La libertad de expresión en Estados Unidos afronta su semana más tensa desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La suspensión “indefinida” del programa de late night de Jimmy Kimmel por parte de ABC (con todos los vídeos censurados) —tras presiones públicas y veladas desde el entorno gubernamental— se ha convertido en el caso más visible de una estrategia más amplia: advertencias regulatorias, intentos de retirar licencias de emisión, vetos y demandas millonarias contra medios y periodistas críticos. Todo ello, acelerado tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, crimen que el presidente atribuye a la “izquierda radical” y que ha usado como palanca para redoblar el pulso a voces disidentes.
La secuencia es inequívoca. Después de que Kimmel hiciera comentarios a raíz del caso Kirk, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, el regulador que valida las licencias de radio y televisión), sugirió públicamente que ABC debía apartar al presentador y que, si no lo hacía, el Gobierno actuaría. A las pocas horas, una red de cadenas afiliadas anunció que dejaría de emitir el late night, y ABC consumó la suspensión. En paralelo, Trump celebró la decisión y planteó retirar licencias a cadenas cuyos presentadores “hablan negativamente” de él.
Our White House correspondent asked a "very good question" on May's historic border numbers according to President Trump 🔥🔥
— Charlie Kirk (@charliekirk11) June 18, 2025
TRUMP: "I like you, who are you with?"
A: "Turning Point USA, sir."
TRUMP: "Well they're very good, Turning Point, Charlie. See that's what I call a… pic.twitter.com/g2wqxKej4m
Qué está en juego (y por qué importa)
Para cualquier ciudadano, términos como FCC o “afiliadas” pueden sonar lejanos. Pero su papel es clave. La FCC decide quién puede operar una emisora. Las grandes cadenas (ABC, CBS, NBC, Fox) dependen de centenares de televisiones locales que retransmiten su señal. Si quienes controlan licencias y fusiones sugieren que un contenido “no conviene”, las direcciones de las cadenas sienten la presión donde más duele: en su capacidad de emitir, en su negocio publicitario y en operaciones corporativas pendientes. No hace falta una ley mordaza para enfriar el discurso público; basta con que suficiente gente con micrófonos y licencias actúe como si existiera.
BREAKING: The FCC Chairman is threatening immediate action against Jimmy Kimmel, ABC, and Disney for deliberately misleading the public by claiming Charlie Kirk’s assassin was a MAGA Conservative.
— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 17, 2025
Chairman Brendan Carr calls Kimmel’s malicious lies are “truly sick” and says they… pic.twitter.com/mGhtGMPReI
La Primera Enmienda protege incluso expresiones ofensivas o polémicas. La jurisprudencia estadounidense ha sido clara: el “discurso de odio” —insultos o ataques verbales por motivos de raza, religión o sexo— no es un tipo penal en sí mismo y, salvo incitación directa a la violencia, sigue amparado para evitar que el poder de turno decida qué ideas se pueden escuchar. Por eso inquieta a juristas y organizaciones civiles que se plantee crear nuevas figuras legales ambiguas para castigar opiniones, o que se utilicen palancas económicas y administrativas para imponer silencios.
Un patrón: demandas, vetos y escarmientos
El episodio Kimmel no es aislado. La Administración y el propio Trump han interpuesto o celebrado demandas millonarias contra periódicos de referencia por informaciones adversas; han presionado públicamente a cadenas y late nights críticos; y han vetado preguntas o presencia de reporteros incómodos. Aunque las empresas privadas son libres de programar lo que consideren, cuando esas decisiones siguen de forma inmediata a amenazas del regulador que examina sus licencias, la frontera entre elección editorial y coacción política se difumina peligrosamente.
En este clima, voces conservadoras influyentes han pedido señalar a quienes “celebraron” la muerte de Kirk e instar a sus empleadores a despedirlos. El resultado es una tormenta perfecta: linchamiento digital, miedo en los departamentos de cumplimiento normativo de las empresas y ejecutivos que optan por apagar el fuego apagando el micrófono. La consecuencia no es un debate más sereno, sino menos debate.
La libertad de expresión en peligro
Defender la libertad de expresión no equivale a justificar cualquier mensaje. Las cadenas pueden sancionar a sus talentos, las plataformas moderan contenidos y los tribunales corrigen difamaciones con sentencias o acuerdos. La línea roja aparece cuando el poder público —o quien controla sus resortes— transforma su preferencia ideológica en amenaza regulatoria o represalia económica. Ahí es donde coinciden expertos de muy distinto signo: una democracia robusta se prueba cuando soporta la sátira, la crítica y el desagrado sin usar el BOE, el inspector o el fiscal como mordaza.
El propio Trump ha intentado presentar estas decisiones como simples correcciones de “malas audiencias” o “falta de talento”. Pero el contexto pesa: celebraciones de cancelaciones, anuncios de futuras “limpiezas” en late night, sugerencias de retirar licencias y litigios colosales crean un efecto disuasorio que trasciende a un presentador concreto. El mensaje que cala en redacciones y productoras es sencillo y peligroso: “mejor no te metas”.
Por qué debería importarte aunque no veas late night
Mucha gente no sigue los monólogos nocturnos ni lee a diario los grandes periódicos estadounidenses. Sin embargo, el precedente importa: si se normaliza que la crítica política tenga costes regulatorios, la tentación de replicarlo en otros ámbitos (universidades, cultura, ONG, plataformas) será inmediata. Hoy es un cómico; mañana, una periodista local que destapa un caso de corrupción; pasado, una investigadora cuyo estudio contradice el relato oficial.
La respuesta democrática no pasa por convertir a nadie en intocable ni por blindar el insulto. Pasa por exigir reglas iguales para todos, arbitrajes independientes y un cortafuegos entre la sátira o la crítica y la amenaza regulatoria. Y pasa, también, por recordar algo básico: la mejor vacuna contra una mala idea no es un silencio impuesto, sino más y mejor discurso.
Las asociaciones de periodistas estadounidenses y también a nivel mundial piden:
- El cese de las presiones políticas a medios y profesionales. La crítica presidencial forma parte del juego; las advertencias desde organismos con poder sancionador, no.
- Garantías de independencia en la FCC y transparencia en sus decisiones. Las licencias no pueden ser moneda de cambio para orientar líneas editoriales.
- Respeto a la Primera Enmienda y a los estándares constitucionales. No caben atajos legales para castigar opiniones, por muy incómodas que resulten.
- Compromiso empresarial con la libertad de expresión. Las grandes corporaciones deben resistir la coacción política y proteger a sus equipos frente a campañas de acoso.
Lo sucedido con Jimmy Kimmel es un síntoma, no la enfermedad. La tentación de usar el poder para callar al adversario es tan vieja como la política. La diferencia entre una democracia saludable y una que se degrada está en resistir esa tentación. Hoy, en Estados Unidos, el termómetro marca fiebre. Toca bajar la temperatura con instituciones que actúen sin miedo, empresas que no se plieguen y una ciudadanía que entienda que defender la libertad de expresión no va de aplaudir al cómico que nos gusta, sino de proteger el derecho del cómico que no nos gusta a decir lo suyo.