La teoría constitucional estadounidense afirma que la supremacía federal en materia migratoria es incuestionable. En la práctica, el mapa político de Estados Unidos se ha convertido en un mosaico de resistencia local. La ofensiva migratoria del presidente Donald Trump está encontrando un frente inesperado: ayuntamientos, concejos municipales y congresos estatales han decidido introducir “arena en los engranajes” de la maquinaria trumpista.
La escena es inédita. En ciudades de Oregón, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían afrontar restricciones operativas que van desde prohibiciones al uso de gas lacrimógeno hasta la imposibilidad de utilizar propiedades públicas para sus operaciones. En enclaves liberales de Massachusetts se debate impedir que agentes federales trabajen en dependencias policiales locales. En California y Michigan, autoridades municipales buscan limitar cualquier cooperación logística.
Estamos ante un fenómeno más profundo que un simple desacuerdo político: es una pugna estructural sobre los límites del federalismo estadounidense.
Ciudades santuario contra la Casa Blanca
La resistencia no es meramente simbólica. En Portland, el Ayuntamiento ha impuesto un “impuesto de impacto municipal” a un edificio alquilado por el ICE, una forma indirecta de elevar el coste operativo federal. Además, se estudia prohibir el uso de agentes químicos contra manifestantes.
En Cambridge (Massachusetts), la administración municipal ha vetado el uso de propiedades públicas para actividades de control migratorio. En Richmond (California) y Ann Arbor (Michigan), los ayuntamientos han reforzado sus políticas de ciudades santuario, limitando la cooperación con las autoridades federales.
El detonante reciente ha sido la indignación pública tras las ejecuciones sumarias de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis a manos de agentes federales. La narrativa local ha girado desde la gestión migratoria hacia la protección de derechos civiles y el control del uso de la fuerza.
En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional ha sido tajante: los agentes federales están exentos de responsabilidad bajo leyes estatales cuando actúan en ejercicio de sus funciones. La Casa Blanca acusa a los gobiernos locales de “obedecer a inmigrantes ilegales delincuentes”. La guerra ya no es solo política; es jurídica.
Federalismo en tensión
El principio de supremacía federal es claro: la ley federal prevalece sobre la estatal. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha establecido límites al “commandeering”, es decir, al poder del gobierno federal de obligar a los estados a ejecutar políticas nacionales.
Ahí radica la estrategia municipal: no pueden impedir que el ICE actúe, pero sí pueden negarse a cooperar. No están bloqueando la ley federal; simplemente retiran recursos locales.
Este enfoque refleja una sofisticación creciente en la resistencia contra Donald Trump. Como señaló la alcaldesa de Beaverton, Oregón, no se trata de gestos apresurados, sino de medidas legalmente sostenibles.
La administración Trump ha respondido con litigios. En California, por ejemplo, impugnó una ley estatal firmada por el gobernador Gavin Newsom que prohibía a los agentes federales cubrirse el rostro. Un juez federal bloqueó parcialmente la norma, aunque confirmó la obligación de mostrar identificación visible. El caso seguirá escalando.
El resultado es un federalismo litigioso, donde cada ordenanza municipal puede convertirse en caso de estudio constitucional.
Política local y cálculo estratégico
La resistencia no es solo ideológica, también es electoral. Los alcaldes y gobernadores responden a votantes indignados que exigen acción inmediata. En muchas ciudades universitarias y enclaves progresistas, el coste político de no actuar supera el riesgo legal de hacerlo.
Sin embargo, el margen es estrecho. Si las ciudades avanzan demasiado y los tribunales invalidan sus medidas, el efecto puede ser contraproducente. El equilibrio exige calibración constante.
La estrategia federal también es política. La Casa Blanca utiliza la confrontación con las llamadas “ciudades santuario” para reforzar su narrativa de ley y orden. Cada desafío local alimenta el discurso de que las élites urbanas protegen a inmigrantes en detrimento de la seguridad. Ambas partes están movilizando a sus bases.
Seguridad y legitimidad
Más allá del debate migratorio, lo que está en juego es la legitimidad del sistema. Cuando agentes federales afrontan restricciones operativas en determinadas ciudades, la percepción de autoridad uniforme se fragmenta. La aplicación de la ley se vuelve geográficamente desigual.
El riesgo no es solo operativo. Es simbólico. Si los ciudadanos perciben que la autoridad federal depende del código postal, la cohesión institucional se resiente.
Al mismo tiempo, el uso de fuerza federal en contextos locales, como el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, revive tensiones históricas sobre el alcance del poder ejecutivo.