Trump declara la guerra a Estados Unidos

El aire en las pequeñas comunidades agrícolas de Maine o en los polígonos industriales de Houston ya no huele a la promesa de prosperidad que durante más de dos siglos atrajo a millones de almas hacia el norte del continente. En su lugar, un halo de paranoia y luto colectivo se ha asentado sobre la geografía estadounidense. La administración Trump ha transformado la maquinaria burocrática del federalismo en un rodillo de purificación demográfica cuya prioridad absoluta no es la seguridad nacional ni la eficiencia fiscal, sino la erradicación metódica de lo que la cúpula del poder político define sin tapujos como personas indeseables. Bajo el manto rector de un gobierno autoritario, la política de inmigración ha dejado de ser un debate sobre cupos, visados o soberanía fronteriza para convertirse en un experimento de ingeniería social que busca alterar el tejido de la nación.

La magnitud del zarpazo normativo y policial carece de precedentes en la historia reciente de las democracias occidentales. Con la eliminación sistemática del Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de un millón de personas procedentes de una docena de naciones, la Casa Blanca ha arrojado a la intemperie jurídica a familias enteras que llevaban décadas echando raíces, pagando impuestos y sosteniendo barrios enteros. El cinismo institucional no conoce límites geográficos ni morales: los vuelos de repatriación no discriminan si el destino es una zona de guerra activa en Sudán y Somalia, un régimen militar opresivo en Myanmar o un país devastado por la inestabilidad y los desastres naturales como Venezuela. La deportación masiva se ha erigido en la única respuesta oficial ante un fenómeno humano complejo, dinamitando cualquier vestigio de la tradición de asilo y refugio que una vez erigió a Estados Unidos en el faro ético del mundo occidental.

Este giro radical no representa un simple exceso administrativo; es el reflejo de un ajuste de cuentas dogmático contra la diversidad histórica del país. Al asfixiar las vías legales de permanencia y declarar una persecución sin cuartel contra cualquier individuo sin papeles, la actual política migratoria estadounidense ha inaugurado una era donde la sospecha permanente reemplaza al debido proceso. La arquitectura institucional levantada para perseguir al crimen organizado o al terrorismo transnacional opera hoy a pleno rendimiento contra familias trabajadoras, líderes comunitarios e incluso activistas que osan alzar la voz contra los excesos del poder central.

Para comprender la irracionalidad de esta ofensiva, basta con observar las cifras que la contabilidad ideológica del Washington actual prefiere ignorar. Casi el 90 por ciento de los aproximadamente 170.000 salvadoreños protegidos por el TPS —un beneficio concedido por primera vez hace un cuarto de siglo— forman parte activa, formal y disciplinada de la fuerza laboral estadounidense. Su aportación directa a las arcas y al producto interior bruto supera los 5.000 millones de dólares anuales. No son visitantes de paso ni cargas para el erario público; son los pilares invisibles sobre los que se sostienen industrias enteras, desde la construcción residencial hasta la logística de suministros y los servicios asistenciales.

La obsesión por expulsar hasta al último indocumentado amenaza con provocar un infarto sistémico en el corazón del aparato productivo. Los más de 14 millones de inmigrantes indocumentados en EE. UU. representaban, ya en 2023, más del 4 por ciento de la población total del país. Son los brazos que cosechan la fruta bajo el sol abrasador de California, los trabajadores que procesan la carne en las plantas de empaquetado del Medio Oeste, los obreros que levantan los rascacielos de las metrópolis y las manos que cuidan a los ancianos en un país con una población aceleradamente envejecida. La narrativa oficial que sostiene que estos trabajadores despojan de oportunidades a los ciudadanos nativos se desmorona ante la evidencia empírica: el empleo de inmigrantes cubre nichos laborales que el trabajador estadounidense promedio rechaza sistemáticamente.

El dogma del nacionalismo blanco parece dispuesto a encajar un desastre económico autoinfligido con tal de preservar una hegemonía etnocultural en franca decadencia. La salida forzada de millones de productores y consumidores no solo destruirá cadenas de valor completas y disparará los costes salariales en sectores primarios, sino que privará al Seguro Social y a las haciendas locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales indirectos. Sacrificar el crecimiento económico, la competitividad internacional y la estabilidad de los mercados a cambio de la satisfacción ideológica de un electorado radicalizado constituye un acto de sabotaje patrimonial sin parangón en la historia económica de las grandes potencias.

La cruzada del Ejecutivo no se detiene en las fronteras nacionales ni se pliega a las normas elementales de la diplomacia o el derecho internacional humanitario. En su afán por acelerar las cifras de expulsión, la administración ha incurrido en prácticas de una crueldad burocrática aterradora. En una flagrante violación de las convenciones sobre el estatuto de los refugiados, el Gobierno estadounidense ha llegado a filtrar información confidencial sobre solicitantes de asilo iraníes a las propias autoridades de Teherán. Datos de extrema sensibilidad personal, como la orientación sexual o las creencias religiosas de los perseguidos, han sido entregados a un régimen teocrático que castiga precisamente esas condiciones con la pena de muerte o la tortura sistemática, convirtiendo el proceso de deportación en una condena ejecutada por procuración.

Similares patrones de desprecio por la vida humana se observan en las deportaciones relámpago de decenas de ciudadanos rusos disidentes, repatriados en aviones chárter directamente a las garras de Moscú, donde fueron recibidos en la misma pista de aterrizaje con órdenes de reclutamiento militar para ser enviados al frente. Paralelamente, más de 4.000 cubanos que buscaban refugio frente a la dictadura caribeña han sido expulsados hacia territorio mexicano, donde languidecen en un limbo jurídico y geográfico dominado por los cárteles de la droga y la violencia sistémica. La violación de derechos humanos ha dejado de ser una consecuencia colateral no deseada para constituir la estrategia misma de disuasión.

Sin embargo, el episodio que mejor ilustra el maquiavelismo de la actual cúpula política fue el intento secreto de alterar las bases de datos de la Administración del Seguro Social. El plan de la Casa Blanca pretendía incluir de golpe a 2,7 millones de personas vivas en el Death Master File (el Registro Oficial de Fallecidos del gobierno federal). La perversa lógica del proyecto era simple: "matar" burocráticamente a los inmigrantes para congelar sus cuentas bancarias, anular sus contratos de arrendamiento, invalidar sus carnet de conducir y bloquear sus números de identificación fiscal. La administración confiaba en que el colapso vital obligara a estas personas a la autodeportación o que, en caso de acudir a las oficinas públicas a reclamar la corrección del "error", fueran inmediatamente detenidas por agentes federales. Solo la valiente intervención de un denunciante anónimo dentro de la burocracia estatal impidió la ejecución de semejante aberración jurídica.

La embestida contra la migración no ha respetado siquiera los pilares fundacionales del ordenamiento jurídico estadounidense. La persecución ha cruzado la frontera sagrada de la ciudadanía estadounidense, arrastrando en las batidas a menores nacidos en suelo nacional que han sido expulsados del país junto a sus padres indocumentados. Esta práctica, que de facto despoja a ciudadanos de pleno derecho de la protección de su propia bandera, atenta directamente contra la Enmienda catorce de la Constitución, el baluarte histórico que garantiza la ciudadanía por nacimiento a toda persona venida al mundo bajo la jurisdicción de la Unión.

A pesar de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha frenado repetidamente los intentos del Poder Ejecutivo por anular este mandato constitucional mediante órdenes ejecutivas unilaterales, el presidente continúa presionando a sus aliados en el Capitolio para forzar una reforma legislativa o una enmienda que cercene este derecho secular. La sola tentativa de establecer categorías de ciudadanos de primera y segunda clase en función del origen de sus progenitores abre una brecha letal en la igualdad ante la ley. Si el Estado puede invalidar arbitrariamente la ciudadanía de un recién nacido por motivos de pureza de sangre o estatus migratorio de sus padres, el contrato social entero que sostiene a la república salta por los aires.

Esta erosión de las garantías procesales afecta ya al conjunto de la sociedad. La proliferación de controles de identidad en carreteras interestatales, la irrupción de fuerzas federales sin orden judicial en centros de trabajo y vecindarios, y la vigilancia masiva mediante tecnologías de reconocimiento facial han transformado el espacio público en un escenario de intimidación estatal. La frontera se ha expandido conceptual y físicamente hacia el interior del territorio nacional; hoy, cualquier ciudadano de rasgo hispano, asiático o de minorías raciales corre el riesgo de ser interceptado, interrogado y privado de libertad hasta que demuestre, mediante una prueba diabólica de documentación, su derecho a pisar suelo estadounidense.

El costo humano de esta maquinaria implacable no se mide únicamente en términos de familias separadas o economías arruinadas. La ofensiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha cobrado ya vidas humanas en las calles y en las sombras de la red nacional de detención. En las últimas semanas, agentes de esta agencia federal se han visto envueltos en homicidios que han desatado la indignación popular. Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven colombiano de 25 años que residía junto a su esposa y su hija en un tranquilo pueblo de Maine, no era el objetivo de ninguna operación policial; sin embargo, un despliegue de agentes de ICE terminó con su vida a tiros en la puerta de su hogar.

Similares circunstancias trágicas rodearon la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un comerciante mexicano y padre de tres hijos que se dirigía a su puesto de trabajo en Houston cuando su vehículo fue interceptado por un convoy federal. La intervención concluyó con disparos mortales en plena vía pública. Más de una docena de personas han perdido la vida en interacciones violentas con la policía migratoria en los últimos meses. La violencia de las patrullas no distingue nacionalidades: dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Nicole Good, cayeron abatidos mientras participaban en protestas pacíficas contra las redadas de ICE en las calles de Minnesota, convirtiéndose en los primeros mártires civiles de esta nueva era de represión interior.

Si las calles se han vuelto peligrosas, las sombras de los centros de detención de inmigrantes albergan un infierno aún más oscuro. Decenas de miles de personas permanecen hacinadas en una red de prisiones privadas y campos de internamiento provisionales levantados a toda prisa a lo largo del país. Pese a las reiteradas propagandas oficiales que aseguran que las operaciones se concentran exclusivamente en "criminales peligrosos", los propios registros oficiales revelan que más del 70 por ciento de los detenidos carecen de antecedentes penales. Son trabajadores, estudiantes, madres de familia y solicitantes de asilo cuya única falta ha sido cruzar una línea en el mapa o sobrepasar la vigencia de un visado.

En estos centros, la tasa de fallecimientos bajo custodia se ha más que duplicado en comparación con el primer mandato del presidente. Más de 50 personas han muerto tras las rejas debido a la insalubridad de las instalaciones, la denegación sistemática de atención médica básica, los malos tratos y una alarmante ola de suicidios sospechosos. El testimonio de Santos Jesús Flores, un ciudadano salvadoreño recluido en el módulo de aislamiento de un centro de detención, arroja una luz espeluznante sobre el trágico final del venezolano Geraldo Lunas Campos, calificado oficialmente como suicidio: "Geraldo estaba esposado. Le oí suplicar por su medicina contra el asma, y poco después escuché los golpes de los guardias, el ruido metálico de las esposas y las botas rascando el suelo. Entonces le oí gritar: 'Tengo asma, no puedo respirar'. Estaban todos encima de él mientras gritaba horriblemente", señala una persona testigo. 

Esta declaración, respaldada por otros internos como el joven Ricardo Andrade Mosquera, desnuda la impunidad con la que operan las empresas privadas de prisiones bajo el amparo del gobierno federal. La deshumanización del detenido ha alcanzado niveles donde la negligencia médica y la brutalidad física se han normalizado como herramientas de gestión disciplinaria.

A pesar del despliegue sin precedentes de recursos económicos, policiales y militares, la administración no ha logrado alcanzar el objetivo mítico proclamado por el presidente: la deportación de un millón de personas al año. Las cifras autoconfirmadas por la propia Casa Blanca hablan de unas 900.000 expulsiones forzosas y afirman que más de dos millones de personas han optado por la autodeportación. Sin embargo, la absoluta opacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se niega a someter sus datos a auditorías independientes o al control del Congreso, alimenta serias dudas sobre la veracidad de estos balances.

La hipertrofia de la propaganda migratoria responde a una necesidad desesperada de supervivencia política. En prácticamente todos los demás frentes de la gestión gubernamental, la popularidad del presidente se encuentra en niveles de hundimiento histórico. La inflación galopante continúa devorando el poder adquisitivo de las familias, la economía estadounidense muestra signos evidentes de desaceleración y el enquistamiento de la guerra en Irán ha disparado los precios de los carburantes a niveles récord. Paralelamente, los continuos escándalos por recortes en la sanidad pública, la corrupción rampante en la concesión de contratos de defensa, el auge de teorías antivacunas promovidas desde el propio gabinete y la reaparición de informaciones comprometedoras ligadas al caso Jeffrey Epstein han lastrado el índice de aprobación general del mandatario hasta un exiguo 37 por ciento, provocando la huida masiva de los votantes independientes.

En este contexto de deterioro generalizado, la inmigración se mantiene como el único banderín de enganche capaz de movilizar a la base dura del partido republicano. El 40 por ciento de aprobación en materia migratoria supera con creces el raquítico respaldo a la gestión económica (33 por ciento) o a la política exterior (29 por ciento). Sin embargo, incluso en esta fortaleza ideológica se aprecian grietas estructurales. Cuando el presidente tomó posesión en 2025, el respaldo a su enfoque fronterizo alcanzaba a la mitad del país; hoy, el goteo constante de noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, muertes en centros de detención y el encarcelamiento de líderes religiosos locales ha empezado a erosionar la fe de los conservadores tradicionales.

La detención y expulsión de vecinos ejemplares, pequeños empresarios locales y miembros destacados de iglesias evangélicas —que encarnaban los mismos valores familiares conservadores que el partido dice defender— ha desatado una ola de desconcierto en los feudos rurales del país. Los líderes empresariales del campo y la industria pesada presionan en privado a sus congresistas ante la imposibilidad de encontrar mano de obra sustitutiva. Ante las inminentes elecciones de mitad de mandato en noviembre, la cúpula republicana se dispone a jugarlo todo a la carta del "éxito" migratorio. Será una estrategia a la desesperada. A medida que la luz pública penetre en las mazmorras de ICE, se cuantifique el roto económico infligido al tejido productivo y la factura moral de las vidas sacrificadas resulte imposible de ocultar, la gran cruzada de deportación masiva corre el riesgo de convertirse en el epitafio político del presidente y de la ideología que pretendió refundar Estados Unidos sobre las ruinas de su propia humanidad.