propuesta se desvaneció con el tiempo. La reforma murió en el terreno donde Trump se siente menos cómodo: el de la institucionalidad prolongada y la administración metódica.
La clemencia presidencial se ha transformado así en un lenguaje político. Indultar el primer día de mandato a los condenados del asalto al Capitolio fue una declaración de principios: lo que el sistema penal determina, el presidente puede deshacerlo. Más que un instrumento jurídico, la clemencia es hoy un gesto ideológico, un mensaje dirigido tanto a sus seguidores como a sus detractores, una forma de recalibrar las lealtades y de reforzar la idea de que el Ejecutivo está por encima de las instituciones.
Esta erosión no debe interpretarse solo como un problema aislado. La crisis del sistema de indultos revela una distorsión más profunda del equilibrio institucional estadounidense: un deterioro de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y una creciente desconfianza hacia los mecanismos que tradicionalmente servían como contrapeso. La clemencia, concebida como una herramienta excepcional para corregir fallos del sistema, se ha convertido en un vector más de polarización, donde la justicia es reinterpretada según afinidades políticas.