Donald Trump ha decidido conservar durante otro año una de las herramientas más antiguas de la política estadounidense contra Cuba. El presidente de Estados Unidos ha prorrogado hasta el 14 de septiembre de 2027 determinadas facultades de la Ley de Comercio con el Enemigo que sostienen las restricciones económicas sobre la isla, alegando que mantenerlas responde al «interés nacional» de Estados Unidos. La decisión fue firmada el 20 de agosto y publicada este martes.
La prórroga tiene algo de trámite administrativo, pero adquiere otro significado dentro de la política que Trump está desplegando hacia La Habana. No introduce por sí misma un nuevo paquete de sanciones, sino que mantiene la cobertura jurídica de las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos, uno de los instrumentos fundamentales del entramado que limita desde hace décadas las relaciones comerciales y financieras entre ambos países.
La decisión llega, además, apenas unos días después de una nueva ampliación de las sanciones estadounidenses contra Cuba. El pasado 20 de agosto, Washington anunció medidas contra funcionarios y entidades estatales vinculadas, entre otros ámbitos, a los sectores de la minería, los metales y la construcción. La Administración republicana ha endurecido durante este año su estrategia y en enero llegó a declarar que las actuaciones del Gobierno cubano constituyen una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
Una política que sobrevive a las décadas
La referencia legal elegida por Washington resulta especialmente elocuente. La Trading with the Enemy Act fue aprobada en 1917, aunque las restricciones contra Cuba comenzaron décadas después y fueron ampliándose hasta conformar el embargo que continúa vigente. Su arquitectura jurídica se reforzó posteriormente mediante otras leyes, por lo que ningún presidente puede levantar por sí solo todo el entramado de sanciones.
La renovación anual de estas facultades tampoco nació con Trump. Administraciones republicanas y demócratas las han prorrogado sucesivamente. La diferencia está en el contexto político en el que se produce ahora. Trump no está administrando una herencia de la Guerra Fría con intención de reducirla, sino que ha convertido la presión económica en uno de los ejes de su política hacia Cuba.
Ese endurecimiento coincide con una situación particularmente delicada dentro de la isla. Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética, marcada por apagones, dificultades de abastecimiento y escasez de combustible. En mayo, las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo contribuyeron a agravar una crisis energética que provocó protestas en distintos barrios de La Habana.
Las responsabilidades del Gobierno cubano en el deterioro económico del país, su modelo político y sus restricciones a las libertades pueden y deben analizarse por separado. Nada de ello convierte en inocuas unas sanciones económicas que terminan proyectándose sobre una población sometida ya a enormes dificultades materiales. Castigar a un Gobierno y deteriorar las condiciones de vida de quienes viven bajo él son objetivos bastante menos fáciles de separar de lo que suele sugerir la retórica de Washington.
La Habana acusa a Washington de intentar asfixiar al país
El Gobierno cubano ha reaccionado con dureza. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, ha calificado el embargo de «política genocida» y sostiene que la renovación confirma la intención estadounidense de «asfixiar» económicamente a Cuba. La Habana considera que la presión impulsada por Trump atraviesa uno de sus momentos más duros de los últimos años.
La posición cubana encuentra respaldo en un dato difícil de ignorar. La Asamblea General de Naciones Unidas volvió a reclamar en octubre de 2025 el levantamiento del embargo estadounidense. La resolución obtuvo 165 votos favorables, siete en contra y doce abstenciones, en la trigésima tercera ocasión en que la ONU se pronunciaba contra estas medidas.
Trump ha elegido el camino contrario. Frente al acercamiento ensayado durante la presidencia de Barack Obama, su Administración vuelve a apostar por sanciones, presión económica y aislamiento. Más de sesenta años después, Washington continúa recurriendo a una política que no ha conseguido provocar el cambio político que decía perseguir en Cuba, pero que sigue teniendo consecuencias concretas sobre la economía de la isla.
La nueva prórroga durará formalmente doce meses. La política que representa lleva sobreviviendo a presidentes, crisis internacionales y generaciones enteras de cubanos. Trump no parece dispuesto a preguntarse por sus resultados. Su decisión consiste, sencillamente, en prolongarla.
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