Donald Trump ha vuelto a recurrir a la política arancelaria como instrumento de presión económica. Esta vez el objetivo no son el acero, los automóviles o los productos tecnológicos, sino los medicamentos genéricos que abastecen buena parte del sistema sanitario estadounidense. El presidente ha anunciado que estos fármacos seguirán exentos de aranceles hasta agosto de 2028, pero ha advertido de que, a partir de esa fecha, afrontarán un gravamen del 100 % durante un año que se elevará después hasta el 200 % para las empresas que no trasladen su producción a Estados Unidos.
La Casa Blanca presenta la medida como una apuesta por reforzar la autonomía industrial del país y reducir la dependencia de fabricantes extranjeros. Trump sostiene que el sector dispone de dos años para construir nuevas plantas y reorganizar su producción dentro de Estados Unidos, una estrategia que, según el presidente, permitirá proteger la seguridad nacional y fortalecer las cadenas de suministro farmacéuticas.
El planteamiento responde a una lógica conocida. Desde su regreso a la presidencia, Trump ha convertido los aranceles en el eje de su política económica y comercial. La promesa de recuperar capacidad industrial mediante barreras aduaneras forma parte de un discurso que identifica la globalización con la pérdida de empleo y la deslocalización empresarial. Sin embargo, trasladar esa receta al mercado farmacéutico introduce una dificultad añadida. Los medicamentos no son un bien de consumo cualquiera. Constituyen un elemento esencial de cualquier sistema sanitario y su disponibilidad condiciona directamente la salud de millones de personas.
Los medicamentos genéricos representan la inmensa mayoría de las recetas dispensadas en Estados Unidos y desempeñan un papel decisivo para contener el gasto farmacéutico. Precisamente por esa razón, diversas organizaciones del sector han advertido de que unos aranceles de semejante magnitud podrían traducirse en un incremento de costes, dificultades de abastecimiento y un acceso más complejo a tratamientos básicos si las empresas no consiguen adaptar sus cadenas de producción en los plazos previstos.
La propia industria ha reaccionado con cautela. Fabricantes de genéricos y compañías internacionales reconocen la importancia de reforzar la producción estadounidense, pero recuerdan que levantar nuevas plantas requiere inversiones multimillonarias, autorizaciones regulatorias complejas y varios años de ejecución. Incluso empresas con presencia consolidada en Estados Unidos admiten que una relocalización acelerada presenta importantes obstáculos económicos y técnicos.
La decisión tampoco puede analizarse al margen del contexto internacional. Hace apenas unos meses la Administración estadounidense ya había impuesto nuevos aranceles a medicamentos innovadores y patentados, aunque dejó fuera a los genéricos al considerar que necesitaban un tratamiento específico. El anuncio conocido ahora modifica sustancialmente ese planteamiento y amplía una estrategia comercial que afecta a uno de los sectores más sensibles de la economía global.
Existe, además, una cuestión de fondo que trasciende el debate comercial. La experiencia de los últimos años ha demostrado la conveniencia de diversificar la producción de medicamentos estratégicos y reducir dependencias excesivas. La pandemia puso de manifiesto la vulnerabilidad de unas cadenas de suministro excesivamente concentradas. Pero una cosa es fortalecer la capacidad industrial y otra muy distinta convertir el acceso a los medicamentos en un instrumento de presión arancelaria.
El proteccionismo puede incentivar determinadas inversiones. Difícilmente puede sustituir una política industrial sostenida en el tiempo. Las decisiones empresariales responden a múltiples factores, entre ellos la disponibilidad de personal cualificado, la estabilidad regulatoria, el coste energético, la fiscalidad o la dimensión del mercado. Pensar que unos aranceles del 200 % bastarán para redibujar en pocos años un sector profundamente internacionalizado supone simplificar una realidad mucho más compleja.
Trump vuelve así a situar el comercio internacional en el centro de su proyecto político. Lo hace apelando a la defensa del empleo estadounidense y a la recuperación de la soberanía industrial, dos objetivos legítimos para cualquier Gobierno. La cuestión es si la vía elegida terminará reforzando realmente la producción nacional o acabará trasladando parte del coste a los pacientes, a los sistemas sanitarios y a unas cadenas de suministro cuya estabilidad resulta especialmente valiosa cuando lo que está en juego no son mercancías ordinarias, sino tratamientos de los que dependen millones de personas.
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