La votación celebrada en el Senado de Estados Unidos para restringir la capacidad del presidente de recurrir a la fuerza militar contra Venezuela ha abierto una grieta significativa en el bloque republicano y ha devuelto al primer plano un debate clásico: quién controla realmente el uso de la guerra. Mientras en Washington se activa, con cautela, el mecanismo constitucional de contrapesos, en España algunos responsables políticos vuelven a leer la escena internacional como si fuera un apéndice del enfrentamiento doméstico.
El límite al poder presidencial
Cinco senadores republicanos —Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Josh Hawley y Todd Young— se alinearon con los demócratas para impulsar una resolución que impediría al presidente Donald Trump ordenar acciones militares “dentro o contra Venezuela” sin autorización expresa del Congreso. El gesto llega apenas días después del ataque estadounidense que dejó un centenar de muertos y culminó con la captura de Nicolás Maduro, un episodio que ha tensionado al máximo el marco legal del uso de la fuerza.
La resolución aún debe superar un recorrido parlamentario complejo —enmiendas, votación final, paso por la Cámara de Representantes— y podría acabar en el despacho presidencial para un veto anunciado. Pero el mensaje político ya está emitido. En un Senado acostumbrado a la disciplina de bloque, la deserción republicana no es un accidente: responde al temor explícito a un despliegue de tropas sobre el terreno y a la convicción de que la política exterior no puede seguir funcionando como un decreto personal.
Trump reaccionó con la agresividad habitual. Desde su red social calificó de “vergonzosa” la votación y cuestionó la legitimidad electoral de los senadores díscolos. Fue más allá al tachar la resolución de inconstitucional, una afirmación discutible en un país donde el control legislativo sobre los poderes de guerra no es una extravagancia, sino una cláusula histórica diseñada precisamente para evitar decisiones unilaterales.
Washington mira a Caracas; Madrid mira a Twitter
La escena contrasta con el tratamiento que parte de la derecha española ha dado al conflicto venezolano y a la respuesta internacional. José Luis Martínez-Almeida, en una reciente entrevista, volvió a reducir un escenario de enorme complejidad geopolítica a un intercambio de reproches internos, utilizando a Trump como ariete retórico y a Venezuela como decorado ideológico. No hubo análisis del alcance jurídico del ataque estadounidense ni de sus consecuencias regionales; sí una acumulación de consignas diseñadas para consumo rápido.
Resulta llamativo que, mientras en Estados Unidos incluso senadores conservadores reivindican el papel del Congreso frente al Ejecutivo, en Madrid se banalice ese debate y se despache como una cuestión de afinidades políticas. La política exterior exige precisión, y más aún cuando hay muertos, capturas de jefes de Estado y un precedente militar de consecuencias imprevisibles.
La iniciativa del Senado estadounidense no detiene automáticamente la capacidad de Trump para actuar, pero introduce un elemento de fricción institucional relevante. Señala que el consenso interno sobre Venezuela no es monolítico y que existe inquietud real ante una escalada militar sin respaldo parlamentario. También recuerda que los contrapesos funcionan, aunque sea tarde y con dificultad.
En ese contexto, la lectura simplificada que se hace desde algunos despachos municipales españoles no solo es pobre; es irresponsable. Convertir un conflicto internacional en munición para la pelea local ignora deliberadamente las implicaciones legales, humanas y estratégicas de lo que está en juego.
La votación en el Senado estadounidense no es una anécdota ni un gesto simbólico sin consecuencias. Es la constatación de que incluso en los momentos de mayor tensión, la arquitectura institucional puede —y debe— activarse. Entenderlo requiere algo más que eslóganes.