Donald Trump ha vuelto a recurrir al instrumento que mejor resume su manera de entender las relaciones económicas internacionales. El presidente de Estados Unidos ha aprobado aranceles del 50% sobre una amplia selección de productos canadienses, una decisión que entrará en vigor dentro de treinta días y que coincide con la revisión del tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México.
La ofensiva alcanza a importaciones por un valor cercano a los 20.000 millones de dólares y afecta, entre otros bienes, a productos lácteos, bebidas alcohólicas, materiales relacionados con la automoción, textiles, maquinaria, madera, cemento y artículos deportivos. Quedan fuera la energía, la potasa, el pescado, determinados minerales críticos y los productos ya sometidos a gravámenes sectoriales.
La Casa Blanca sostiene que Canadá ha mantenido durante años un trato desfavorable para las exportaciones estadounidenses. Washington señala las cuotas y elevados aranceles aplicados en el mercado lácteo, las restricciones provinciales a la distribución de bebidas alcohólicas y las medidas adoptadas por Ottawa sobre los vehículos fabricados en Estados Unidos. Los nuevos gravámenes pretenden, según la Administración republicana, compensar esa desventaja y obligar a reequilibrar el intercambio bilateral.
Trump ha utilizado para ello la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición prácticamente inédita durante el último siglo que permite imponer derechos adicionales cuando otro país discrimina el comercio estadounidense. La elección de este mecanismo revela que Washington pretende dotar de una base jurídica específica a su presión sobre Canadá después de que otras iniciativas arancelarias de la Administración hayan afrontado impugnaciones judiciales.
El arancel vuelve a ser, en manos de Trump, una pieza de negociación antes que una simple frontera aduanera.
El presidente estadounidense considera que la apertura comercial solo es legítima cuando existe reciprocidad efectiva. Esa doctrina rompe con décadas de diplomacia económica basada en aceptar determinados desequilibrios a cambio de estabilidad general, pero responde a una percepción profundamente arraigada entre amplios sectores de la sociedad norteamericana. Estados Unidos abrió su mercado, deslocalizó parte de su industria y asumió déficits comerciales persistentes sin obtener siempre un acceso equivalente para sus productos.
Canadá no es China y tampoco puede presentarse como un adversario estratégico. Es uno de los aliados más próximos de Washington, comparte con Estados Unidos una de las fronteras económicas más integradas del planeta y constituye un mercado esencial para las empresas norteamericanas. En 2025, el comercio bilateral de bienes alcanzó unos 719.500 millones de dólares. Las exportaciones estadounidenses a Canadá ascendieron a 336.500 millones y las importaciones a 383.000 millones.
Precisamente por esa densidad económica, Trump considera que Ottawa dispone de más margen para realizar concesiones.
El presidente ha elegido actuar al comienzo de una nueva fase de revisión del T-MEC, el acuerdo que él mismo negoció durante su primer mandato y presentó entonces como una gran corrección del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La revisión sexenal no ha conducido a una renovación automática y el pacto sigue vigente, pero los tres países deberán continuar negociando sus diferencias. Washington ha dejado claro que no considera satisfactorio el funcionamiento actual del tratado.
La decisión de aplicar los nuevos aranceles incluso a mercancías que cumplen las reglas de origen del T-MEC aumenta considerablemente su alcance político. Trump no se limita a denunciar incumplimientos periféricos. Está cuestionando si el acuerdo proporciona a Estados Unidos las ventajas que esperaba obtener de él.
La presión se concentra de manera especial sobre Canadá. Con México, Washington mantiene una negociación más fluida, vinculada también al control fronterizo, la inversión china y la reorganización de las cadenas industriales. Ottawa, por su parte, ha sido uno de los gobiernos que con mayor firmeza ha respondido a las ofensivas comerciales de la Casa Blanca.
Canadá aplicó aranceles de represalia después de las primeras medidas estadounidenses y mantiene gravámenes sobre determinados automóviles procedentes de Estados Unidos. También ha utilizado la regulación provincial para restringir la venta de bebidas norteamericanas. Desde la perspectiva de Trump, esas decisiones justifican una respuesta de gran intensidad.
El primer ministro Mark Carney ha defendido el diálogo y ha advertido de que los aranceles vulneran el espíritu del acuerdo norteamericano, elevan los costes de producción y terminan perjudicando también a las familias estadounidenses. Su Gobierno deberá decidir ahora entre una nueva respuesta proporcional o una negociación acelerada durante los treinta días previos a la entrada en vigor de las medidas. Ese plazo ofrece una pista sobre la finalidad inmediata de la decisión.
Trump deja abierta una ventana para el acuerdo. Los aranceles han sido aprobados, pero no comienzan a aplicarse de manera instantánea. La Administración pretende utilizar la amenaza de una fuerte restricción comercial para obtener concesiones en automoción, productos agrícolas y distribución de bebidas. Es la misma lógica que el presidente ha aplicado a otros socios. Elevar primero el coste de la falta de acuerdo y negociar después desde una posición de fuerza.
La estrategia no carece de peligros. Las industrias norteamericana y canadiense están profundamente entrelazadas. Una pieza de automóvil puede cruzar varias veces la frontera antes de incorporarse al vehículo terminado. Los aranceles encarecen los materiales importados, alteran las decisiones de inversión y pueden trasladarse a los precios que pagan los consumidores.
También existe el riesgo de represalias. Una guerra comercial prolongada dañaría a Canadá, cuya dependencia del mercado estadounidense es mucho mayor, pero tampoco dejaría indemne a Estados Unidos. Canadá continúa siendo el principal destino de exportación para numerosos estados y un suministrador esencial de energía, materias primas y componentes industriales.
La Casa Blanca parece haber calibrado esa dependencia mutua. De ahí las excepciones concedidas a la energía, la potasa y los minerales críticos, productos cuya interrupción podría afectar rápidamente a sectores sensibles de la economía estadounidense. La dureza de la medida convive con una selección cuidadosa de aquello que Washington no desea encarecer.
Las declaraciones de Trump sobre el humo procedente de los incendios forestales canadienses añadieron un componente teatral al enfrentamiento. El presidente responsabilizó a Ottawa por la contaminación que alcanzó varios estados norteamericanos y llegó a plantear posibles compensaciones. La Administración ha precisado, sin embargo, que los nuevos aranceles responden a disputas comerciales anteriores y no constituyen una sanción por los incendios.
La política de Trump suele mezclar la presión económica, el mensaje dirigido a su electorado y una forma muy personal de diplomacia pública. Sus elogios a Carney conviven con amenazas comerciales y con la antigua provocación sobre la posible conversión de Canadá en el estado número 51. La cordialidad personal no excluye el conflicto cuando el presidente considera que están en juego los intereses económicos de Estados Unidos.
La nueva ofensiva no significa necesariamente que Trump quiera destruir el espacio comercial norteamericano. Puede leerse también como un intento de modificar sus reglas antes de consolidarlo para la próxima década.
El T-MEC continuará siendo valioso para Estados Unidos si reduce la dependencia de Asia, refuerza la producción regional y garantiza un acceso equilibrado a los tres mercados. Trump pretende que Canadá acepte esa interpretación bajo la presión de unos aranceles difícilmente sostenibles durante mucho tiempo.
El presidente estadounidense vuelve a negociar colocando primero sobre la mesa el coste del desacuerdo. La respuesta de Ottawa determinará si la medida abre una nueva guerra comercial o acelera un pacto que redefina el equilibrio económico de América del Norte.
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