Andrés de Inglaterra volvió a hacer algo que ya parece rutina en su biografía reciente: convertirse en problema. Este jueves fue detenido por la Policía del Valle del Támesis y pasó más de diez horas en una comisaría de Aylsham, en Norfolk, en el marco de las investigaciones relacionadas con sus vínculos con Jeffrey Epstein. Al caer la noche quedó en libertad mientras continúan las pesquisas. La escena —un miembro de la familia real saliendo discretamente por la parte trasera de un vehículo policial— resume mejor que cualquier comunicado el estado actual de la monarquía británica: institución centenaria, fragilidad contemporánea.
Un arresto con guantes
El comunicado policial fue aséptico: un hombre de unos sesenta años, residente en Norfolk, detenido por sospechas de irregularidades. No hacía falta añadir el apellido para que medio país entendiera de quién se trataba. El registro en su vivienda concluyó sin más detalles públicos y la liberación se produjo bajo el formato habitual: investigación abierta, sin cargos formales por ahora.
El procedimiento fue impecablemente discreto. La discreción, sin embargo, no disimula el hecho político: un hijo de la reina Isabel II sentado en una sala de interrogatorios.
La investigación se inscribe en la larga sombra de Jeffrey Epstein, el empresario condenado por delitos sexuales cuyo círculo de relaciones internacionales continúa siendo objeto de escrutinio judicial y mediático. Andrés ha negado reiteradamente cualquier conducta impropia, pero su relación con Epstein le ha perseguido durante años como una segunda identidad.
De Windsor a Norfolk
Semanas antes de la detención, la Casa Real británica había iniciado el proceso formal para retirarle títulos y apartarle de residencias oficiales. Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus dignidades —entre ellas la de duque de York— porque las acusaciones “distraían” del trabajo del rey. La palabra distraer es una cortesía británica que aquí significa otra cosa: desgaste.
La institución y el lastre
La monarquía británica ha demostrado a lo largo del siglo XX una notable capacidad para absorber escándalos y continuar. El problema es que ahora no se trata de indiscreciones sentimentales ni de excentricidades aristocráticas, sino de la proximidad a delitos sexuales que conmocionaron a la opinión pública global.
La Corona reaccionó tarde y a la defensiva cuando el caso Epstein estalló en 2019. Andrés se retiró entonces de la vida pública tras una entrevista televisiva que, lejos de exonerarlo, amplificó las dudas. Desde entonces ha sido un miembro periférico de la familia real, sostenido por el silencio institucional y por una estrategia que confiaba en que el tiempo erosionara la memoria colectiva.
El tiempo no ha sido un aliado. Cada nuevo avance judicial reabre la herida. Y cada fotografía antigua con Epstein reaparece con la puntualidad de un archivo que nunca duerme.
Una monarquía en la era del escrutinio
El Reino Unido mantiene una monarquía constitucional con alta aceptación social, pero su legitimidad descansa en una mezcla delicada de tradición y ejemplaridad. Cuando esa ejemplaridad se resquebraja, la tradición por sí sola no basta.
Carlos III heredó una institución consciente de su vulnerabilidad. La gestión del caso Andrés se ha convertido en una prueba de modernización forzada: menos indulgencia familiar, más distancia pública. La retirada de títulos y la salida de residencias oficiales no son gestos simbólicos menores; son mecanismos de autoprotección.
La detención y posterior puesta en libertad no equivalen a condena. Tampoco a absolución. Lo que sí dejan claro es que la inmunidad social que antaño protegía a ciertos apellidos se ha reducido considerablemente.
Andrés abandonó la comisaría sin declaraciones. La monarquía, también. Pero el episodio confirma algo incómodo: en el Reino Unido del siglo XXI, ni siquiera la sangre azul garantiza una vida sin comparecencias. Y cada comparecencia erosiona un poco más la ficción de que la Corona vive en un plano distinto al de los ciudadanos que la sostienen.