Trump, el presidente que bromea con la muerte y amenaza con fusilamientos

Donald Trump ha vuelto a utilizar una tribuna electoral para pronunciar declaraciones que, en boca de cualquier otro jefe de Estado, provocarían una profunda alarma diplomática. El presidente de Estados Unidos ha sugerido que quienes filtran información militar a los medios de comunicación deberían ser fusilados y ha convertido la muerte de dirigentes iraníes en materia de entretenimiento para sus seguidores. No se trata únicamente de la brutalidad de las palabras, sino de la naturalidad con la que el mandatario de la primera potencia militar del mundo presenta la eliminación de responsables políticos extranjeros como un éxito del que puede bromear ante una multitud. La distancia entre ejercer el poder y exhibirlo como una facultad para decidir quién merece vivir parece haberse reducido peligrosamente en el discurso presidencial estadounidense.

Durante un mitin celebrado en Arizona, antes de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, Trump presumió de las bajas sufridas por la estructura política y militar de Irán tras las operaciones estadounidenses e israelíes. Según su propio relato, Washington habría conseguido eliminar sucesivamente a dirigentes de primer, segundo y tercer nivel hasta provocar una situación en la que, aseguró, «nadie quiere ser presidente de la República Islámica de Irán». El mandatario añadió que quizá su Administración había llegado «demasiado lejos», puesto que ahora ni siquiera sabe con quién negociar. La ironía presidencial resulta especialmente perturbadora porque convierte la destrucción de una estructura de poder extranjera en un chiste, como si la guerra fuera una sucesión de ocurrencias destinadas a mantener entretenido a un auditorio.

La muerte convertida en argumento electoral

La retórica de Trump revela una concepción de la política internacional en la que la superioridad militar parece conceder una autoridad ilimitada para disponer del futuro de otros países. El presidente no se limitó a justificar las operaciones contra objetivos iraníes por razones de seguridad nacional, sino que utilizó las consecuencias de esos ataques para construir un relato de omnipotencia personal. La desaparición de dirigentes se presentó como una demostración de eficacia y la dificultad para encontrar interlocutores políticos apareció reducida a una paradoja casi cómica, pese a que cualquier estrategia diplomática mínimamente coherente debería considerar la existencia de interlocutores capaces de negociar como una condición indispensable para alcanzar acuerdos.

Un presidente que presume de haber eliminado a tantos dirigentes que ya no encuentra con quién negociar está reconociendo, aunque pretenda convertirlo en una broma, una contradicción fundamental de su propia estrategia. La fuerza militar puede destruir instalaciones, neutralizar capacidades y alterar equilibrios de poder, pero no sustituye la necesidad de una solución política. Si el objetivo declarado es impedir que Irán obtenga armamento nuclear y establecer garantías de seguridad duraderas, la destrucción de las estructuras con las que sería necesario negociar plantea interrogantes que ninguna demostración de superioridad armamentística puede resolver por sí sola.

La cuestión tampoco consiste en idealizar al régimen iraní, cuya trayectoria en materia de derechos humanos y represión política merece una crítica rigurosa. La naturaleza autoritaria de un Gobierno no elimina las obligaciones que el derecho internacional impone a quienes intervienen militarmente contra él, ni transforma automáticamente cualquier operación armada en una actuación legítima. La condena de la represión en Irán es perfectamente compatible con la exigencia de que Estados Unidos respete las normas internacionales y explique las consecuencias de sus decisiones militares. Presentar ambas posiciones como incompatibles solo sirve para empobrecer un debate en el que están en juego vidas humanas y la estabilidad de toda una región.

El presidente que quiere fusilar a quienes informan

Todavía más inquietantes resultan las declaraciones de Trump sobre las filtraciones de información militar. El presidente calificó a sus responsables como «la escoria de la tierra» y evocó una época en la que, según sus palabras, se disparaba contra quienes revelaban secretos operativos. Su afirmación de que los filtradores deberían recibir un castigo extremadamente severo introduce una amenaza de extraordinaria gravedad en el discurso de un mandatario que tiene bajo su autoridad el aparato militar, los servicios de inteligencia y buena parte de los instrumentos federales de seguridad.

La divulgación no autorizada de información militar sensible puede comprometer operaciones, poner vidas en peligro y constituir un delito sometido a las sanciones previstas por la legislación estadounidense. Nadie necesita minimizar esos riesgos para advertir la diferencia entre exigir responsabilidades conforme a la ley y sugerir públicamente la ejecución de quienes filtran información. El Estado de derecho existe precisamente para impedir que la indignación de un gobernante, por poderosa que sea su posición institucional, sustituya las garantías judiciales y la proporcionalidad de las penas.

El problema adquiere una dimensión adicional cuando el presidente dirige sus ataques contra filtraciones publicadas por medios de comunicación como The New York Times y CNN, dos cabeceras que han sido objeto habitual de sus críticas. Es necesario distinguir entre la responsabilidad de quien revela ilícitamente información clasificada y la función constitucional de los periodistas que reciben, verifican y publican datos de interés público. No toda filtración está justificada, del mismo modo que no toda publicación de información sensible constituye una conducta ilícita. Pero una democracia que permite a sus gobernantes invocar la seguridad nacional para intimidar indiscriminadamente a quienes revelan información incómoda corre el riesgo de debilitar los mecanismos de control que deberían impedir los abusos del poder.

La libertad de prensa no es una concesión presidencial que pueda retirarse cuando una información perjudica los intereses de la Casa Blanca. Constituye una garantía frente al poder, especialmente necesaria cuando ese poder toma decisiones militares cuyas consecuencias pueden afectar a millones de personas. La protección de los secretos legítimos del Estado y la defensa del periodismo independiente no son principios incompatibles, aunque Trump parezca empeñado en presentar cualquier revelación que cuestione su actuación como una agresión personal merecedora de represalias.

La guerra como demostración de poder personal

El relato ofrecido por Trump sobre una operación militar cancelada tras descubrirse una filtración añade otro elemento preocupante. Según explicó, decidió suspender un ataque contra Irán después de conocer que su horario había trascendido a los medios de comunicación. Posteriormente, afirmó que la operación se ejecutó dos días después a la misma hora inicialmente prevista, bajo la expectativa de que las autoridades iraníes no anticiparan una repetición del calendario filtrado.

Más allá de la veracidad y los detalles operativos de una narración que procede del propio presidente, llama la atención la manera en que una decisión militar de semejante alcance se transforma en una anécdota destinada a demostrar su astucia. Las operaciones armadas requieren evaluaciones de inteligencia, análisis de riesgos, criterios jurídicos y decisiones estratégicas sometidas a una cadena de mando. Su presentación pública como una maniobra de ingenio personal contribuye a transmitir una imagen del ejercicio del poder en la que los procedimientos institucionales quedan subordinados al protagonismo del dirigente.

Trump también aseguró que las fuerzas navales estadounidenses habían alcanzado el «control total» del estrecho de Ormuz mediante lo que describió como un «muro de acero». Se trata de una afirmación de enorme relevancia estratégica que debe contrastarse con la situación efectiva de la navegación comercial, las capacidades militares presentes en la zona y la respuesta de Irán. El estrecho constituye uno de los principales corredores energéticos del planeta y cualquier alteración de su funcionamiento repercute sobre los mercados internacionales, los costes de transporte y los precios de la energía.

La retórica de la victoria absoluta resulta particularmente problemática cuando la propia evolución del conflicto demuestra que la estabilidad no depende exclusivamente de la capacidad de destrucción militar. El incremento del precio del petróleo, las dificultades para garantizar la navegación y la persistencia de amenazas cruzadas evidencian que la superioridad armamentística no equivale necesariamente al control político de una crisis.

El derecho internacional no desaparece por voluntad de Washington

Las autoridades iraníes han respondido a las advertencias estadounidenses asegurando que están preparadas «para todos los escenarios» ante una posible reanudación de las operaciones militares a gran escala. Teherán también ha considerado insuficiente la respuesta de Washington a sus condiciones para restablecer el tránsito marítimo en Ormuz. Estas declaraciones reflejan la continuidad de un conflicto en el que las amenazas, las represalias y la ausencia de acuerdos verificables mantienen abierto el riesgo de nuevas hostilidades.

La responsabilidad de evitar una escalada corresponde a todos los actores implicados, aunque esa exigencia no impide examinar con especial rigor las actuaciones de quien dispone de una capacidad militar incomparablemente superior. Estados Unidos posee instrumentos diplomáticos, económicos y estratégicos suficientes para defender sus intereses sin convertir la eliminación de dirigentes extranjeros en una exhibición de fuerza destinada al consumo electoral. Su posición internacional también implica obligaciones jurídicas y políticas que no pueden quedar desplazadas por la conveniencia de un discurso de campaña.

Ningún presidente dispone de un derecho ilimitado a decidir el destino de otro Estado, por cuestionable que resulte su régimen político. El uso de la fuerza está sometido a las restricciones de la Carta de Naciones Unidas, y la legalidad de cada operación depende de circunstancias concretas que deben examinarse conforme al derecho internacional. La invocación de la seguridad nacional no constituye por sí sola una autorización general para intervenir militarmente, ni la superioridad tecnológica convierte en legítima cualquier decisión adoptada desde Washington.

La amenaza sustituye a la autoridad

Lo verdaderamente significativo de la intervención de Trump no reside únicamente en la acumulación de expresiones violentas, sino en el modelo de autoridad que proyecta. La ejecución aparece como una respuesta imaginable frente a las filtraciones, la muerte de dirigentes extranjeros se incorpora al repertorio de bromas electorales y la diplomacia queda reducida a una dificultad surgida después de haber eliminado a demasiados interlocutores. Son declaraciones distintas, pero comparten una misma característica: la utilización de la violencia como recurso retórico para exhibir poder.

La historia política ofrece suficientes ejemplos de los riesgos que entraña normalizar un lenguaje en el que la fuerza desplaza a las instituciones y el adversario deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en un obstáculo que debe desaparecer. No es necesario establecer equivalencias históricas precipitadas para advertir que las democracias también se deterioran cuando sus dirigentes presentan las garantías jurídicas como una molestia y la moderación institucional como una debilidad.

La presidencia de Estados Unidos no es una tribuna privada desde la que cualquier declaración pueda interpretarse como una simple provocación destinada a movilizar simpatizantes. Sus palabras tienen consecuencias diplomáticas, condicionan la percepción internacional de las decisiones estadounidenses y transmiten mensajes a los responsables de ejecutar sus políticas. Cuando un presidente habla de fusilar filtradores o bromea con la desaparición de dirigentes extranjeros, esas expresiones adquieren una gravedad que no puede neutralizarse mediante la excusa del estilo personal.

La fortaleza de una democracia no se mide por la facilidad con la que su presidente amenaza, sino por la capacidad de sus instituciones para someter el poder a la ley. Trump puede presentar la guerra como una sucesión de victorias personales y convertir cada amenaza en un aplauso electoral, pero ni la libertad de prensa, ni las garantías judiciales, ni el derecho internacional dependen de su sentido del humor. La responsabilidad de quien ocupa la Casa Blanca exige comprender que detrás de cada operación militar hay vidas humanas y que la autoridad presidencial no constituye una licencia para convertir la violencia en espectáculo.

La cuestión de fondo es bastante más seria que las ocurrencias de un mitin. Cuando el hombre que dirige la mayor potencia militar del mundo habla de fusilamientos con ligereza y de dirigentes muertos con ironía, el problema no es que haya perdido las formas. Es que está trivializando precisamente aquello que el ejercicio responsable del poder debería obligarle a tratar con mayor gravedad: la vida humana, la ley y los límites de su propia autoridad.