Las revelaciones publicadas por Diario Sabemos sobre los vínculos financieros de altos funcionarios de la Administración Trump apuntan a un fenómeno más amplio que trasciende a cualquier administración: la consolidación de un capitalismo político profundamente integrado en la burocracia trumpista. Las declaraciones financieras públicas muestran hasta qué punto el gobierno federal se ha convertido en un punto de encuentro entre élites empresariales, tecnológicas y financieras.
Un ejemplo ilustrativo se encuentra en el Pentágono. Marc Berkowitz, subsecretario de Defensa para Política Espacial, trabajó anteriormente en Lockheed Martin, uno de los gigantes mundiales del sector aeroespacial. Cuando fue confirmado en su cargo, poseía entre uno y cinco millones de dólares en acciones de la empresa. La coincidencia resulta especialmente significativa porque Lockheed es uno de los principales aspirantes a participar en el sistema antimisiles Golden Dome.
Aunque Berkowitz prometió vender sus acciones y abstenerse de decisiones relacionadas con la compañía, la situación refleja un patrón habitual en Washington: la circulación constante de talento entre industria y gobierno.
El fenómeno no se limita al sector de defensa. En la política comercial, por ejemplo, el actual representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ocultó la identidad de más de 50 clientes de su etapa en el influyente bufete King & Spalding, citando normas de confidencialidad profesional.
Del mismo modo, Kwan Kim, asesor principal en la misma oficina, mantuvo en secreto los nombres de más de 50 empresas a las que representó cuando trabajaba en Covington & Burling, uno de los bufetes más influyentes en el comercio internacional.
Estas omisiones no son necesariamente ilegales. Las normas profesionales de los abogados pueden obligar a preservar la confidencialidad de sus clientes. Sin embargo, desde la perspectiva de la transparencia pública, la falta de información impide evaluar si un funcionario está beneficiando a antiguos intereses corporativos.
Para los grupos de vigilancia ética, ese tipo de opacidad crea lo que llaman una “zona gris regulatoria”. Los reguladores pueden tomar decisiones que afectan directamente a sectores donde antes trabajaban, mientras el público carece de la información necesaria para detectar posibles conflictos.
Paradójicamente, este sistema híbrido entre gobierno y sector privado también ha contribuido a la eficacia del Estado estadounidense. La experiencia empresarial ha sido durante décadas una fuente importante de talento técnico para la administración. El problema surge cuando la frontera entre experiencia y captura regulatoria se vuelve indistinguible. En el caso del Golden Dome, esa cuestión no es solo filosófica. Está respaldada por contratos por valor de cientos de miles de millones de dólares.