Oriente Próximo vuelve a adentrarse en una fase de máxima tensión. Estados Unidos lanzó en la madrugada de este jueves una nueva oleada de ataques contra objetivos iraníes después de que Teherán reivindicara el lanzamiento de misiles balísticos contra una base estadounidense en Jordania, proyectiles que, según el Pentágono, fueron interceptados sin causar daños. La respuesta militar ordenada por la Administración de Donald Trump confirma que la lógica de la represalia vuelve a imponerse sobre cualquier expectativa de contención diplomática.
La operación fue presentada por el Mando Central estadounidense como una acción de respuesta destinada a proteger a sus fuerzas desplegadas en la región. Sin embargo, los primeros balances difundidos por medios iraníes apuntan a que los bombardeos alcanzaron también zonas próximas a áreas residenciales de la isla de Qeshm, donde al menos dos personas resultaron heridas y continuaban las labores de búsqueda entre los escombros. Como sucede en todos los conflictos armados, la información sobre víctimas y daños evoluciona con rapidez y requiere verificación independiente, pero la experiencia demuestra que cada nueva ofensiva incrementa el riesgo para la población civil y aleja la posibilidad de una desescalada.
Las declaraciones del presidente estadounidense contribuyen a endurecer aún más el escenario. Trump amenazó públicamente con propinar una "brutal paliza" a Irán tras el ataque contra la base de Jordania, un lenguaje impropio de quien dirige la principal potencia militar del planeta y que sustituye la prudencia exigible en una crisis internacional por una retórica de confrontación permanente. La fortaleza de un Estado no se mide por la contundencia de sus amenazas, sino por su capacidad para evitar que una crisis desemboque en una guerra de consecuencias imprevisibles.
La comunidad internacional conoce demasiado bien el coste de las espirales bélicas en Oriente Próximo. Cada intercambio de ataques amplía el radio del conflicto, compromete la estabilidad regional, tensiona las rutas energéticas y multiplica el sufrimiento de millones de personas que permanecen atrapadas entre decisiones tomadas muy lejos de sus hogares. La sucesión de ofensivas y represalias demuestra que la superioridad militar puede destruir infraestructuras, pero difícilmente construye una paz duradera.
Resulta indiscutible que todo Estado tiene derecho a proteger a sus fuerzas y a responder a una agresión conforme al derecho internacional. Ese principio, sin embargo, no exime de la obligación de actuar con proporcionalidad ni convierte la respuesta armada en la única herramienta disponible. La diplomacia, la presión multilateral y los mecanismos de mediación siguen siendo instrumentos imprescindibles cuando el objetivo consiste en impedir que un conflicto regional derive en una confrontación de alcance mucho mayor.
La nueva ofensiva estadounidense llega, además, en un momento en que los intentos de reabrir espacios de negociación se encuentran prácticamente paralizados. Cada bombardeo dificulta reconstruir la confianza necesaria para cualquier diálogo y fortalece a quienes, en todos los bandos, consideran que la fuerza constituye la única vía para resolver las diferencias. Esa dinámica ha demostrado reiteradamente su fracaso.
La paz nunca será el resultado automático de una acumulación de ataques. La historia reciente de Oriente Próximo ofrece suficientes ejemplos de intervenciones militares que ampliaron la inestabilidad sin resolver los problemas que pretendían combatir. La comunidad internacional necesita recuperar el protagonismo político antes de que la lógica de la guerra termine imponiéndose definitivamente sobre la de la negociación. Cada día que pasa sin ese esfuerzo acerca un poco más a la región a un escenario cuyo coste humano, económico y geopolítico será mucho más difícil de reparar que de evitar.
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