En Afganistán una mujer puede acabar detenida por enseñar demasiado de sí misma. No hace falta organizar una protesta, desafiar públicamente al Gobierno ni cometer un delito reconocible como tal en cualquier Estado que conserve una mínima noción de libertad individual. Basta con que unos hombres consideren que su ropa no oculta suficientemente su cuerpo.
Las autoridades talibanes confirmaron este domingo nuevas detenciones de mujeres y niñas en Kabul y Herat por incumplir las normas de vestimenta impuestas por el régimen. Saifuddin Khaibar, portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, calificó el incumplimiento del hiyab como un “delito muy grave” y explicó hasta dónde alcanza la exigencia, la mujer debe permanecer cubierta desde el cabello hasta las uñas de los pies.
En Herat habían sido detenidas ocho mujeres el sábado. Pasaron la noche bajo custodia y recuperaron la libertad después de asumir un compromiso y pagar una fianza. No fue una actuación excepcional ni una extralimitación de algunos agentes. Es la aplicación de una política que los talibanes han convertido progresivamente en norma desde que recuperaron el poder en agosto de 2021.
Reducir la noticia a ocho mujeres detenidas por no llevar correctamente el hiyab sería, por tanto, quedarse en la superficie. Lo que se está construyendo en Afganistán es un sistema político en el que haber nacido mujer determina qué se puede estudiar, dónde se puede trabajar, cómo se puede viajar, qué partes del cuerpo pueden mostrarse, quién debe acompañarla y hasta en qué condiciones puede escucharse su voz. El burka es solamente la parte que se ve.
Un Estado dedicado a borrar a la mitad de su población
Los talibanes han conseguido en cinco años algo excepcional incluso entre los regímenes autoritarios contemporáneos, convertir la desigualdad entre hombres y mujeres en arquitectura del Estado.
Afganistán es el único país del mundo que prohíbe formalmente a niñas y mujeres estudiar más allá de la educación primaria. La UNESCO calcula que en 2026 alrededor de 2,4 millones de niñas están excluidas de la enseñanza secundaria. Las mujeres tampoco pueden acceder a la universidad.
La exclusión continúa después de las aulas. Las mujeres tienen vetada buena parte del empleo, soportan fuertes restricciones para desplazarse sin un mahram, un familiar varón que ejerza como acompañante, y han sido apartadas progresivamente de los espacios de decisión política. El gabinete de facto es enteramente masculino y la representación femenina en las estructuras de gobierno nacional y local se ha reducido a cero.
El resultado permite medir hasta qué punto una política de dominación termina convirtiéndose también en una política de empobrecimiento. El 78% de las jóvenes afganas no estudia, no trabaja ni recibe formación, frente al 20% de los hombres jóvenes, según ONU Mujeres. La organización calcula además que la exclusión femenina de la economía puede costarle a Afganistán unos 920 millones de dólares entre 2024 y 2026. Apartar a las mujeres de la economía tiene consecuencias. Apartarlas de la educación garantiza que esas consecuencias duren generaciones.
Porque una niña que no puede estudiar no pierde únicamente un pupitre. Pierde posibilidades de independencia económica, capacidad para decidir sobre su propia vida y herramientas para escapar de relaciones de dependencia. Impedir que las mujeres estudien y trabajen constituye también una forma de asegurar que necesiten económicamente a los hombres que el propio sistema coloca por encima de ellas.
Esa es una de las claves para comprender Afganistán. La opresión no se limita a una determinada interpretación religiosa de la ropa. Tiene una dimensión material extraordinariamente concreta: quien controla el acceso de una mujer a la educación y al salario controla buena parte de las condiciones en las que esa mujer puede vivir.
Primero el colegio, después el trabajo y finalmente la voz
La progresión seguida desde 2021 resulta difícil de interpretar como una sucesión improvisada de prohibiciones. Primero llegaron las restricciones educativas. Después se extendieron las limitaciones laborales, la exclusión de numerosos espacios públicos y las normas sobre desplazamientos. En agosto de 2024, la denominada Ley para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio dio un paso todavía más profundo al formalizar numerosas reglas de conducta y vestimenta.
La norma exige que las mujeres cubran su cuerpo y su rostro en público y contiene restricciones sobre la posibilidad de que sus voces sean escuchadas fuera del ámbito privado. Human Rights Watch ha documentado además prohibiciones para practicar deportes o acudir a determinados espacios públicos, junto con las restricciones de movilidad y empleo.
La lógica resulta difícil de ocultar: primero impedir que una mujer aprenda, después impedir que alcance independencia económica, posteriormente limitar su presencia en las calles y finalmente decidir cuánto de su cuerpo y de su voz puede percibir el resto de la sociedad. Las detenciones conocidas este domingo pertenecen a esa misma secuencia y tampoco son las primeras.
Desde enero de 2024 Naciones Unidas documenta campañas de detenciones por supuesto incumplimiento del código islámico de vestimenta. UNAMA investigó denuncias de malos tratos y detenciones en régimen de incomunicación y constató que, para conseguir la liberación de algunas mujeres, se exigía que un tutor masculino firmase un documento comprometiéndose a garantizar su comportamiento futuro.
La perversión del mecanismo resulta difícil de exagerar. Una mujer adulta puede ser detenida por su ropa y necesita después que un hombre responda por ella ante otros hombres. La norma no se limita a ordenar cómo debe vestirse. Le niega incluso la condición plena de individuo responsable de sí mismo.
En junio de este mismo año la situación en Herat mostró hasta dónde puede llegar esa maquinaria. UNAMA confirmó la detención de al menos 30 mujeres entre el 6 y el 7 de junio por presuntas infracciones de las normas de vestimenta. Decenas más recibieron advertencias.
Las protestas posteriores fueron reprimidas. Naciones Unidas confirmó que al menos un menor murió por disparos y varias personas resultaron heridas.Tres meses después vuelven las detenciones.
No se trata de comprobar si una mujer lleva correctamente una prenda. Se trata de recordar a todas las demás lo que puede ocurrirles si dejan de obedecer.
La pobreza también tiene sexo
Existe además una dimensión que corre el riesgo de desaparecer detrás de la brutalidad de las prohibiciones. Afganistán continúa sufriendo una gravísima crisis económica y humanitaria. En ese contexto, impedir trabajar a una parte enorme de las mujeres significa privar de ingresos a hogares que necesitan desesperadamente esos recursos. Las restricciones dificultan también que las mujeres accedan a servicios sanitarios y que las organizaciones humanitarias puedan atenderlas. La prohibición de estudiar completa el círculo.
Una generación de niñas está creciendo sabiendo que, al terminar la primaria, el Estado considera innecesario que continúe formándose. Una niña que en agosto de 2021 tenía ocho años alcanza la adolescencia bajo un régimen que ha decidido que su hermano puede seguir estudiando y ella no. No existe ninguna característica intelectual que explique esa diferencia. Tampoco una necesidad económica. La única diferencia relevante para el Estado es su sexo.
Y las consecuencias trascienden a las propias mujeres. Un país pobre está renunciando deliberadamente a formar médicas, profesoras, ingenieras, científicas, empresarias, funcionarias y profesionales mientras necesita desesperadamente desarrollo económico, asistencia sanitaria y capital humano.
ONU Mujeres ha advertido además de las consecuencias sanitarias de esta exclusión. Sus proyecciones apuntaban a que la mortalidad materna podría aumentar más de un 50% para 2026 bajo las actuales condiciones.
El régimen está dispuesto, por tanto, a hacer más pobre y vulnerable a Afganistán con tal de conservar intacta una jerarquía, el hombre dispone de una ciudadanía que a la mujer se le concede de forma condicionada.
Una persecución que ha llegado a la Corte Penal Internacional
Hace tiempo que la discusión internacional dejó de limitarse a si determinadas decisiones de los talibanes vulneran los derechos humanos. La cuestión ha entrado en el terreno de los crímenes internacionales.
El 8 de julio de 2025, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Haibatullah Akhundzada, líder supremo de los talibanes, y Abdul Hakim Haqqani, presidente del Tribunal Supremo de facto.
Los jueces consideraron que existen motivos razonables para creer que ambos pueden ser responsables del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra mujeres, niñas y otras personas que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión. Es una precisión jurídica fundamental porque evita presentar lo que ocurre como una colección extravagante de prohibiciones medievales.
Existe una estructura de poder. Existen normas. Existen cuerpos encargados de vigilarlas. Existen detenciones. Existen castigos. Existen víctimas seleccionadas por pertenecer a un sexo determinado. Y existe una política continuada.
La religión es utilizada por quienes gobiernan para justificarla, pero describir la situación únicamente como un conflicto religioso corre el riesgo de ocultar su elemento político esencial. Un grupo de hombres controla el Estado y emplea ese Estado para decidir los límites de la libertad de todas las mujeres.
El cuerpo femenino convertido en territorio del régimen
Por eso importa la noticia de las ocho mujeres de Herat. Importa aunque hayan sido liberadas. Importa aunque hayan pasado solamente una noche detenidas. Importa aunque dentro de unas semanas sus nombres hayan desaparecido de los periódicos.
Porque la finalidad de una detención de estas características no termina en la persona detenida. La ven las demás mujeres, la ven las adolescentes, la ven las familias.
Una chica comprende que puede ser arrestada por su ropa. Otra aprende que para continuar estudiando tendría que abandonar su país. Una trabajadora sabe que determinados empleos le están vedados. Una mujer descubre que para desplazarse necesita la presencia de un varón.
Así funciona el disciplinamiento social, no es necesario detener a millones de mujeres si cada mujer sabe que puede ser la siguiente. Por eso tampoco basta con contemplar el burka como una prenda.
Una mujer puede decidir libremente cubrirse el cabello, el rostro o el cuerpo y esa decisión pertenece exclusivamente a ella. El problema comienza exactamente en el instante en que deja de poder decidir. Una prenda escogida pertenece a la libertad individual; una prenda impuesta bajo amenaza de prisión pertenece al poder. Esa distinción debería impedir cualquier relativismo.
No existe respeto cultural en aceptar que una niña tenga menos derechos por haber nacido niña. No existe diversidad que justifique prohibirle estudiar. No existe tradición que convierta la dependencia económica en libertad ni identidad colectiva que legitime encarcelar a una mujer porque unos hombres consideran insuficiente la cantidad de tela que cubre su cuerpo.
Afganistán lleva cinco años demostrando hasta dónde puede avanzar un poder político cuando convierte la desigualdad entre mujeres y hombres en ley.
Empieza expulsándolas de las aulas. Continúa expulsándolas de los empleos. Después restringe sus movimientos. Más tarde regula sus cuerpos y sus voces, y termina necesitando una policía para vigilar cómo caminan por la calle.
Las ocho mujeres detenidas en Herat han recuperado la libertad después de pagar una fianza y comprometerse a cumplir las normas. Millones de afganas siguen viviendo dentro de un sistema en el que la libertad no se mide únicamente por estar dentro o fuera de una celda, sino por todo aquello que una mujer tiene prohibido hacer una vez que sale de ella.
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