En las aguas turquesas del Estrecho de Ormuz, el canal de acceso donde se decide a diario la estabilidad energética de la economía global, la administración Trump ha escenificado una de las mutaciones doctrinales más contradictorias y reveladoras del siglo XXI. Tras denunciar abiertamente la existencia de un orden internacional basado en reglas, despreciar el multilateralismo y abrazar de forma desacomplejada la política de la fuerza bruta, el gobierno de los Estados Unidos intenta ahora desempolvar el derecho internacional como si se tratara de una navaja táctica diseñada a medida. La Casa Blanca exige con vehemencia que la República Islámica de Irán respete la libertad de navegación marítima y desista de sus intentos de imponer peajes en aguas internacionales. Sin embargo, detrás de este repentino celo por la legalidad no subyace un retorno al consenso multilateral, sino la aplicación estricta de una regla imperial histórica: las naciones deben someterse a la ley tal y como la interpreta Washington o asumir el riesgo inminente de sufrir consecuencias devastadoras, incluida la propia aniquilación militar.
Esta crisis en el Golfo Pérsico no representa un hecho aislado, sino el síntoma de un cambio de era en las relaciones diplomáticas de la superpotencia. En su segundo mandato, la administración norteamericana ha abrazado de lleno el realismo ofensivo y la coerción unilateral como únicos vectores de su proyección exterior. El desprecio por la legalidad global se ha manifestado mediante intervenciones militares ilegales en Venezuela, asesinatos extrajudiciales ejecutados en el Caribe y el Pacífico Oriental, un ataque directo no provocado contra Irán y una complicidad abierta que ha facilitado el genocidio en Gaza. En este ecosistema de pura política de poder, las abstracciones normativas construidas tras la Segunda Guerra Mundial han sido descartadas sin miramientos por los altos mandatarios del Gabinete. El propio presidente Donald Trump resumió su filosofía política con una brutalidad conceptual insólita al declarar que no necesita el derecho internacional para actuar, mientras sus asesores clave ridiculizan la diplomacia tradicional tachándola de retórica globalista vacía.
Resistencia inesperada de Teherán
El detonante del actual conflicto en el Estrecho de Ormuz se remonta a la arriesgada apuesta militar coordinada entre Washington e Israel a comienzos del año. Con el objetivo de forzar un cambio de régimen en Irán, las fuerzas aliadas ejecutaron una campaña de bombardeos quirúrgicos dirigida a descabezar a la cúpula política y militar persa, además de minar sus infraestructuras nucleares y estratégicas. No obstante, los cálculos de la Casa Blanca chocaron contra la realidad del terreno. A pesar de sufrir pérdidas devastadoras en su liderazgo operativo y en parte de sus instalaciones, la República Islámica de Irán no solo evitó el colapso institucional, sino que desplegó una estrategia de resistencia asimétrica que ha desarticulado los planes norteamericanos en todo el Medio Oriente.
La respuesta iraní no se hizo esperar y golpeó donde más le duele a la hegemonía estadounidense. Mediante una serie de contraataques combinados de drones y misiles balísticos de alta precisión, Teherán causó severos daños en bases militares estadounidenses desplegadas en la región y puso en jaque infraestructuras clave para la producción energética global. Pero el movimiento más audaz de las fuerzas iraníes se produjo en el ámbito marítimo: la toma del control efectivo del Estrecho de Ormuz. Al asfixiar este paso estratégico, por el que transita una quinta parte del petróleo mundial, el régimen persa bloqueó las vías de exportación de los aliados de Estados Unidos en el Golfo, desatando una escalada en los precios del petróleo y provocando un conato de desabastecimiento energético de gravedad extrema, especialmente entre las economías consumidoras del continente asiático.
Atrapada en un atolladero estratégico y sometida a la presión vertiginosa de las bolsas internacionales, la administración Trump se vio forzada a ceder espacio diplomático. La Casa Blanca promovió a toda prisa la firma de un pacto de cese de hostilidades diseñado para detener los ataques cruzados y reabrir el tráfico comercial en el estrecho. Sin embargo, la maniobra estadounidense fracasó en su intento de restaurar el statu quo previo a la contienda. En el nuevo mapa geopolítico dibujado tras los combates, Irán mantuvo una influencia decisiva sobre la vía navegable, arrogándose la capacidad de regular el flujo diario de buques petroleros y desafiando abiertamente la capacidad de disuasión de la Marina de los Estados Unidos.
Giro táctico
Ante la consolidación del dominio iraní y los pasos dados por Teherán en alianza con Omán para instaurar un sistema de cobro de peajes a los cargueros que cruzan la zona, la Casa Blanca se vio obligada a remodelar su narrativa. Fue entonces cuando el equipo de seguridad nacional norteamericano decidió recurrir a una herramienta que antes denigraba: la retórica del orden internacional basado en reglas. Aprovechando una resolución aprobada en marzo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya letra pequeña reafirmaba los principios universales de libertad de navegación, los portavoces estadounidenses comenzaron a construir un relato legalista para deslegitimar los controles fiscales establecidos por las autoridades persas.
El cambio de discurso se articuló de manera escalonada en la escena pública norteamericana. El propio Donald Trump advirtió en abril que el estrecho debía ser considerado como una vía de aguas internacionales, enfatizando que su gobierno no permitiría bajo ninguna circunstancia que Teherán impusiera tarifas al tráfico de mercancías. En mayo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, reforzó la postura oficial encuadrando la disputa no como un acto de agresión militar, sino como una causa noble destinada a proteger el libre comercio marítimo frente a las injerencias de un Estado hostil. Finalmente, fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dio el paso más explícito al apelar directamente al marco normativo vigente, afirmando con solemnidad que el derecho internacional prohíbe de forma tajante que una nación soberana exija peajes en vías navegables de carácter internacional.
Sin embargo, el repentino fervor con el que Washington apela a las leyes del mar resulta profundamente sospechoso cuando se contrasta con la trayectoria ideológica de sus propios protagonistas. Meses antes de esta crisis, el diplomático canadiense Mark Carney señalaba con lucidez cómo la noción de un orden basado en reglas había servido históricamente como una conveniente cobertura para la hegemonía estadounidense. Para los ideólogos del movimiento MAGA, no obstante, esa cobertura ni siquiera resultaba necesaria. Tanto Rubio como Hegseth habían ridiculizado públicamente la idoneidad de los tratados globales, calificándolos de construcciones teóricas vacías y trabas burocráticas que limitaban el ejercicio del poder nacional. Que estos mismos funcionarios se conviertan de la noche a la mañana en celosos defensores del derecho marítimo internacional demuestra que la apelación a las normas no responde a una convicción principista, sino a una pura maniobra de conveniencia geopolítica.
La farsa de la CONVEMAR
El intento de la administración Trump de acorralar a Irán en el terreno del derecho internacional se desmorona al analizar la fragilidad de sus propios argumentos jurídicos. Para sostener la ilegalidad de las tarifas iraníes, la Casa Blanca se apoya implícitamente en los preceptos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el tratado marco que consagra el derecho al paso en tránsito inocente por estrechos utilizados para la navegación comercial. Sin embargo, la posición de Washington cae en un cinismo absoluto debido a una serie de contradicciones estructurales que invalidan su autoridad moral y jurídica para exigir el cumplimiento del acuerdo.
La primera y más evidente de estas contradicciones radica en que Estados Unidos nunca ha ratificado la CONVEMAR. A pesar de los repetidos llamamientos formulados durante décadas por diplomáticos, juristas y mandos del Pentágono, el Senado norteamericano se ha negado de forma sistemática a firmar el tratado, celoso de preservar una soberanía absoluta sobre sus aguas y sus operaciones navales. Resulta paradójico que la principal potencia marítima del planeta pretenda exigir a un rival el cumplimiento estricto de un ordenamiento jurídico al que ella misma ha rehusado vincularse formalmente. Por su parte, la República Islámica de Irán tampoco ha ratificado el texto definitivo de la convención, lo que le permite argumentar jurídicamente que tiene pleno derecho a ejercer mecanismos de control y soberanía sobre su franja costera en el estrecho.
Pero las incoherencias del gobierno estadounidense no se limitan a la falta de ratificación de los acuerdos; se extienden a un incumplimiento flagrante y sistemático de sus normativas en diversas regiones del planeta. Mientras en el Golfo Pérsico exige el respeto sagrado a las vías navegables, el ejército estadounidense ignora impunemente las reglas del derecho del mar en los territorios insulares del Pacífico. Asimismo, la administración Trump ha desafiado de manera abierta los protocolos internacionales sobre la minería en fondos marinos al autorizar prospecciones unilaterales de minerales críticos en la zona de Claricón-Clipperton, vulnerando los consensos ecológicos y jurídicos tutelados por las Naciones Unidas.
Amenazas de aniquilación y ambición fiscal
Lejos de disimular la verdadera naturaleza de su estrategia, el propio Donald Trump se encarga de desmontar el espejismo legalista impulsado por sus diplomáticos cada vez que utiliza las redes sociales o se dirige a sus seguidores. Mientras Marco Rubio intenta construir un expediente jurídico pulcro para acorralar a Teherán en los foros internacionales, el mandatario norteamericano recurre al chantaje militar directo y al lenguaje de la dominación colonial. En una serie de publicaciones que han conmocionado a las cancillerías globales, el presidente advirtió que la paciencia de su gobierno se está agotando y que Estados Unidos podría verse obligado a "completar militarmente el trabajo", amenazando abiertamente con que, si tal escenario se concreta, la República Islámica de Irán dejará de existir como entidad estatal.
El afán moralizante de la Casa Blanca sobre la gratuidad de los estrechos internacionales queda además en evidencia cuando se analiza la contrapropuesta que el propio Trump maneja para la región. La objeción estadounidense no se dirige en realidad contra la existencia misma de una tarifa por el tránsito de buques, sino contra el hecho de que sea Irán quien recaude los dividendos de esa arteria comercial. El presidente lo dejó meridianamente claro en una reciente declaración pública al aseverar que en el Estrecho de Ormuz no habrá peajes de ningún tipo, a menos que sean diseñados, cobrados y administrados "por y para los Estados Unidos de América".
Esta postura revela que Washington no busca restablecer un espacio marítimo neutral y protegido por el derecho internacional, sino sustituir la soberanía iraní por un monopolio fiscal y militar propio. La estrategia norteamericana combina así el vocabulario de la legalidad con la práctica del espolio, exigiendo que la vía fluvial sea calificada como agua internacional para desarmar los controles de Teherán, pero reservándose el derecho exclusivo de utilizar la fuerza y cobrar peajes una vez que logre imponer su control definitivo sobre la zona. Esta duplicidad confirma que las aprensiones de la Casa Blanca sobre el libre comercio no son más que el pretexto argumental para justificar una nueva oleada de expansión imperialista en el corazón de Medio Oriente.
Futuro del Orden Mundial
Lo que se está debatiendo en las aguas del Estrecho de Ormuz supera con creces el ámbito de una disputa regional sobre tarifas aduaneras o derechos de paso marítimo. Lo que la segunda administración Trump está poniendo a prueba es la viabilidad de una doctrina de arbitrio imperial, donde las superpotencias utilizan las leyes como instrumentos arrojadizos de los que pueden desprenderse a voluntad según convenga a sus intereses coyunturales. En este esquema, el derecho internacional deja de funcionar como un código universal diseñado para nivelar las relaciones entre Estados grandes y pequeños, transformándose en un código disciplinario que los poderosos imponen a los débiles bajo la amenaza constante de la fuerza destructiva.
Esta instrumentalización del orden global genera una volatilidad sin precedentes en la geopolítica contemporánea. Al exigir que Irán acate la legislación internacional mientras Estados Unidos bombardea de forma ilegal a otros países, promueve ejecuciones extrajudiciales y patrocina guerras en distintos rincones del globo, la Casa Blanca destruye cualquier vestigio de credibilidad diplomática. La administración exige a su adversario que acepte un acuerdo de paz duradero sin que Washington esté dispuesto a asumir compromisos reales para garantizar esa paz, del mismo modo que exige la internacionalización de las vías marítimas sin sumarse al consenso multilateral que regula los mares del planeta.
El resultado de esta política de matonismo institucional es un mundo más peligroso, fragmentado e impredecible. Al acorralar a Teherán con la disyuntiva entre la capitulación absoluta o la aniquilación militar, Estados Unidos no está logrando la sumisión del régimen persa, sino empujándolo a afianzar su estrategia de disuasión asimétrica y a buscar alianzas más estrechas con otras potencias dispuestas a desafiar la hegemonía del dólar y de las armas norteamericanas. La aventura de Trump en Ormuz demuestra que, cuando el imperio prescinde de las normas pero intenta utilizarlas como disfraz, pierde la capacidad de construir una estabilidad duradera y queda expuesto a la trampa de sus propias contradicciones.
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