En diplomacia, el contexto importa tanto como las palabras. Y cuando quien habla tiene un historial marcado por la confrontación, el efecto del mensaje se amplifica. El llamamiento de Donald Trump a los manifestantes iraníes para que “tomen las instituciones” y la referencia ambigua a que “la ayuda está en camino” no llegan en un momento cualquiera. Se producen en medio de protestas reprimidas con dureza en Irán, pero también en un escenario internacional donde la injerencia exterior ha dejado de ser una excepción para convertirse en un recurso habitual.
El mensaje del expresidente estadounidense no es solo retórico. Coloca a Estados Unidos en una posición conocida, la de actor externo que interviene en crisis internas ajenas invocando el apoyo a la ciudadanía. El problema no es la denuncia de la represión, sino el modo y el marco desde el que se formula. En una situación ya frágil, este tipo de declaraciones tienden a añadir tensión más que a proteger a quienes protestan.
Derechos humanos y cálculo político
El respaldo internacional a movilizaciones frente a regímenes autoritarios siempre plantea una línea delicada. En el caso iraní, las denuncias de organizaciones de derechos humanos son graves: centenares de muertos, miles de detenidos y un patrón de represión sostenida. Ese contexto exige atención y presión diplomática. Pero el tono del mensaje de Trump va más allá. No se limita a exigir respeto a derechos fundamentales, sino que introduce un llamamiento directo a la toma del poder, un paso que desborda el terreno de la solidaridad.
No es un escenario nuevo. La experiencia acumulada en Oriente Próximo muestra que la utilización del lenguaje de la libertad con fines estratégicos suele tener efectos contraproducentes. Lejos de proteger a la población civil, refuerza a menudo a los gobiernos señalados, que encuentran en la injerencia externa un argumento eficaz para cerrar filas y criminalizar la protesta interna.
La reacción de Teherán fue inmediata. Las autoridades señalaron a Trump y al primer ministro de Israel como responsables directos de la violencia, reforzando una narrativa que presenta las protestas como parte de una conspiración exterior. El riesgo es evidente: demandas nacidas de problemas internos —económicos, sociales, políticos— quedan subsumidas en un pulso geopolítico que poco tiene que ver con quienes salen a la calle.
La ambigüedad sobre la “ayuda” prometida tampoco es inocua. En la tradición de la política exterior estadounidense, esa expresión ha servido para justificar desde sanciones más severas hasta operaciones encubiertas. Que Washington admita que “no descarta ninguna alternativa” introduce un factor de incertidumbre en un contexto ya extremadamente volátil.
El problema de fondo no es quién denuncia la represión, sino con qué credibilidad y con qué objetivos. La trayectoria de Trump en materia de derechos humanos —marcada por la selectividad y el uso instrumental— dificulta que su respaldo sea percibido como desinteresado. La solidaridad pierde fuerza cuando se confunde con intervención.
Las protestas en Irán plantean un dilema complejo a la comunidad internacional: cómo acompañar las demandas legítimas de la sociedad civil sin apropiarse de ellas. Mensajes como el de Trump no ayudan a resolverlo. Más bien lo complican, desplazando el foco desde la protección de las personas hacia la disputa por el poder.
El riesgo final no es solo una escalada externa. Es que la causa de quienes protestan quede atrapada entre la represión interna y la instrumentalización internacional, un espacio donde la retórica de apoyo acaba funcionando, en la práctica, como un factor más de inestabilidad.